El proceso electoral 2023-2024, en el que se renovará la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, nueve gubernaturas, 30 congresos locales y una gran cantidad de alcaldías en territorio nacional, debería arrancar formalmente el mes de septiembre, a menos que la SCJN no desecha la Controversia Constitucional que contiene el segundo paquete de leyes secundarias del denominado Plan B de la Reforma Electoral.
Se aproximan tiempos de votaciones en México, que se espera sean las más concurridas de la historia del país. En los comicios pasados de 2018 la participación fue del 63.42 por ciento, hasta ahora la más alta con 56.5 millones de electores, de los 89.3 registrados, de los cuales arriba de 30 millones le dieron el triunfo al actual presiente Andrés Manuel López Obrador.
Para este 2024 los ciudadanos con derecho a voto de 95 millones, casi 6 millones más que en el pasado proceso electoral federal para la renovación del poder ejecutivo y los otros cargos de elección concurrente.
Empero, existe otro ingrediente que acompaña esta elección: hay discusión que se centra en el árbitro de la contienda.
Con una parte invalidada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) todavía está pendiente por discutirse la Reforma Electoral promovida por legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) para compactar al Instituto Nacional Electoral (INE), que ejerce un presupuesto anual de 13 mil 987 millones 856 mil 773 pesos.
Si bien en teoría, la idea es aplicar una reducción considerable de su gasto corriente –en apego a los principios de austeridad republicana que promueve el actual gobierno mexicano–, quienes integran este órgano autónomo consideran que realizar cambios radicales a la estructura fundamental de la institución podría poner en peligro la operatividad de los próximos comicios que ya están en puerta.
El país se encuentra próximo a comenzar un muy importante proceso en una votación que será concurrente como la de presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados federales, nueve gubernaturas, 30 congresos locales, 24 juntas municipales y mil 580 ayuntamientos en territorio nacional. Antes de arrancar formalmente la logística el Instituto ya se está alistando para la gran fecha, con la concurrencia a las urnas el domingo 2 de junio de 2024.
“De acuerdo a lo que todavía establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), el proceso electoral inicia en septiembre, aunque los trabajos preparativos empiezan antes. Nosotros estamos en periodos de preparación en cuanto a presupuestos y actividades que se tienen que hacer.
“En los próximos días vamos a empezar a trabajar con la planeación de los presupuestos que tenemos que erogar entre noviembre y el próximo año relativos a recorridos y ubicación de casillas, la habilitación de los centros de votación; que si los domicilios donde se van a instalar requieren carpas, lonas o algún tipo de iluminación adicional, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el acondicionamiento de las casillas tenemos que empezarlo a presupuestar desde estos momentos”, dio a conocer César Alcántara Ávila, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 del INE en Reynosa.
El funcionario mencionó que en cuanto a la capacitación electoral las oficinas centrales están diseñando lo que se conoce como Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, que es un documento que funge como una guía rectora de cómo se debe llevar a cabo la capacitación.
“Cada proceso electoral siempre lleva una estrategia y ésta se va actualizando con un ciclo de mejora continua. Tan sólo el crecimiento natural del padrón y la lista nominal hace que cada vez tengamos más electores, que se tengan que instalar más casillas. Estamos pasando de 510 casillas que instalamos en el proceso extraordinario, con corte al día de hoy, a más de 570 solamente aquí en la ciudad de Reynosa”, señaló.
EN PELIGRO DE RETARDO
El ciclo electoral 2023-2024 debería iniciar formalmente en septiembre, pero si se resuelve que entra alguna de las leyes secundarias del llamado Plan B, los tiempos del Instituto podrían sufrir vertiginosos cambios y postergando el comienzo del magno proceso hasta el mes de diciembre.
De momento, el pasado lunes 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador, pero está pendiente otro paquete.
“Efectivamente se pudiera retardar el inicio. En un procedimiento, por así decirlo ordinario, en septiembre el Consejo General arranca la sesión del inicio formal y legal del proceso electoral, pero la realidad es que el INE ya va encarrilado desde meses antes.
“Si esos dos meses que restan al proceso electoral se retrasan las actividades seguirían, definitivamente, pero habría otras actividades que necesitaríamos de parte del Consejo General que no podrían llevarse a cabo. Por ejemplo, tenemos el Documento de la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral. Es un documento de máxima importancia porque nos dice cuántos días tenemos para visitar a la ciudadanía, cuántos tenemos para ir y llevar a cabo los simulacros. Si estamos hablando que en periodos normales disponemos de unos dos meses, por así decirlo, unos 70 días aproximadamente para la primera etapa y otro tanto para la segunda. Con una reducción de dos meses, estaríamos comprometiendo esos tiempos.
“Al tener un menor plazo para visitar a la ciudadanía y capacitarla, corremos el riesgo o hay mucha probabilidad de que no alcancemos a ver a todas las personas insaculadas, que no alcancemos a capacitar con la calidad que se necesita a todas las personas y no sólo eso, también si reducimos el tiempo en el que debemos instalar las casillas como Junta Distrital y como Consejo Distrital se presentarían otro tipo de problemas. Estamos hablando de más de 570 casillas en más de 220 domicilios y hay que visitar cada uno para corroborar que tengan las condiciones de funcionabilidad y que cumplan con las leyes para fungir como centros de votación.
“Si a nosotros nos recortan esos tiempos no vamos a alcanzar a visitar todos los domicilios y estaremos, precisamente, poniendo en riesgo la votación en alguno de estos centros”, remarcó Alcántara Ávila.
¿PERDERÍAN SU TRABAJO?
Además de esto el funcionario advirtió que si la SCJN desecha la controversia constitucional 261/2023 (opuesta al denominado Plan B) estaría en riesgo hasta el 85 por ciento de la planta laboral de los empleados que forman parte del INE en México.
Y es que la Reforma obligaría al Instituto a eliminar unas 300 juntas distritales, que son las encargadas de realizar en el terreno la preparación, organización y celebración de elecciones.
“Según la exposición de motivos con la finalidad de ahorrar recursos en el marco de la austeridad institucional se menciona que los órganos desconcentrados del Instituto no operen en periodos no electorales, lo cual para empezar es una mentira, pero bajo ese argumento se pretende que todos los órganos desconcentrados pasen a ser temporales y que su contratación dependa de las fechas electorales.
“Esto quiere decir de entrada que los órganos podrían desaparecer junto con todo su personal. ¿Y a dónde se van a ir? No se dice, pero se entiende que van a ser despedidos, echando por la borda gente muy experimentada en su trabajo, con años de especialización en materia electoral correríamos el riesgo de perder todo ese activo muy valioso que está en el Instituto. La Reforma lo dice tal cual, que estos órganos dejarán de operar”, advirtió.
-¿Cuántos empleados del INE podrían ser despedidos si esto procede?
“Estamos hablando en términos relativos de más del 80 por ciento. En unos cálculos se habla, incluso, del 85 por ciento de todo el personal total del Instituto que podría ser recortado, porque la mayoría estamos en órganos desconcentrados. Al menos en esta junta distrital ejecutiva de la cual honrosamente estoy a cargo tenemos una plantilla de más de 50 trabajadores.
“A nivel nacional estamos hablando de casi 10 mil personas. Ese es el último dato que yo tenía. A los externos los contratamos de manera temporal en los procesos electorales. Con ellos no habría ninguna modificación en cuanto a su contratación, sino más bien es con el personal que está fijo y de planta en estas juntas distritales”.
EL COSTO DE LA DEMOCRACIA
Algunos analistas estiman que la Federación busca ahorrarse unos 3 mil 500 millones de pesos, aunque también se vaticina como consecuencia una lluvia de demandas de indemnización, si es que avanza el Plan B de la Reforma.
Ante un escenario de esa naturaleza podría comprometerse la garantía de tener elecciones sanas en el país, a decir de este funcionario.
“Yo creo sinceramente y esto es una opinión de que la democracia no es cara ni es barata, es una inversión y el resultado es la paz social. Desafortunadamente no es como una empresa de refrescos, que si invierte o reduce costos gana más dinero, que se puede ver, que se puede tocar y se puede contar.
“El activo que el Instituto Nacional Electoral le deja al país es la paz social, porque hemos
tenido ya 331 elecciones, en donde se han renovado los poderes de la Unión, los gobernadores, el presidente de la República, en fin, muchos cargos de elección popular y no se ha llegado a una guerra, no se ha llegado a una revuelta, ningún levantamiento armado, es decir que los resultados se han respetado.
“Claro, los actores políticos en el discurso podrán decir y criticar, pero en la práctica no ha habido ninguna manifestación que altere la paz social, es decir al otro día los niños van a la escuela con toda normalidad. Las personas pueden pasear en el parque, pero eso no es algo que podamos medir, simplemente se observa”, expresó.
El vocal ejecutivo del INE sopesó que la discusión sobre la cual se centra la operatividad financiera del Instituto no debería medirse por suposiciones, sino por estudios científicos.
“No es que el instituto sea caro o que pueda ser barato. Por supuesto que se pueden reducir costos y gestionar los recursos de una manera más eficaz, desde una perspectiva administrativa, claro que sí, pero no se puede decir al Instituto que su función no se está llevando a cabo, porque no se puede medir desde esa perspectiva.
“Estos recortes que se pretenden usar con ese argumento de la austeridad me parece que ni siquiera están yendo al fondo del asunto. El Instituto Nacional Electoral tiene gastos por unas funciones que la ley le establece. Fiscaliza partidos políticos, monitorea medios de comunicación las 24 horas.
“Supervisamos estaciones de televisión, incluso, de canales de televisión restringida. Nosotros llevamos a cabo elecciones locales, las elecciones federales; es decir, el INE tiene muchas responsabilidades y atribuciones. No es que nosotros las hayamos asumido queriendo, sino que están plasmadas en la ley”, dijo.
Alcántara Ávila subrayó que el sistema electoral se tiene que estar actualizando constantemente en sus equipos de cómputo y servidores, lo cual implica un gasto necesario, al mismo tiempo que se encarga de estar fiscalizando en tiempo real el espectro político con un ejército de personas que se encuentran en la calle trabajando.
“Es tecnología que permita darle seguimiento que al anuncio espectacular, que al evento, que tantas playeras se gastaron, banderas, que el staff, que el grupo que tocó, cuánto dinero cuesta, es un trabajo que se requiere, pero son instancias que están en la ley, que el INE cumple y por eso se requiere de esos recursos.
“Si el Instituto a los ojos o perspectivas de otras personas es caro, no es precisamente porque otros institutos sean baratos en el mundo, porque también es una falacia que se ha hecho la de comparar al INE con otros órganos electorales. Debemos de comparar si realmente el Instituto está logrando su meta de llevar paz social a este país y me parece que después de 331 elecciones no nos queda duda que así ha sido”, expresó.
El vocal ejecutivo del INE exhortó en reiterada cuenta a que lleve a cabo la administración desde una perspectiva científica, porque se requiere de un tecnicismo especializado para gestionar los recursos de una manera más eficaz.
SE DISCUTE EN TRIBUNALES
Es así que la celebración de las próximas votaciones en México se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decidirá si se aplicarán las iniciativas promovidas en la Reforma Electoral, las aplaza o las desecha. Por lo pronto, el pasado 8 de mayo una mayoría de nueve ministros invalidó la primera parte del paquete, en lo correspondiente a las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“El ministro Javier Laynez Potisek aceptó el tema de las medidas cautelares. Esto es una suspensión hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto y ya queda en cancha de la SCJN votar y decidir qué va a pasar con esa controversia constitucional.
“De momento nosotros estamos trabajando con la Legipe, que fue emitida en el año 2014 con las subsecuentes reformas menores que se le han hecho antes del Plan B y esa es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que hasta el momento sigue prevaleciendo.
“Confiamos de que al menos en este proceso electoral de 2023-2024 podamos organizarlo con ese marco jurídico, porque es un esquema bien conocido por nosotros. En la práctica ya llevamos varias elecciones con este sistema. Tenemos que la elección extraordinaria del proceso electoral en Tamaulipas que vimos hace unos días fue la elección 331 del IFE-INE. Estas elecciones locales de Coahuila y el Estado de México serán las 332 y 333 respectivamente y ya tenemos una experiencia acumulada”, argumentó el entrevistado.
De acuerdo con la investigadora y abogada Laura Rojas Zamudio, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 constitucional dispone de manera expresa que la suspensión no podrá otorgarse cuando se impugnen normas generales, para el caso de las controversias constitucionales lo indica en el artículo 14, párrafo Segundo y para el caso de las acciones de inconstitucionalidad en el último párrafo del artículo 64.
Sin embargo, en octubre de 2016, bajo la ponencia del ministro Pérez Dayán, la Segunda Sala resolvió un recurso de reclamación en el que, por mayoría de tres votos emitió un criterio en el sentido de que, de manera excepcional, se podía conceder la suspensión en una cuando en ella se hubieran impugnado normas generales que impliquen o puedan implicar la transgresión irreparable de algún derecho humano.
¿Qué quiere decir esto?, que cabe la posibilidad de que la Sala decida enviar el asunto al pleno de la Corte para su resolución.
En el caso de un hipotético atasco del Plan B de la Reforma Electoral, en un escenario en el que los ministros de la Primera Sala decidieran extender su criterio a la vía de controversia con igualdad de votos, le correspondería al ministro Arturo Fernando Zaldívar ejercer el criterio de desempate.
¿POR QUÉ SE ATORÓ LA REFORMA ELECTORAL?
El funcionario del INE explica cuál es el motivo de que hasta este momento no se haya alcanzado un acuerdo político, ya que se sobreentiende que se permitiría sobrevivir a los partidos chicos, por un supuesto traspaso de votos entre los institutos que viene contenido en el Plan B de la Reforma.
“Precisamente ese fue el tema que retrasó todo. De otra manera hubiera sido una ley que estaría probada desde el año pasado. La famosa transferencia de votos es un tema que la SCJN ya ha analizado en diversas ocasiones, declarando reiteradamente que es inconstitucional y no hace falta gran ciencia para entenderlo:
“La transferencia de votos es simplemente mantener un partido con vida sin que la ciudadanía vote a través de convenios de coalición, lo cual evidentemente es como una especie de estar burlando el sistema electoral. Recordemos que hay una medida. Un 3 por ciento de votos cualquier partido lo debe de sacar si es que quiere permanecer con su registro.
“Lo que se hacía hace algún tiempo en nuestro sistema electoral es que los partidos pequeños se coligaban con partidos grandes y en el convenio de coalición, independientemente de saber cuál iba a ser el resultado de la votación, les asignaban porcentajes de votación, es decir, a ti te va a tocar 3 por ciento, a ti 4, y a mí todo lo demás. Entonces, en ese tenor los partidos nunca desaparecían, porque no necesitaban ya ni siquiera hacer campañas y es inconstitucional porque no se respeta la voluntad del voto ciudadano”, comentó.
Si un ciudadano determinado no quiere votar por estos partidos pequeños se supone que el sistema mismo los estaría eliminando, lo que ocurrió con partidos nuevos en la elección de 2021 y que esta vez no estarán en 2024.
“Es como si yo voto por Juan, pero Juan se llevó a sus amigos, a Pedro, a Paco y a todos ellos y les dijo, vamos a juntarnos, al fin yo tengo el voto de mis compañeros. Nadie votó por los otros, pero siguen sobreviviendo por esta transferencia de votos”, advirtió.
No obstante el funcionario considera que la Reforma Electoral también contiene aspectos positivos y no todo Plan B es malo. Por lo pronto hay expectativas por resolver con la controversia constitucional que ha pausado los cambios hacia el INE.
“De acuerdo a la ley no debería de haber modificaciones a ninguna ley secundaria cuatro meses antes del proceso electoral, que más o menos vence en mayo. Si no hay una resolución en el transcurso de estos meses lo más probable es que lleguemos a la elección de 2023-2024 con la misma ley del 2014.
“Creo que la SCJN tendrá que tomar el tiempo que estime conveniente y necesario resolver a fondo, pero una vez iniciado el proceso electoral no podemos estar cambiando de leyes. Comenzamos y hasta que se termine”, señaló contundente el funcionario del INE.
‘La Consejera conoce la ley’
El vocal ejecutivo del INE dijo en lo que a su consideración incide la reciente elección de Guadalupe Taddei Zavala como presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sustitución de Lorenzo Córdova el pasado 4 de abril.
“Ella, cabe destacar, en algún momento fue vocal del Registro de Electores de la Junta Local Ejecutiva. Es una persona que no desconoce para nada el procedimiento que se lleva a cabo con respecto al padrón y actualización de la lista nominal. Sabe muchos de los procedimientos, además también, dentro de su carrera política fue presidenta de un organismo público local, entonces también conoce cuál es el ámbito de acción del Instituto en cuanto a lo que se refieren las elecciones locales. Me parece que es una persona con experiencia.
“Estos cambios van a impactar en la Institución, pero más allá del estilo de gestión, por así decirlo, de cada una de estas personas nosotros nos apegamos a las normas, a las leyes. No porque una persona quiera ir en contra de la ley el Instituto va a actuar de esa manera”, consideró.
El segundo paquete de reformas electorales, del llamado plan B, incluye las modificaciones a las leyes generales de Instituciones y Procedimiento Electorales, de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de una nueva Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
“La Reforma es una iniciativa que se impulsó en el Congreso de la Unión. Más allá de los motivos políticos de los que no nos corresponde hablar, fue un procedimiento legislativo muy rápido. Se presentó y en las pocas horas se aprobó.
“Fue todo un procedimiento porque inició en un ‘Fast Track’, desde el año pasado, pero se concretó hasta febrero, por las diversas modificaciones que se le tuvieron que hacer entre la Cámara de Senadores y de Diputados. Es un procedimiento que comenzó en el mes de noviembre, si mal no recuerdo, y concluye hasta apenas en febrero”, agregó.
Pero la Reforma ha sido impugnada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y partidos de oposición, por lo que se ha creado un gran debate.
“Y hay otros institutos políticos que también impugnaron, tengo entendido; que ciudadanos también lo hicieron; gobiernos municipales, estatales, algunas instituciones como el INAI, en su momento cuando todavía tenía quórum para sesionar aprobó una controversia constitucional por el tema de los datos personales. Es decir, no sólo la cara política del país, sino también otras instituciones objetaron con una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, detalló.
