El municipio de San Fernando, Tamaulipas, volvió a convertirse en sinónimo de masacre cuando, entre el 6 y el 8 de abril, las autoridades del Gobierno del Estado informaron sobre el hallazgo de 72 cuerpos enterrados en nueve fosas clandestinas ubicadas en el ejido “La Joya”, ubicado en las inmediaciones de la cabecera municipal.
La noticia fue reproducida en medios nacionales y extranjeros quienes dieron cuenta de esta nueva tragedia sucedida en la misma ciudad donde hace apenas siete meses fueron encontrados los restos de 72 migrantes centro y sudamericanos, asesinados a balazos.
Los primeros datos han sido escuetos, pues ninguna autoridad ha revelado la ubicación de los predios en el que se encontraron a estos cadáveres y en donde también fueron detenidos 14 presuntos delincuentes quienes, de acuerdo a las autoridades estatales, mantenían secuestradas a cinco personas.
El día 6 el Gobierno del Estado de Tamaulipas informó que fueron 59 los cuerpos encontrados en ocho fosas ubicadas en el ejido “La Joya”, del municipio de San Fernando.
La administración estatal reconoció que se está investigando si algunas de las víctimas son los pasajeros de un autobús de una línea de autotransporte público federal que fue plagiado el pasado 25 de marzo.
El Gobierno del Estado reveló que tras una denuncia por la privación ilegal de la libertad de los tripulantes de un camión de pasajeros que cubría la ruta Matamoros-Ciudad Victoria, se llevó a cabo un operativo en el ejido “La Joya” donde se logró la detención de once presuntos delincuentes quienes “están siendo sujetos a la averiguación previa correspondiente en el ámbito de la Procuraduría General de la República”.
Sobre los cadáveres el boletín cita: “Se ubicaron ocho fosas clandestinas. En las primeras seis fosas se localizaron 11 cuerpos, en tanto que en la séptima se encontraron 43 y en la octava cinco cuerpos más.
El gobierno estatal indicó que la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJE) está realizando las pruebas periciales necesarias para lograr la identificación de los cuerpos y el esclarecimiento de los hechos.
Además, se dijo que el gobernador, Egidio Torre Cantú, condenó enérgicamente los hechos delictivos ocurridos y reiteró su absoluta voluntad de colaboración con las autoridades federales para localizar y castigar a quienes resulten responsables.
crece la cifra
Sin embargo, el 8 de abril, la cifra de cuerpos sepultados en fosas clandestinas en el municipio de San Fernando se incrementó a 72 en las últimas horas, confirmó el secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Morelos Jaime Canseco.
El funcionario dijo que se localizaron otros 13 cadáveres del sexo masculino en un racho diferente a La Joya, donde se ubicaron 59 cuerpos en ocho diferentes fosas.
“Al parecer todos son mexicanos”, dijo Canseco sobre la posibilidad de que fueran migrantes centroamericanos que buscaban introducirse ilegalmente a Estados Unidos en busca de trabajo, como los 72 que fueron masacrados en San Fernando en agosto del año pasado.
Confirmó además que la localización de los 72 cadáveres se debió gracias a una denuncia de una persona que buscaba a un familiar desaparecido cuando viajaba en un autobús de línea rumbo a la frontera de Tamaulipas con Texas.
“Seguimos creyendo que la denuncia importante para combatir al crimen organizado”, señaló el titular de la Secretaría de Gobierno de Tamaulipas.
En las últimas horas ha trascendido que entre las 72 personas enterradas podría haber mexicanos de Guanajuato, quienes viajaban de San Luis Potosí a Reynosa.
DUDAN QUE SEAN LOS DEL AUTOBUS
Aunque en un principio se especuló que los cadáveres encontrados en las fosas clandestinas correspondían a los pasajeros del autobús de autotransporte federal plagiado, el examen de los cuerpos en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Matamoros debilita esta posibilidad.
Y es que la mayoría de los 48 cuerpos que llegaron al Semefo de Matamoros corresponden a personas del sexo masculino y mayores de edad.
Por lo mismo, agregó una fuente en el anonimato, se pudiera descartar que sean los pasajeros de un autobús de línea que desapareció el pasado 25 de marzo en la ruta Matamoros-Ciudad Victoria.
“Sin embargo, vamos a esperar a la identificación de los cuerpos para descartar o no que sean los pasajeros.
“Se está trabajando sin descanso para hacer las necropsias, inclusive durante la madrugada. Cada una se lleva un promedio de tres horas”, precisó la fuente.
El proceso de identificación de los cadáveres ha sido arduo. En estos trabajos se contó con la presencia y vigilancia de elementos de la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano.
Desde muy temprano en la mañana del día 7, las instalaciones del Semefo de Matamoros comenzaron a registrar actividad de personas que acudían para investigar si alguno de los 48 cadáveres que ahí se encuentran corresponde a su familiar desaparecido.
La mayoría de los que llegaban a preguntar son mujeres que portan documentos personales y fotografías de sus parientes perdidos.
Trascendió que nadie de los que ha acudido es pariente de alguna de las personas que iban en el autobús de autotransporte federal plagiado el pasado 25 de marzo.
Fuentes de la PGJE revelaron que forenses de Reynosa y Ciudad Victoria se trasladaron a Matamoros para participar en los trabajos de identificación de los 48 cuerpos, donde se está utilizando el ADN de los cadáveres.
LLEGA LA CNDH
Cinco visitadores y peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) procedentes de la Ciudad de México, se encuentran en Matamoros para verificar que las investigaciones y proceso de identificación de los todos los cadáveres localizados en el ejido de San Fernando, se realicen conforme a derecho y con respeto a las víctimas.
Oscar Castro Cantú, coordinador de la oficina regional de la CNDH con sede en Reynosa, informó que el organismo inició una queja de oficio por el hallazgo de los 72 cadáveres en San Fernando.
Explicó que en esta queja, la CNDH solicita a las autoridades estatales y federales que investigan los hechos, que preserven el lugar donde fueron encontrados los cuerpos, que verifiquen que toda la evidencia física sea recolectada con propiedad y que el proceso de identificación de los occisos se haga con respeto para sus familiares.
Castro Cantú aseguró que para la Comisión, lo más importante en este caso es identificar a las personas que murieron y que sus restos sean entregados a sus familias.
“Nos interesa demasiado el hecho, queremos identificar si son mexicanos o migrantes, no debe de haber ninguna diferencia, nos urge que sean identificados”, sentenció.
CALDERON CONDENA LOS HECHOS
Por su parte, el presidente de la República, Felipe Calderón, condenó estos hechos y aseguró que se trabajará para encontrar a los responsables de estos homicidios e inhumaciones ilegales.
A través de un comunicado, la Presidencia de la República refirió que Calderón instruyó a la Secretaría de Gobernación a que analice, en coordinación con las autoridades estatales, la situación que se vive en San Fernando.
También solicitó que el gobierno federal realice una investigación a fondo y coadyuve en las propias líneas desarrolladas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con el fin de esclarecer los hechos y presentar a los responsables ante la justicia.
De acuerdo con el boletín de prensa, Calderón ordenó acelerar, con el apoyo de los servicios periciales de la Procuraduría General de la República, los trabajos de identificación de las víctimas.
“Estos hechos reprobables subrayan la cobardía y la falta total de escrúpulos con la que se desenvuelven las organizaciones criminales, que generan la violencia en nuestro país, y particularmente en el Estado de Tamaulipas”, enfatizó.
Los acontecimientos “reafirman, a su vez, que debemos todos sumarnos a la condena de la violencia generada por los delincuentes, y la convicción absoluta del gobierno federal de seguir enfrentando a la criminalidad con toda firmeza”.
El presidente recalcó que “es responsabilidad de todos los actores políticos, económicos y sociales, sumar esfuerzos en contra de la criminalidad, que atenta contra la tranquilidad y la seguridad de las familias mexicanas”.
Cabe señalar que el documento no refirió la matanza de indocumentados ocurrida en ese mismo sitio, donde fueron encontrados los cadáveres de 72 migrantes extranjeros. v
(Con información de Héctor Hugo Jiménez, Gerardo Ramos, Abraham Pineda, Paola Almaraz y Luis Orlando Sánchez)
