Con el muro acuático de boyas que se instala sobre el río Bravo, escala el conflicto entre el gobierno de Greg Abbott con la política migratoria de la administración federal de los Estados Unidos, además de desafiar las leyes del Departamento de Justicia y tratados bajo los cuales se rige la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
A unos pocos metros de la Casa Blanca, donde despacha el presidente Joe Biden, se festeja uno de los contratos más adversos a su gestión demócrata en Washington D. C, que se fraguó a dos mil 500 kilómetros de distancia, en el corazón de Texas, aunque su continuidad podría pender de un hilo.
En el número 1012 de la calle 14 se erige el discreto edificio corporativo de Industrias Cochran, una empresa sudafricana de vallas de seguridad que presume vender sus productos a más de 140 países, tener varias fábricas alrededor del mundo y ser proveedora de agencias públicas, marítimas y militares.
Uno de sus principales clientes es ahora el gobernador Greg Abbott, quien se encuentra en medio de una controversia por autorizar la colocación de cientos de estas boyas marinas como muro de contención para frenar el flujo de indocumentados, en una primera etapa que comenzó en la zona de Eagle Pass, que colinda con la ciudad de Piedras Negras, Coahuila.
Inmediatamente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos amonestó a Texas, cuyo mandatario –de origen republicano– es un acérrimo rival de la administración federal de Biden.
En una carta, fechada el pasado jueves 20 de julio, se advirtió al gobierno del Estado que con esa barrera flotante se está cometiendo un acto ilegal que viola leyes constitucionales.
La misiva oficial señala que, además de representar un riesgo para la navegación del caudal en el límite internacional con México, existen razones humanitarias para detener tal acción, por lo que el departamento legal está preparando una demanda si las boyas no son retiradas.
No obstante, Abbott, alegó en un tuit que Texas tiene autoridad soberana para defender su propia frontera. La Vocería, por su parte, ha omitido cualquier declaración por el momento, aunque Steven C McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública (DPS), respaldó al gobernador.
INDUSTRIA BOYANTE
Cochran Global no es una empresa desconocida para todos los estadounidenses. En 2020, de acuerdo con una investigación del Washington Post, ya había intentado vender estas bolas de plástico resistente a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, la operación no se concretó y el plan fue desechado por el temor a que aumentaran los casos de ahogamiento de indocumentados y se dificultaran los rescates acuáticos, en caso de ser necesarios. En aquel entonces estas boyas giratorias presentaban picos metálicos alrededor.
De acuerdo con una publicación del diario Houston Chronicle un alto funcionario de la Academia de la Patrulla Fronteriza publicó en Twitter las imágenes, que después eliminó, pero Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas del Consejo Estadounidense de Inmigración, guardó las fotos y luego las retuiteó, mostrando la siniestra evidencia.
Esta agencia del gobierno, durante la era del ex presidente Donald Trump, ya había comprado equipo a la compañía sudafricana y en 2012 el sistema penitenciario federal también adquirió remolques.
Según los datos compartidos dicha valla antimigrante iba a ser puesta en Grecia, pero debido al gran rechazo de la sociedad y sus instituciones la medida fracasó. No así en Singapur, donde las esferas han sido colocadas desde hace una década, aunque no se ha proporcionado información con relación al porcentaje de muertes relacionadas.
Los Estados Unidos es uno de los 168 países que forman parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero ninguno, a excepción de Singapur, había instalado este tipo de barreras para disuadir la migración ilegal, y ahora es el estado de Texas el que encabeza esta discutida disposición en todo el continente americano.
Por ahora este parapeto, amarrado a un cable grueso de acero, tiene una longitud de 300 metros, pero se pretende que se siga extendiendo por todo lo ancho del río Bravo.
Ante la violación de las leyes que rigen la representación mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), el organismo prefirió no emitir ninguna respuesta a los medios sobre este tema.
Eagle Pass es actualmente la segunda frontera con el cruce más alto de inmigrantes este último año, con mas de 270 mil extranjeros. La decisión de Abbott para poner boyas, también ha sido fustigada por organizaciones defensoras de los derechos humanos e inclusive, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la criticó duramente.
Este primer despliegue ha tenido un costo de un millón de dólares (unos 17 millones de pesos mexicanos) y es parte de la estrategia del gobierno de Texas, bajo la aprobación del Congreso local, para blindar su frontera; así como el envío de la Guardia Estatal, la instalación de alambres de púas y el envío masivo de inmigrantes con permiso temporal a otros estados de la Unión Americana como Nueva York y California.
“Nadie tiene que estar cruzando entre los puertos de entrada. No queremos que nadie salga lastimado. De hecho, vamos a evitar que la gente se lastime y que la gente se ahogue. Y ésta es una forma proactiva”, argumentó Steven C. McCraw, director del DPS.
Ante la orientación que el gobierno de Greg Abbott toma con respecto a este tema, se estima que los Estados Unidos responda al mandatario estatal, aunque también se prevé que poner una barrera flotante sea una estrategia política, a pocos meses de arrancar las campañas presidenciales para las votaciones de 2024.
