Querido lector, querida lectora: Hemos llegado a la recta final del registro de líneas celulares y, según reporta la prensa nacional, faltan todavía 96 millones de líneas por registrarse de un universo de 144 millones.
La reticencia ciudadana no surge por generación espontánea ni porque los mexicanos tengamos una extraña afición por desconfiar del gobierno. Para entender el motivo hay que desempolvar algunos fantasmas de la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
Corría el año 2009 cuando nació el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT). El libreto era prácticamente idéntico al actual: un decreto categórico que obligaba a cada mexicano a registrar su línea telefónica con nombre y CURP para conservar el servicio. Quien no cumpliera antes de la fecha límite vería suspendida su línea. La seguridad nacional, nos decían, no podía esperar.
Mientras las autoridades presumían millones de registros y hablaban de combate frontal al crimen, la base de datos comenzó a tener una vida propia. Apenas unos meses después, la noticia dejó de ser la seguridad pública para convertirse en una oportunidad de negocios: el padrón completo con nombres, apellidos y CURP de millones de mexicanos podía conseguirse en Tepito por quinientos pesos.
La ironía era brutal. En su intento por proteger a los ciudadanos de los delincuentes, el Estado había terminado entregándoles un directorio perfectamente ordenado, actualizado y validado.
Para 2012 el experimento era indefendible. El Congreso terminó derogando el RENAUT luego de comprobar que las extorsiones no habían disminuido y que los resultados prometidos jamás llegaron. El entonces IFAI ordenó destruir la base de datos y cerrar uno de los episodios más vergonzosos en materia de manejo de información personal. El RENAUT no murió porque fuera impugnado por genios del derecho constitucional; murió porque resultó inútil para lo que prometía y peligrosamente eficaz para todo lo demás.
Hoy, tres lustros después de aquel naufragio digital, el gobierno vuelve a apostar por una fórmula sospechosamente familiar. Cambian las siglas, cambia la narrativa y cambian los funcionarios, pero permanece intacta la idea de que registrar a los ciudadanos resolverá un problema que los delincuentes llevan años aprendiendo a esquivar.
Porque hay una lección elemental que parece olvidarse en cada sexenio: los criminales rara vez utilizan líneas a su nombre. Quienes sí terminan entregando sus datos son, como siempre, los ciudadanos que cumplen la ley.
La memoria histórica es una de las pocas defensas que tiene una sociedad frente a los errores recurrentes del poder. Por eso vale la pena recordar el RENAUT. No para oponerse al registro ni para promover la desobediencia, sino para exigir algo que debería ser básico: garantías reales de protección para nuestros datos personales.
Y ojo, no estoy diciendo que no registren sus líneas. Cada quien tomará la decisión que considere conveniente. Lo único que hago es un ejercicio de memoria.
Después de todo, cuando una política pública fracasa estrepitosamente y años más tarde regresa con otro nombre, no necesariamente estamos ante una nueva solución.
A veces sólo estamos frente a una secuela. Y todos sabemos que las segundas partes nunca fueron buenas.
