Miguel Angel Pantoja Garza jamás imaginó que mudarse a la colonia La Paz se convertiría en su peor desgracia, pues ahora no encuentra cómo atajar la corrosión que ha deteriorado su casa a cuatro años de haberla construido.
Justo a un costado de la Termoeléctrica que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) división Río Bravo opera desde hace más de tres décadas, las averías al domicilio de este ciudadano son apenas la punta del iceberg.
A 50 metros alrededor de la planta las huellas de contaminación se observan por todos lados en ventanas y portones metálicos perforados; banquetas y vehículos con capas de cochambre; techos de lámina podridos, bisagras vencidas y hasta paredes de concreto cuarteadas.
Sin embargo, los habitantes del lugar aducen que más les preocupa su estado de salud, pues los materiales exhalados por los enormes reactores les han originado enfermedades respiratorias y de la piel.
“Son infinidad de molestias las que nos ocasiona esta planta que trabaja con un ruido ensordecedor y al mismo tiempo expulsa puntos amarillos que penetran en las lozas de concreto y revientan las varillas”, describió Pantoja Garza.
Desde la carretera a Matamoros puede percibirse la humareda que destila el gigantesco armatoste de miles de toneladas de metal, con cilindros y válvulas metálicas por doquier y emplazado en un extenso terreno.
No es necesario aproximarse demasiado para respirar el aroma a combusteno, más denso algunas veces que otras.
El habitante del sector afectado detalló que cuando las calderas entran en funcionamiento “el asfixiante vapor que generan desciende e invade todo a su paso”, por la potencia del contaminante.
“La Termo se nutre a base de combustóleo, un líquido muy pesado que al evaporarse tiende a caer sobre nuestros hogares y hacer el ambiente sumamente hostil.
“Si puede tronar el metal, ¿qué no causará a la salud de las personas que aquí residimos?”, refutó.
Y es que para nadie es un secreto que esta planta marcha con tecnología obsoleta, la cual simple y llanamente es incapaz de ofrecer seguridad social en sus inmediaciones.
“En realidad tenemos una fuente de peligro y polución que atenta contra la estabilidad de niños, jóvenes, amas de casa y ancianos principalmente”, insistió Pantoja Garza.
EL DISCURSO AMBIENTALISTA
El lugareño subrayó que la pugna entre su comunidad y la Termoeléctrica Emilio Portes Gil ya es añeja; no obstante, sus molestias son desdeñadas por la CFE en complicidad con altos funcionarios, aún cuando se pregona la bandera del cuidado a la naturaleza.
“Los vecinos padecen problemas en sus pulmones y nuestras quejas han sido desoídas por la subsidiaria. Nos hemos manifestado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con las administraciones municipales y de salubridad, pero a partir de entonces el recrudecimiento de esta práctica ha ido en aumento.
“Es lamentable que no se tomen cartas en el asunto en un caso tan delicado”, reiteró Pantoja Garza.
Por si fuera poco, explosiones, movimientos telúricos y derramamientos de residuos peligrosos en las instalaciones de la empresa federal (que contravienen la ley) han causado que el temor de la población lejos de abatirse se profundice.
“Cuando surgen problemas ¡aguas! porque el ruido de los estallidos es increíble. Tenemos miedo por las anomalías que se siguen cometiendo. En nada se cumple con las reglas nacionales de protección al medio ambiente. Yo encierro inmediatamente a mis nietos por temor a que les ocurra algo”, señaló.
PROBLEMA SIN FONDO
En la escuela primaria general La Corregidora, ubicada a sólo unos metros de la planta energética, catedráticos amonestaron al gobierno federal por el peligro que ésta representa para la comunidad.
Prueba de ello, dijeron, son los malestares como catarros, bronquitis e irritación en los ojos que a menudo registran sus alumnos a causa de las “lluvias ácidas”.
Juana María Rodríguez Ramírez, directora del plantel, manifestó que mientras no se tome una decisión tajante y revulsiva, los perniciosos efectos de la Termoeléctrica seguirán ahí, con un peso específico sobre la población.
“A veces hemos notado que los niños están llorando o cuando salen al recreo tosen sin motivo aparente. Cuando les pido una razón me contestan que les pica algo y nos damos cuenta que es referente a la contaminación que predomina en el ambiente.
“Definitivamente necesitamos que sí se tomen medidas y exista una cirugía mayor, porque en nuestra escuela los menores están sufriendo por este problema”, enfatizó.
Jesús Azuara Carvallo, otro de los vecinos afectados por la planta, calificó como intransigentes las políticas de la Comisión Federal de Electricidad, porque carecen de carácter social al perturbar la estabilidad de la ciudadanía.
Cuenta: “Estando dormidos a las tres de la mañana y el mejor sueño es una pestilencia a plástico quemado. Es inconcebible porque tenemos familiares y desde el miembro más chiquito al más grande se enferman al grado que han tenido que nebulizarlos.
“Cada 28 días tres ocasiones abren a las válvulas para purgarlas, entonces comienza el estruendoso ruido día y noche”.
Sabedores de la importancia de combatir los agentes corrosivos de la Termoeléctrica, Azuara Carvallo dijo que los residentes de las colonias aledañas como Infonavit Las Flores y Leonardo Rodríguez Alcaine hasta protegen sus aires acondicionados con cajas de madera.
“En lo particular tres veces mandé a raspar el toldo de mi camioneta y mejor la eché al kilo porque nunca iba a terminar… Creo que aquí se necesita invitar (sin descanso) al Sector Salud (SS) y hacer una encuesta por familia según los daños causados por la CFE en cada uno de los hogares”, evaluó el entrevistado.
DESACATO A LA LEY
De acuerdo al artículo 415 sobre Delitos contra la Gestión Ambiental del Código Penal Federal vigente: “se impondrá una pena de uno a nueve años de prisión a quien sin aplicar las medidas de prevención o seguridad emita, despida y descargue en la atmósfera gases, humos o contaminantes que ocasionen daños a los recursos naturales, ecosistemas o al ambiente, siempre que dichas emisiones provengan de fuentes fijas de competencia federal, conforme a lo previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente”.
El apartado segundo añade que la sanción será la misma para quien “genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, provenientes de fuentes emisoras de competencia federal”; sin embargo, en la Termoeléctrica Emilio Portes Gil se desacatan tales estatutos, representando riesgos inclusive para su personal.
Entretanto el artículo 414 de la misma Ley estipula que “se impondrá una pena de uno a nueve años de prisión al que cauce un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna o a los ecosistemas; a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente”.
El artículo 288 sobre Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal asienta que “bajo el nombre de lesiones se comprenden no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud si esos efectos son producidos por causa externa”.
Más adelante el artículo 292 dice que “se impondrán de cinco a ocho años de prisión al que infiera una lesión de la que resulte una enfermedad segura o probablemente incurable”, como las afecciones respiratorias causadas a los habitantes de la colonia La Paz y las colonias contiguas a la Termoeléctrica.
El artículo 397 capítulo IV sobre el delito de Daño en Propiedad Ajena también indica que “se impondrán de cinco a diez años de prisión a los que causen algún daño o peligro en viviendas, ropas, muebles u objetos que puedan causar daños personales; escuelas o edificios públicos”. El capítulo V agrega que si “además de los daños directos resulta consumado algún otro delito se aplicarán las reglas de acumulacíón”.
Por último el capítulo IV de Delitos contra la Gestión Ambiental afirma que infringe la ley el que “no realice o cumpla las medidas técnicas, correctivas o de seguridad necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental”, pero los funcionarios de la subsidiaria “consienten que ésta continúe afectando el ecosistema con una maquinaria vieja y fuera de forma”, esgrimen los denunciantes.
INDIFERENCIA GUBENAMENTAL
Hora Cero intentó charlar con directivos de la “empresa de clase mundial”; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta alguna. Tampoco se permitió el ingreso a la planta.
Se buscó también conocer la versión del presidente municipal de Río Bravo, Roberto Benet, más no concedió entrevistas.
Entretanto en el despacho de la Semarnat en Reynosa –cuya jurisdicción alcanza a Río Bravo–, funcionarios dijeron no estar validados para otorgar información al respecto y por lo mismo se rehusaron a explicar su postura. Negaron conocer si ha habido análisis a las aguas del manto freático de la región señalada.
Cabe destacar que fuentes consultadas apreciaron como “sospechosa y opaca” la nula actuación de las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para ponerle remedio a su situación.
Por su lado, la Secretaría de Salud admitió que en los últimos tres años no ha efectuado estudios del impacto que ocasiona la Termoeléctrica Emilio Portes Gil a los habitantes de ese sector, pese a la gravedad y evidencia del caso.
Un informe obtenido mediante la Ley de Acceso a la Información Pública sobre otra planta de la CFE con características similares en el Valle de Mexicali, Baja California Norte (Contralínea 16), específica que “los contaminantes encontrados en el agua son boro, litio, arsénico y sodio”. Todos ellos en extremo peligrosos para la salud humana, como para la productividad agrícola.
Agrega que los análisis del suelo efectuados en los terrenos internos de la empresa indican la presencia de otros residuos nocivos como “manganeso, cobalto, cromo y bario”.
Y en Río Bravo el escenario no es distinto estiman vecinos de la Termoeléctrica, quienes no sólo califican a la CFE de omisa a la legislación vigente, sino también responsable de corrupción.
¿FALTA DE COMUNICACION?
Rubén Sánchez del Angel, jefe de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) de la Jurisdicción número 4, dijo no tener conocimiento de lo que le ocurre a los habitantes circunvecinos del centro de generación eléctrica Emilio Portes Gil.
Añadió que –el órgano engargado de ejecutar sanciones a quienes pongan en peligro la salud de los habitantes en la zona norte de Tamaulipas– “no ha recibido queja alguna por tal situación”, contrario a lo que afirman vecinos del lugar.
“Le vamos a dar seguimiento a este asunto para ver hasta donde está el problema, pero ni en Río Bravo ni en esta oficina se han puesto denuncias”, acotó.
Ante la descripción que se le dio del sitio (en detrimento por el desprendimiento de partículas químicas), el funcionario estatal admitió que éstas “sí pueden originar intoxicaciones”.
En esa vertiente Sánchez del Angel señaló que la Semarnat en conjunto con la SS son las responsables de regular las condiciones de vida en las colonias y fraccionamientos yuxtapuestos a la Termoeléctrica de la CFE y quienes deberían efectuar las revisiones pertinentes.
–Pero ¿cómo se les ha pasado un problema tan evidente?, ¿no cree que las autoridades han ignorado los elevados índices de contaminación que causa de la Termo?
“Como les repito, aquí no han llegado reclamaciones por parte de ningún vecino. Nosotros tenemos comunicación diaria con Río Bravo y no se nos ha informado de esta situación”, reiteró el funcionario.
–Si a partir de hoy una empresa certificada demuestra que la CFE sí se causa serias lesiones al bienestar y patrimonio de los residentes de colonias como La Paz ¿cuál es el siguiente paso?
“Entonces debemos hacer una resolución a la Comisión Federal de Electricidad para que la planta corrija sus anomalías y si esto no trasciende, se procede a ejectutar sanciones económicas hasta la suspensión de actividades”, asentó Sánchez del Angel.
Lo cierto es que mientras no se siga poniendo el dedo sobre la llaga, seguramente el problema seguirá ahí, en menoscabo de los habitantes de esta ciudad que quiere dar el salto a la modernidad, pero sus males no se lo permiten.
