
El jueves 29 de febrero, en el día insignia del año bisiesto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá otra oportunidad para acreditarse ante la opinión pública como un órgano modelo de imparcialidad, al validar o desechar los registros de los aspirantes a cargos de elección por los principios de mayoría relativa y representación proporcional que buscan una curul en el Congreso de la Unión.
Y es que en el paquete de nombres que el pasado 24 de enero designó la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional (PAN) como candidatos plurinominales, aparece el del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de lavado de dinero, defraudación fiscal y quien se encuentra prófugo de la justicia.
Por lo pronto la papa caliente está ahora en el despacho de la Secretaría Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a cargo de Yessica Alarcón Góngora, pero igual pone nerviosos al resto de los funcionarios electorales en el búnker de la delegación Tlalpan.
En otras palabras el INE tendrá bajo su escrutinio decidir si le dará fuero e impunidad, o le quita la cobija a este político para que enfrente los señalamientos que se le imputan.
Ni tarde ni perezoso el representante del partido Movimiento Regeneración Nacional, Sergio Gutiérrez Luna, solicitó formalmente al Instituto negarle al que pone cuernos el registro.
Además de los delitos de los que se le acusa Morena argumenta, entre varios puntos, que García Cabeza de Vaca no es mexicano, que es nacido en los Estados Unidos, que no posee certificado de nacionalidad mexicana, que no tiene residencia en Tamaulipas ni en otra entidad de la República.
Además, que el ex mandatario ha sido inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y que ha falsificado documentos, por lo que la obtención de un lugar en la Cámara de Diputados, más que para servir, obedece a su intensa búsqueda de conseguir más inmunidad procesal, aún en detrimento de los estatutos internos de su propio partido.
Falta poco para saber si el INE quiere echarse ese trompo a la uña o legitimarse y hacer valer con probidad los lineamentos en la materia, sin olvidar que el mismo Congreso del que García Cabeza de Vaca busca ser parte, ratificó en 2020 el dictamen de la Sección Instructora en el juicio de procedencia para retirarle el fuero constitucional.
Asimismo fue denunciado por la directora general de Notarías Públicas del gobierno de Tamaulipas, Guillermina Reynoso Ochoa, ante la Fiscalía General de Justicia (FGJE) estatal, por el uso de un instrumento notarial apócrifo para obtener un certificado de residencia ante el ayuntamiento de Reynosa.
¿QUÉ DICE LA LEY ELECTORAL?
El pasado 7 de febrero el Instituto Nacional Electoral solicitó a los partidos no postular a candidatos vinculados a la delincuencia. La consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, reconoció que este órgano no tiene facultades de seguridad pública, por lo que pidió a los institutos políticos cuidar los perfiles de los candidatos postulados y evitar también el dinero ilícito.
Entre los lineamentos establecidos destacan además que los aspirantes deberán hacerse responsables de la veracidad de la información proporcionada.
También verificar el apego a los Reglamentos emitidos por los partidos políticos nacionales, a sus normas internas y estatutarias.
Empero, el filtro bajo el cual se ciernen las leyes electorales, a la sazón de este tema podría ser laxo, pues entre otras condiciones para aspirar a una legislatura federal, de acuerdo al capítulo segundo de los Requisitos de Elegibilidad (avalados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), están la inscripción ante el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar, no ser magistrado electoral, no ser funcionario del INE, no ser presidente municipal o titular de algún órgano político-administrativo y que en dichas cláusulas solamente se podrán establecer exigencias de edad, nacionalidad, residencia, aunque al final aparece una muy interesante, la de sentencia ejecutoria en materia penal.
Pero ha sido debido a la protección recibida durante varios años que el nombre en mención esquivó hábilmente la detención, que ni el propio gobierno federal, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ni la Fiscalía General de la República (FGR) pudo hasta ahora sancionarle.
¿Será el INE el que le quite a Cabeza de Vaca el paracaídas? Eso está por verse.