En un acontecimiento histórico para los ejidatarios tamaulipecos, el pasado 4 de junio el Juzgado Segundo de Circuito en el Estado de Tamaulipas resolvió otorgar un amparo a dos grupos de campesinos del municipio de Altamira desalojados de sus propiedades, cuando éstas fueron expropiadas por un decreto presidencial en el año 1981.
Antes, los ejidatarios –defendidos por el ex senador y otrora candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador Antonio Lozano Gracia–, fueron objeto de numerosos engaños y juramentos de políticos que se sumaron a sus inconformidades solamente con intereses opacos.
Vía telefónica, Silvia Cacho, militante panista en el sur de la entidad, acusó al ex edil Genaro de la Portilla de ser uno ellos: “prometieron, pero nada resolvieron”, cuando éste intentaba amedrentar con paros a los empresarios del ramo.
Pero en el año 2007, la actual secretaria de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal del PAN, abogó en el terreno jurídico para reavivar una lucha que parecía no tener remedio.
“Yo los puse (a los afectados) en contacto con Lozano Gracia y el ‘jefe’ Diego y ellos empezaron a llevar este asunto junto con el licenciado Francisco Avalos desde el despacho de (la Ciudad de) México.
Perdimos el primer amparo en el Juzgado de Distrito y ahora ganamos en el Juzgado de Circuito. Lo que falta es que se ejecute la resolución. Aquí la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a decir que los malos gobiernos priistas se robaron el dinero de los campesinos y es cierto, porque no es un adeudo adoptado de las administraciones panistas, pero la resolución ya está dada”, enfatizó Cacho.
LOS ANTECEDENTES
En el Puerto de Altamira los negocios turbios han sido una constante desde su primera expropiación a comienzos de los 80. En este lugar el ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba vendió en 87 centavos el metro cuadrado un predio de mil 599 hectáreas por el que la Federación había sufragado –en otra expropiación– 3 pesos con 51 centavos el metro cuadrado. El beneficiado con esta ganga fue Fernando Cano Martínez, propietario de la constructora “Materiales y Construcciones Villa de Aguayo”, que en repetidas ocasiones estuvo señalada como la empresa favorita de las licitaciones estatales durante la administración de Tomás Yarrington como gobernador.
Sin embargo, la decisión de perder dos pesos con 64 centavos por cada metro cuadrado no pasó sin consecuencias. El entonces diputado local panista, Luis Alonso Mejía García, interpuso una denuncia penal que generó la averiguación previa número 15/2004 en contra del Ejecutivo estatal por las supuestas irregularidades cometidas en esa compra-venta.
Mejía García explicó que la administración priista decidió vender a precios de remate estas mil 599 hectáreas porque el verdadero beneficiado con la transacción no era Cano Martínez, sino el propio Yarrington Ruvalcaba.
“Fernando Cano es un prestanombres, llegó prácticamente con una mano adelante y la otra atrás al principio del sexenio (pasado). Es el que se llevó las obras más grandes en la entidad durante este período ¿De dónde sacó el dinero? ¿Cómo obtuvo las mil 600 hectáreas gratuitamente? Es palero y prestanombres de Yarrington”, aseguró el legislador.
Las hectáreas en cuestión se encuentran en el Puerto Industrial de Altamira, las mismas que hoy con Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia vuelven a estar en un escándalo, donde los predios para la instalación de bodegas y naves industriales se comercializan en millonarias cantidades.
Joel Infante Zamarripa, uno de los propietarios originales del sector, aseguró que en este lugar los terrenos son tan caros que empresas como la transnacional alemana BASF pagó “más de un millón de pesos por hectárea”.
Y es que para los antiguos dueños fue indignante que Cano Martínez haya comprado a precios de remate estos terrenos, pues por decreto del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, la hectárea se las pagaron a razón de 35 mil 140 nuevos pesos (3 mil 514 pesos al tipo de cambio del año 2001) o sea 3 pesos con 51 centavos el metro cuadrado.
“Lo vendieron a menor precio pero es ilógico. Si no era negocio ¿para qué nos expropiaban? Es mentira que no sea negocio para ellos ¿cómo que expropian a casi cuatro pesos y venden a 87 centavos? Nosotros somos campesinos y entendemos poco, pero esa historia no nos la creemos”, refutó.
Los engaños referidos por los ejidatarios quedaron de manifiesto semanas después de que fuera interpuesta la demanda en contra del gobernador, mientras funcionarios en la administración de Yarrington Ruvalcaba aseguraron que ellos no habían fijado ese precio de 87 centavos por metro cuadrado. En declaraciones reproducidas por la dirección de prensa del Gobierno del Estado en el boletín número 4630 fechado 18 de junio de 2001, se aseguró que el avalúo de los terrenos vendidos a Cano Martínez fue hecho por la delegación estatal de Banobras y la dirección de Catastro del Ayuntamiento de Altamira.
No obstante, Genaro de la Portilla, ex edil de Altamira, consideró que el avalúo de los terrenos vendidos a Cano Martínez debió de haberlo realizado la Comisión Nacional de Bienes Nacionales (Cabin).
EL TERRENO DE LA DISCORDIA
De mil 599 hectáreas de extensión, el predio está dividido en dos áreas: la primera es conocida como el polígono 2 con una extensión de 644 hectáreas al sur de la desembocadura del puerto de Altamira y la segunda se le llama polígono 3 con una superficie de 955 hectáreas al norte de la misma desembocadura, sin colindancia con el mar.
Parte de estas tierras pertenecían a los ejidatarios de la comunidad “Ricardo Flores Magón” quienes sufrieron la expropiación por segunda ocasión por disposiciones del entonces ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
El ordenamiento cita que la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin) verificó el precio de las mismas y consideró que en 1993 su valor comercial era de 35 mil 140 nuevos pesos por hectárea.
De esta forma y para el Gobierno de Tamaulipas, estas mil 599 hectáreas no pueden costar más de un peso con 27 centavos el metro cuadrado, contrario a lo que más de una década determinó con su avalúo Cabin.
El comisionado ejidal Joel Infante Zamarripa recordó que les pagaron el metro cuadrado a 3 pesos con 51 centavos por lo que no es posible que a Cano Martínez se las hayan vendido a 87 centavos. “El terreno no vale eso, el terreno ese vale 300 millones de pesos y a él se lo vendieron en 14 millones”, sentenció.
Fernando Cano Martínez no es un hombre que guste de la publicidad. Fue uno de los constructores más importantes al participar en la ampliamente difundida reparación de la carretera llamada “Rumbo Nuevo”.
Cuestionado sobre el motivo por el que adquirió las mil 599 hectáreas en Altamira acotó que fue para “promover el desarrollo de la zona”. Y aunque legisladores locales como Luis Alonso Mejía lo calificaron como “el prestanombres de Tomás Yarrington”, Cano Martínez siguió en la impunidad.
LOS EJIDOS Y EL PRIMER DECRETO
De acuerdo a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, los ejidos Flores Magón, Armenta, Medrano, Altamira y Pedrera fueron los señalados originalmente para la construcción del complejo petroquímico en el primer decreto signado por el ex mandatario José López Portillo.
En él se ordenó “liquidar la totalidad de sus hectáreas y el 20 por ciento sobre las utilidades de las mismas”. También se estableció que “si en cinco años no se cumplía el objetivo se restituiría a los terratenientes”, lo cual en más de 25 años no ocurrió.
“El verdadero campesino no recibió dinero. La Administración Portuaria Integral (API) argumentaba que no se les podían otorgar las utilidades porque no las había o éstas automáticamente se reinvertían en el puerto mismo”, agregó la panista.
De modo que Fernández de Ceballos y sus clientes desfilaron ante el Tribunal Agrario sin mucho éxito. Luego en el Juzgado de Distrito donde finalmente (con dos votos a favor y uno en contra) se dictó la astronómica sentencia. Cacho fue un eslabón para que el futuro de los campesinos cambiara radicalmente.
“Estamos hablando de mil 500 millones de pesos o mil 595 hectáreas las que tienen que ser devueltas. En el portal electrónico del Consejo de la Judicatura ya salió publicado el fallo”, indicó la política tamaulipeca, a quien paradójicamente en su partido le redujeron el salario.
El documento fue matriculado bajo el expediente 230/2008, con el que los ejidatarios salieron triunfantes.
Falta ver qué sucederá con las actividades de la terminal marítima, la cual hasta el cierre de esta edición se especula que podría entrar a un paro de labores.
El puerto de Altamira es el tercero en nivel de importancia para la nación por su movimiento de casi 500 mil contenedores al año. En casi una década ha recibido una inversión privada de dos mil 500 millones de dólares (cerca de 32 mil 500 millones de pesos). Ahora este recinto es el primero en su tipo que tiene entre sus socios a los más pobres.
