Luego de permanecer 23 años en la cárcel, Alfonso Martín del Campo Dodd obtuvo su libertad inmediata ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el acusado por el supuesto homicidio de su hermana, Juana Patricia, y su cuñado, Gerardo Zamudio Aldaba, fue torturado para que admitiera el crimen.
En 1993 fue declarado culpable y sentenciado a 50 años de prisión a partir de una confesión en la que se le obligó a aceptar su responsabilidad.
Martín del Campo buscará ser indemnizado por el Estado mexicano, informó su abogado defensor Baldomero Mendoza.
De acuerdo con la normatividad vigente, toda aquella prueba obtenida a partir de la tortura se excluye y queda sin efectos en un expediente.
“El siguiente paso para Alfonso sería demandar la indemnización al Estado mexicano por haber sido procesado indebidamente a partir de una tortura y haber sido condenado. El siguiente paso es obtener la indemnización que marcan los tratados internacionales por el error judicial”, expuso el representante legal.
La madrugada del 30 de mayo de 1992 todo cambió para Alfonso. El vivía en el mismo domicilio que su hermana, su cuñado y sus tres sobrinas. Esa noche, el inculpado escuchó gritos de su hermana y acudió a ayudarla, pero fue sorprendido por dos personas con los rostros cubiertos que empezaron a golpearlo.
Según la versión de Alfonso, lo secuestraron y encerraron en la cajuela de uno de los automóviles de su familia, en el que fue trasladado hasta la carretera México-Cuernavaca.
Luego de que el auto fue abandonado en ese lugar, Alfonso pudo liberarse y caminó hasta llegar a un puesto de la Policía Federal de Caminos, donde lo ayudaron a regresar a su casa. En ese momento se enteró del asesinato de su hermana y su cuñado.
Fue trasladado a las instalaciones de la delegación Benito Juárez de la Procuraduría de Justicia capitalina, donde fue torturado para obligarlo a firmar una declaración en la que asumía que él cometió el homicidio. Desde ese momento estuvo incomunicado y no tuvo asistencia jurídica alguna.
SU LUCHA JURIDICA
Diversos organismos nacionales e internacionales estudiaron el caso y en su momento emitieron recomendaciones dirigidas al Estado mexicano en el sentido de solicitar el reconocimiento de las violaciones procesales registradas en la aprehensión de Martín del Campo.
La Primera Sala resolvió este miércoles, por mayoría de votos, el amparo en revisión 631/2013, como liso y llano al haberse comprobado la tortura de la cual fue objeto Martín del Campo para obtener su confesión en la comisión de dos delitos, sin que hubiera más pruebas en el proceso penal que lo inculpara.
Los ministros analizaron, entre otros documentos, la resolución en el procedimiento administrativo de responsabilidad QC/0011/FEB-94 del 14 de octubre de 1994 donde se determinó que un agente de policía era responsable por la detención arbitraria, incomunicación y tortura de Alfonso Martín del Campo Dodd; el dictamen médico sicológico conforme al Protocolo de Estambul del 27 de septiembre de 2002; los Informes No. 63/02, 33/09 y117/09 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 22 de octubre de 2002, 20 de marzo de 2009 y del 12 de noviembre de 2009; la recomendación 13/2002 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal del 26 de diciembre de 2002.
Así como la opinión No. 9/2005 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas del 25 de mayo de 2005; el punto de acuerdo del 9 de marzo de 2006 del Senado de la República y el punto de acuerdo del 28 de abril de 2006 emitido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
En virtud de lo anterior, la Primera Sala concluyó que se actualizó el supuesto previsto en el artículo 641 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal que establece que el reconocimiento de la inocencia del sentenciado procede en los siguientes casos: “(…) VI.- Cuando la sentencia se base de manera fundamental en una confesión obtenida mediante tortura”.
Afuera de la sesión pública donde se determinó la puesta en libertad de Martín del Campo habló Araceli Estrada, una amiga de las sobrinas de Martín del Campo -Tamara, Brenda y Fernanda, la última testigo del asesinato con 20 puñaladas de sus padres- y aseguró que ellas están seguras que su tío asesinó a sus papás.
“La Corte no las escucha a ellas y el Estado mexicano privilegia el debido proceso y no determina la culpabilidad; igual que en el caso de la francesa Florence Cassez”, concluyó Estrada, quien dijo que las hijas de la pareja asesinada tienen miedo de dar la cara por represalias.
