El conflicto del agua se agudizó cuando el mandatario estatal –con licencia– de Nuevo León anunció un acuerdo con la Conagua para no hacer el trasvase anual programado de 2023, mientras los productores del campo tamaulipeco denuncian un complot y demandan urgentemente recursos hidráulicos.
Los niveles bajos en los embalses de la región noreste de México, a causa de una prolongada sequía de más de cinco años, han reactivado una fuerte disputa por el agua entre las autoridades actuales del gobierno, polarizando el manejo del vital líquido para los distritos de riego fronterizos.
La tensión se ha estirado a las esferas del poder Ejecutivo de los Estados, el Legislativo y Judicial, donde son preparadas varias querellas en quebranto a los Acuerdos del ‘96.
En Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, antes de inscribirse para buscar la nominación presidencial por su partido, Movimiento Ciudadano, dejó sobre la mesa esta controversia. La consigna fue no entregar ninguna gota de agua del río San Juan ni de la presa El Cuchillo a los distritos de riego de Tamaulipas y las reacciones no se hicieron esperar.
Para los neoleoneses la situación se torna preocupante, ya que aseguran que la presa ubicada en el municipio de China se encuentra por debajo de las cifras que requiere para realizar las operaciones de trasvasado, aunque su nivel actual de almacenamiento es de 474 millones de metros cúbicos y en teoría sí pudieron llevarlo a cabo.
Pero el 31 de octubre, al asistir al Segundo Informe de actividades del rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Santos Guzmán López; el gobernador de esa entidad, adelantó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no haría el trasvase hacia la represa Marte R. Gómez, ubicada en el municipio de Camargo, Tamaulipas.
El mandatario neoleonés señaló que la medida se tomó en coordinación con el gobierno federal para priorizar el derecho humano de acceso a la disposición de agua; sin embargo, el envío de recursos hidráulicos es una obligación estipulada que también requiere una solución expedita.
“No va a haber trasvase, por el derecho humano de la ciudad de consumir agua potable. Eso se logra por un acuerdo con la Federación’’, presumió García Sepúlveda.
Y aunque ya estaba establecido que el pasado 1 de noviembre de este año era la fecha en la que el gobierno de Nuevo León debería mandar agua a Tamaulipas para el Distrito de Riego 026 del Bajo Río San Juan, el líquido no llegó.
El acuerdo de coordinación pactado entre el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua y ambos estados data del 13 de noviembre de 1996, y establece la decisión de transferir el recurso de una presa a la otra, tomándose en función de los almacenamientos existentes al 31 de octubre de cada año.
Pero para que se haga el trasvase existen condiciones: una de los principales es que si la presa El Cuchillo se encuentra por encima de los 315 millones de metros cúbicos (Mm3) y la Marte R. Gómez debajo de 700, se deberán enviar entre 180 y 200 millones desde el embalse neoleonés, factores que se cumplen actualmente y contradicen al ahora gobernador con licencia.
Mientras las autoridades de Tamaulipas, en conjunto con agricultores, pidieron a la dependencia que, de no llevarse a cabo el trasvase, se les indemnice con una remuneración económica la cual dijeron también se encuentra basada en ese convenio.
Samuel García negó que este procedimiento no se efectuara, debido a que los términos del documento firmado en 1996, manifestó, cambiaron con la entrada en operación del segundo acueducto de El Cuchillo.
Los nuevos términos del convenio establecen que una vez que entre en operación la obra, el mínimo de agua que deberá tener la presa neoleonesa para el trasvase pasaría de 315 millones de metros cúbicos (Mm³) a 516 millones de metros cúbicos.
Actualmente la presa El Cuchillo se encuentra en 474.346 millones de metros, por lo que con dicha cantidad no completa el mínimo de captación que se requiere en los nuevos términos para el trasvase, mientras que la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, actualmente tiene 392.898 millones de metros cúbicos, lo que a decir de los campesinos tamaulipecos fue un “plan con maña”.
NI AGUA VA
En respuesta al anuncio de no al trasvase el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas (CEAT), Raúl Quiroga Álvarez, confirmó que la entidad enfrenta un fuerte déficit de agua, por lo que el Estado debe estar vigilante en que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) cumpla con la normatividad vigente y se respeten los convenios.
“De pronto hay personajes que parece que padecen incontinencia verbal. Los gobiernos de los estados no somos autoridad en materia de aguas nacionales. La autoridad única de acuerdo al artículo 4 es el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua”, dijo el funcionario.
Destacó que el gobernador, Américo Villarreal Anaya, y su equipo de trabajo se apegaron a lo que establece la normatividad y reconoció que en 2022 Tamaulipas contaba con 200 millones de metros cúbicos para cubrir la demanda del ciclo anterior.
“Esa fue la posición del año pasado de este personaje de Nuevo León. Estamos regidos por acuerdos de 1996. Siempre ha habido trasvase y con datos al 31 de octubre, durante el mes de noviembre la autoridad del agua, en este caso la Conagua tenía que determinar los volúmenes a trasvasarse”, especificó.
En el año 2022, aunque se cumplieron los parámetros solamente se enviaron 200 millones de metros cúbicos de los 350 millones correspondientes, lo que plantea una situación complicada en la gestión del agua entre ambas entidades.
Asimismo Quiroga Álvarez admitió que para el presente ciclo no existe en la presa Marte R. Gómez un volumen de riego óptimo, por lo que confió en las gestiones del mandatario estatal, Américo Villarreal Anaya.
No obstante, aunque el titular de la Conagua estuvo de visita en Tamaulipas para anunciar un paquete de beneficios para la entidad, se confirmó la negativa de ceder la cantidad de agua correspondiente que es directamente utilizada para el consumo agrícola.
Mientras que para consumo humano el funcionario estatal aclaró que el agua de la cuenca del río San Juan solamente está comprometida para la zona metropolitana de Monterrey.
Fuera de ahí no tiene obligación alguna con las ciudades de la frontera de Tamaulipas, que están sujetas a la disponibilidad de las presas internacionales La Amistad y Falcón.
“Donde sí tenemos serios problemas es en el Distrito 025, porque andamos poquito arriba de 750 millones de metros cúbicos, tomando en cuenta que las ciudades fronterizas utilizan alrededor de 300 millones al año. Ahí sí tenemos un problema serio. En el Distrito 086 de Soto La Marina no va a tener agua en toda la historia desde 1972”, advirtió el titular de la CEAT.
El funcionario expuso que la situación de carencia de agua de Tamaulipas es grave en lo general.
“Bajo estas circunstancias actuales el 025 va a sufrir mucho. El 029 de Xicoténcatl no tiene disponibilidad. Es una situación seriamente complicada, por la acumulación de cinco años que nos ha llovido por abajo del promedio, pues tenemos una situación severa que debemos solucionar”, detalló.
Y debido a la falta de agua para riego el Distrito 026 no tendrá siembra de maíz en poco más de 29 mil hectáreas durante el próximo ciclo otoño-invierno 2023-2024, lo que implicará dejar de producir alrededor de 200 mil toneladas de ese grano, advirtió el Congreso del Estado.
QUE HAGAN LO JUSTO
El periodista e investigador, Fortino Cisneros Calzada, hizo una remembranza cuando el modelo de la economía liberal le hizo daño al país y en especial a la zona noreste.
Recordó que el problema del agua lo originó el ex presidente, Carlos Salinas de Gortari, que se decía neoleonés cuando creó la presa de El Cuchillo para abastecer de agua a las empresas refresqueras y cerveceras de Monterrey. Ese fue esencialmente el propósito de la presa.
“El agua que antes se destinaba para los distritos de riego y el consumo de las poblaciones a todo lo largo de la frontera tamaulipeca se convirtió en un producto de exportación a nivel mundial. El agua de esta región ha retornado convertida en cervezas, refrescos o simplemente embotellada. El agua se embotella y se envía a diversos países. Eso ha dañado primero al consumo humano y luego a la producción agricultura, afectando seriamente a la economía.
“Ahora el problema ya está presente, sabemos quién es el culpable, pero eso no basta hay que encontrar una solución que debe ser negociada, los productores de Nuevo León deben de respetar los compromisos que fueron pactados cuando se creó la presa. El Cuchillo ya está ahí, pero los compromisos no se han cumplido, entonces es necesario que haya un consenso de buena voluntad para darles un cumplimento”, dijo.
Asimismo comentó que las aguas negras tratadas de Monterrey, y su zona conurbada se iban a canalizar para los distritos de riego, cosa que no se ha hecho nunca. Las aguas si se tratan no llegan a Tamaulipas y eso ha provocado problemas para la producción agrícola.
“Entonces la solución es que se de cumplimento a los convenios establecidos, con esa visión humanista de la economía que lo más importante es el ser humano, sus necesidades y sus derechos antes que el dinero y el auge económico”, señaló el analista.
CANCELACIÓN ES VIOLATORIA
El diputado local y presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado, Juan Ovidio García, calificó como injusta la decisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de no autorizar el trasvase de agua.
Esa cuestión afectará el consumo doméstico y, a los productores primarios durante el ciclo agrícola 2023-2024 para el sistema de riego advirtió el legislador y manifestó que se defenderá el derecho del uso de agua para la producción agrícola en los Distritos de Riego 026 y 027 de Tamaulipas.
La operación quedó suspendida a través del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulico, señaló Ovidio García que “se viola el acuerdo que Tamaulipas y Nuevo León suscribieron desde hace 27 años”.
“Esta determinación de negarse el trasvase de agua de Nuevo León a Tamaulipas no la compartimos, pues habrá de afectar directamente a 4 mil 500 usuarios de la región del Distrito 026, que comprende Ciudad Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Río Bravo; además, se violenta el Acuerdo de Aprovechamiento de Aguas del Río San Juan, establecido desde el año de 1996”, explicó el congresista.
El diputado tamaulipeco manifestó la necesidad de apoyar la defensa y las gestiones para garantizar que los productores agrícolas tengan acceso al agua que por derecho les pertenece.
EVALÚAN INDEMNIZACIÓN
Luego de una prolongada reunión con representantes del Distrito 026, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, logró el respaldo de la Comisión Nacional del Agua al Plan Hidráulico Estatal que incluye tres proyectos prioritarios: el emisor de aguas residuales de Monterrey a la presa Marte R. Gómez, la asignación de recursos para la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria en la capital del estado y el seguimiento al proyecto Plhigon.
En la asamblea se consideró necesario mantener un diálogo permanente con la Conagua para determinar la operación de próximo ciclo agrícola en el Distrito 026 y evaluar las opciones para un posible plan de indemnización a los productores mediante la participación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Al respecto, el subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua, Aarón Mastache Mondragón, explicó que se ha establecido ya un diálogo con el Distrito de Riego 026, a cuyos productores se planteó un esquema para otorgarles estímulos económicos.
Por dicho concepto, en 2023 se les canalizaron 64 millones de pesos y podrían incrementarse a 120 millones de pesos para el presente ciclo, indicó.
Respecto a compensaciones por conceptos agrícolas, explicó que se trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Agricultura en una propuesta conjunta de apoyos que será presentada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En la reunión, representantes de los productores expusieron sus puntos de vista y las necesidades de los distintos módulos del distrito de riego y reconocieron al gobernador Américo Villarreal por abanderar sus causas y darles la atención que se les había negado en otros gobiernos.
Por parte de la administración pública estatal también tomaron parte, Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social; Dámaso Anaya Alvarado, secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura y el jefe de la Oficina del Gobernador, Ricardo Guerrero Morales.