El Senado de la República urge a Congresos de los estados a uniformar su legislación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en el ámbito docente, especialmente el acoso y hostigamiento contra estudiantes.
La violencia docente, que se presenta en la mayoría de los casos como acoso y hostigamiento sexual, es un problema que persiste y afecta a una gran parte de la población estudiantil en México, particularmente a las mujeres.
Para atender esta problemática, el Senado de la República llamó a los 32 congresos de las entidades federativas a revisar y, en su caso, armonizar su legislación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en el ámbito docente, especialmente el acoso y hostigamiento contra estudiantes, dentro y fuera de las instalaciones educativas.
El dictamen, que se aprobó en la sesión del pasado 15 de noviembre, destaca que el acoso escolar se caracteriza por actos premeditados para provocar un daño, que se repiten y prolongan durante un tiempo, con un desequilibrio y desigualdad de fuerzas entre la persona agresora y la víctima, y que generalmente ocurren frente a otras compañeras, compañeros, espectadores o cómplices que legitiman o apoyan el comportamiento de la persona agresora.
Se trata de una problemática que afecta de manera mayoritaria a las mujeres, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 25.3 por ciento del total de mujeres, de 15 años o más que asistieron a la escuela alguna vez en su vida, sufrieron algún acto de violencia a lo largo de su vida estudiantil.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reportó que las niñas y adolescentes tienen más probabilidades de sufrir ciberacoso, respecto a los niños.
Además, el gobierno federal señala que, a nivel nacional en el ámbito escolar, 25 por ciento de las mujeres mayores de 15 años señalaron haber experimentado violencia en la escuela, en los que el 40 por ciento de las veces sus principales agresores fueron sus compañeros y en 14 por ciento las y los maestros.
Las y los senadores recordaron que la Ley General de Educación y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establecen, como obligación de las entidades federativas, garantizar la seguridad en el entorno de los planteles educativos, lo que conlleva la emisión de protocolos de atención, mismos que ya existen, pero deben ser reevaluados.
Además, subrayaron que existe una amplia legislación general en materia de violencia, acoso y hostigamiento en el ámbito escolar.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce como una modalidad de violencia a la violencia docente, la cual define como aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o características físicas, que les infligen maestras o maestros.
