En la columna anterior, se expuso de manera general acerca del litigio estratégico: un intento de influir en las políticas públicas (manifestadas en actos...
Hay un enigma que me gusta contarle a mis alumnos de Derecho Parlamentario cuando llegamos a la clase sobre el procedimiento de reforma constitucional: Con 102 años, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una de las más antiguas del mundo y al mismo tiempo es una de las más reformadas del mundo, a pesar de tener un procedimiento complicado de reforma, con una dificultad de 7 de 10.[2] ¿Cómo puede ser?
El 21 de octubre de 2019 el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó en el Senado de la República una iniciativa ante representantes de los tres poderes en un evento denominado “Una Reforma con y para el Poder Judicial de la Federación”. Ésta fue posteriormente retomada por el Ejecutivo Federal y presentada como iniciativa de reforma constitucional y legislativa el 20 de febrero de 2020.
La tensión entre el presidente de la República y los gobernadores de la Alianza Federalista, un hecho documentado; el primero busca la centralización del ejercicio del gasto público y el reparto directo de fondos a posibles beneficiarios, los segundos pugnan por una redistribución presupuestal y en general la descentralización del ejercicio del gasto público. Esto dimana en parte de visiones divergentes sobre el federalismo, pero también existe entre el presidente y muchos de quienes se les oponen, una lucha por regresar al pasado.
Si bien expuse la forma en cómo se puede subvertir el principio de seguridad jurídica y la manera en que se usa malamente el derecho para fines políticos, considero necesario profundizar en un tema que ha sido el caballo de batalla de todo gobierno en México desde el inicio del orden constitucional actual, cuando se busca usar la Ley con dolo para obtener un beneficio: el fraude a la Ley en sede constitucional.
En la entrega anterior analizamos brevemente cómo el gobernar por decreto implica la realización de medidas por parte del Ejecutivo y Legislativo para efectuar una serie de cambios; todo esto se hace de una forma vaga, aprovechando lagunas, prohibiciones y con mal uso de facultades constitucionales y de otro tipo.
Fuera de aquella infame frase celebratoria, propia de proferirse en un tugurio, aunque congruente con aquel candor soez que le caracteriza, Paco Ignacio Taibo II dijo otra frase de gran relevancia antes de la jornada electoral de 2018: “No habrá otra opción que gobernar por decreto para transformar México”. Es decir, al obtener el triunfo, Andrés Manuel López Obrador tendría que emitir decretos presidenciales de forma drástica y en gran cantidad.
La corrupción es un tema persistente en el imaginario mexicano y, si le diéramos forma, diríamos que es como el Diablo: nos roba la oportunidad de ser felices, tiene la culpa de todo, está en todas partes, pero nunca sabemos bien dónde.
