Durante los últimos meses, el gobierno federal ha insistido en que la inflación en México se encuentra bajo control. Desde Palacio Nacional se ha señalado que estrategias como el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), los acuerdos con el sector productivo y diversas medidas para estabilizar el precio de los combustibles han contribuido a moderar las presiones inflacionarias. Sin embargo, los datos relacionados con la canasta básica muestran un escenario más complejo.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el costo de la canasta alimentaria en zonas urbanas registró incrementos anuales superiores al 8% durante abril de 2026, prácticamente el doble de la inflación general anual, que se ubicó alrededor del 4.4%. Productos como jitomate, papa, chile y diversos alimentos frescos continúan presionando el gasto cotidiano de millones de familias mexicanas.
El propio INEGI reportó que una persona requiere actualmente alrededor de 2 mil 600 pesos mensuales únicamente para cubrir su alimentación básica en zonas urbanas, mientras que la línea de pobreza por ingresos supera ya los 4 mil 900 pesos mensuales por persona.
El debate no es menor. Aunque técnicamente la inflación general ha mostrado cierta desaceleración durante mayo de 2026, especialistas continúan señalando que los alimentos mantienen una presión considerable sobre el consumo interno y el poder adquisitivo.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido que la inflación se encuentra “contenida” en comparación con los niveles observados durante la crisis inflacionaria global posterior a la pandemia y al conflicto entre Rusia y Ucrania. Además, el gobierno ha reiterado que el PACIC mantiene el compromiso de sostener una canasta básica cercana a los 910 pesos en cadenas participantes.
No obstante, el problema político no radica únicamente en los indicadores macroeconómicos, sino en la percepción cotidiana de los ciudadanos. Mientras la inflación general puede moderarse estadísticamente, los productos de consumo inmediato continúan incrementando su precio por encima del promedio nacional.
Ahí se encuentra una de las tensiones más importantes para el actual gobierno: la diferencia entre estabilidad macroeconómica y percepción social.
Aparentemente se le está olvidando a Presidencia que la inflación no se mide únicamente en reportes técnicos o conferencias matutinas. También se mide en el deterioro progresivo de la capacidad de compra de las familias, particularmente de los sectores medios y populares, donde el gasto alimentario representa una proporción cada vez mayor del ingreso mensual.
El reto para el actual gobierno no es únicamente mantener controlados los indicadores inflacionarios, sino sostener credibilidad frente a una ciudadanía que mide la economía desde el supermercado y la mesa de su casa.
