No es fácil que las autoridades sepan que se cometió un delito, porque el 88 por ciento de las víctimas no se toma el trabajo de presentar una denuncia (www.icesi.org.mx). No esperan resultados, sino malos tratos; y sospechan lo peor: que las autoridades protegen a los delincuentes.
No es fácil que el Ministerio Público investigue una denuncia, porque tiene cosas más importantes que hacer, porque carece de recursos (investigadores calificados, laboratorios bien equipados, bases de datos y estadísticas amplias y actualizadas) o porque sabe quién fue y es intocable.
No es fácil que las investigaciones conduzcan al arresto del culpable, porque es más fácil arrestar a un inocente, porque los criminales reciben avisos de las autoridades para huir o porque las esperan con armas de alto poder: desde los cañonazos en efectivo hasta el degüello.
No es fácil que la consignación termine en castigo, porque es difícil reunir pruebas contundentes, y cuando las hay desaparecen; porque los testimonios, confesiones, peritajes, documentos y objetos recogidos suelen estar contaminados por procedimientos ilegales, ineptos o corruptos; porque el Ministerio Público no es profesional cuando lleva su caso ante el juez, o lo presenta mal deliberadamente.
No es fácil que el juez condene al culpable, porque la acusación o las pruebas son incompetentes; porque los criminales tienen buenos abogados, amigos poderosos y dinero; porque los expedientes son largos y el proceso lentísimo y manipulable; porque sabe cuántas decisiones judiciales no se cumplen; y que nadie lo protegerá, ante el dilema de recibir plata o plomo.
No es fácil que los sentenciados cumplan su condena, menos aún que se rehabiliten, porque las cárceles son inhumanas y están retacadas (aunque los delitos castigados son el 1 por ciento de los cometidos). Porque están llenas de inocentes, de sentenciados por delitos menores que no pueden pagar la fianza y de acusados no sentenciados que no tienen dinero para defenderse o ni si quiera hablan español. Porque son un mercado de servicios ilícitos. Porque nada impide la golpiza, la violación, el asesinato, el trabajo forzado o el reclutamiento de ayudantes para las bandas criminales. Porque ni los custodios tienen la vida segura, mientras los capos montan oficinas ejecutivas, dirigen operaciones desde adentro o escapan. Hay dos fugas por semana, según la Secretaría de Seguridad Pública (El Universal 12 VIII 08).
No es fácil saber si multiplicar los órganos de seguridad, sus facultades legales, personal, armas, equipo y presupuesto es dar mayores recursos a los delincuentes. Que gobiernen destruye la confianza en las autoridades. Nadie sabe a quién creerle.
No es fácil que las autoridades se depuren a sí mismas, porque es difícil distinguir a los buenos de los malos, y los malos pueden estar entre sus jefes; porque toda depuración parece (y es) una lucha política de facciones; porque los malos (y los buenos) promueven a los suyos, para que ocupen puestos decisivos y, en unos cuantos años, toda la estructura de poder quede secuestrada (o liberada); porque es difícil probar lo que han hecho los malos, y es fácil perder el cargo, la vida y hasta el buen nombre en el intento, pues nunca se sabrá si el perdedor era de los buenos o los malos.
Para recuperar la confianza en la autoridades, la sociedad tiene que auditarlas y presionarlas, con independencia y transparencia; puntos fuertes que las autoridades destruyen amistosamente invitando a la cooperación no tan independiente ni tan transparente.
Para depurar desde afuera, hay muchas cosas que hacer. Tantas que cada quien, según sus posibilidades, debería concentrarse en una o pocas. Pero tiene ventajas estratégicas empezar por las cárceles: la disuasión última, hoy inoperante. Por ejemplo:
1. Pagar masivamente defensores y fianzas para que no estén en la cárcel los que no deben estar. Es más justo y barato que construir cárceles. Resta pupilos a la escuela del crimen.
2. Encargar a técnicos internacionales (digamos, de la ONU) auditorías de construcciones, instalaciones, ambiente y procedimientos, contra fugas, privilegios, inseguridad, tortura, vejaciones, corrupción e impunidad.
3. Mandar encuestadores y shoppers a las cárceles, para documentar todo lo que se puede hacer y meter ilegalmente, pagando a quién.
4. Monitorear las llamadas que entran y salen de las cárceles, y usar las grabaciones como pruebas contra las autoridades.
5. Publicar calificaciones semestrales de cada cárcel y exigir el despido (cuando menos) de las autoridades ineptas o corruptas.
El Estado es la institución que garantiza la seguridad en su territorio, imponiendo el monopolio de la violencia legítima. Lograr eso en las cárceles: la millonésima parte del territorio nacional (cerrada y vigilada), es una buena forma de empezar.
