
El asesinato de 72 migrantes en esta población de Tamaulipas está muy lejos de ser un caso cerrado u olvidado. El recuerdo de la masacre sigue presente en la memoria de los familiares los cuales, en algunos casos, siguen amenazados por grupos de delincuentes para que mantengan el silencio. Los esfuerzos para que se conozca la verdad continúan.
Han pasado 120 meses desde que el mundo entero puso los ojos en una pequeña población de Tamaulipas llamada San Fernando, que desde entonces no ha podido quitarse el estigma de haber sido escenario de una de las peores masacres en la historia moderna.
En un bodegón de un rancho olvidado, el crimen organizado asesinó a 72 migrantes centroamericanos por razones que aún no quedan muy claras, pero denotan la sinrazón que existe entre estas personas.
A 10 años de la tragedia, organizaciones sociales, familiares y hasta el Papa Francisco recordaron a las víctimas quienes siguen vivas en la memoria de sus seres queridos, como lo ese el caso del hondureño Orlin Noel Euceda Aguilar.
Esta persona recordó que la mañana del martes 24 de agosto de 2010 a su casa, tras una jornada nocturna de trabajo y se topó con un alboroto en su familia por la noticia que difundió un noticiario sobre una matanza de 72 migrantes extranjeros en México.
Confundido, el obrero de 25 años se sentó en la sala de su hogar a presenciar las imágenes. Detectó algo que jamás olvidará y que todavía le induce al llanto: en el grupo de cadáveres estaba su hermano, Marvin Leodán, de 21 años.
“Lo reconocí porque él justamente murió con una camisa azul que yo le había regalado”, narra Orlin.
Así recuerda lo que posteriormente se conoció como la masacre de San Fernando, Tamaulipas; uno de los momentos más sangrientos registrados en México, ocurrido la noche del 22 de agosto de 2010.
Indefensos y acorralados, 72 migrantes hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, brasileños y un ecuatoriano, todos sin documentos, fueron atados de manos y, en un feroz ataque a balazos por la espalda, fueron asesinados.
Luego de la masacre, ocurrida en una bodega abandonada del municipio de San Fernando, los cadáveres fueron amontonados uno sobre otro y dejados a la intemperie. Los criminales habían secuestrado a los migrantes para exigir dinero a sus familias a cambio de su libertad.
A 10 años del hecho, hay 10 detenidos en México (uno murió en prisión) como autores materiales y sin ser todavía enjuiciados, mientras los responsables intelectuales continúan protegidos por la impunidad.
Con la voz entrecortada, Orlin, sargento primero de tropa de la Fuerza Aérea de Honduras, recuerda los días previos a la muerte de su hermano.
“Desgraciadamente cosas como estas para nosotros son como si hubieran sido ayer”, lamenta Orlin.
“Mi papá Leopoldo y mi mamá Graciela siempre esperaron a Marvin de regreso, de cualquier forma”, acota. Su hijo retornó el 8 de septiembre de 2017 a Honduras en un féretro que viajó en un vuelo comercial desde México y después de sortear múltiples trámites forenses.
“Gracias a Dios lo encontramos, lo pudimos traer y se le dio cristiana sepultura. Aunque tampoco se soluciona lo que pasó, sabemos que está acá, se le puede visitar cuando uno quiera y llevarle flores. Somos conscientes de que esto es una pesadilla para nosotros, porque no sabemos realmente por qué pasó, cómo sucedió”, admite.
Marvin era residente en la aldea El Tamarindo, del departamento hondureño de Comayagua, tenía 10 hermanos y era técnico de un vivero forestal.
“De repente decidió irse a Estados Unidos. Por desgracia fracasó. Por las condiciones de vida en estos países sin oportunidades, la mayoría de la gente cree que es más fácil irse, aunque expongan la vida, a buscar algo diferente”, relata Orlin.
El 3 de agosto de 2010 viajó en autobús a San Pedro Sula, en el norte de Honduras, y luego a Guatemala, a donde entró sin trabas, para dirigirse hacia el nororiente guatemalteco y entrar a Tabasco, en México.
“El 12 de agosto comenzaron a llamar a la casa de una hermana, a la de mis papás y a la mía. Un hostigamiento a cada ratito, llamando y pidiendo dinero. No sabíamos cómo estaba. Él casi no hablaba, la que hablaba por él era una mexicana que nos dio un número de cuenta en la que había que depositar el dinero”, precisa.
La mujer exigió 12 mil 800 pesos mexicanos. “Mi hermano nunca nos dijo para qué lo necesitaba”, cuenta.
Al aclarar que su familia tampoco disponía de ese monto de un día para otro y que costó reunir el dinero, el militar hondureño revivió un instante clave: “Recuerdo exactamente que hice ese depósito el 17 de agosto en una sucursal de Banco Azteca, en Comayagua, a nombre de un señor Blas Meléndez de Tenosique, Tabasco.
“Ese día se perdió la comunicación con él. Esa fue la última vez que lo escuchamos. Yo antes hablé varias veces con la mexicana para lo del depósito. Cuando lo hice, yo estaba hablando con él desde el banco, lo tenía en línea con la mujer. Recuerdo que sólo me dijo: ‘Perfecto, ¿lo depositaste?’. ‘Sí, y esta es la clave de transferencia’, le dije. Se la di y cortaron la llamada para nunca más”.
RECUERDO PAPAL

Al cumplirse el décimo aniversario de la masacre y tras la tradicional oración del Angelus, el Papa Francisco expresó su solidaridad con los familiares que aún reclaman justicia.
El sumo pontífice rindió homenaje a esas “personas de diferentes países que buscaban una vida mejor”.
“Expreso mi solidaridad a las familias de las víctimas que todavía hoy invocan justicia y verdad sobre lo sucedido.
“El Señor nos pedirá cuentas de todos los migrantes caídos en los viajes de la esperanza. Han sido víctimas de la cultura del descarte”, sentenció.
SIGUE EL TERROR
El pánico y la muerte impuestas con violencia en una barriada de Honduras por la Mara-18 (M-18) hincan a los parientes de algunos de los hondureños víctimas de la matanza de 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas, en 2010.
Asediados por la M-18, están obligados a callar y a jamás referirse al viaje de sus familiares, así como a contar detalles sobre si fueron reclutados por traficantes de personas al servicio de esa pandilla o a aportar pistas que podrían descubrir la verdad de lo que ocurrió hace 10 años.
“Son seis familias de la colonia Planea que tienen una amenaza directa: si hablan, las matan, y si denuncian, las matan”, reveló la hondureña Rosa Nelly Santos, fundadora y coordinadora del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso.
“El terror por lo que ocurrió en San Fernando no ha terminado en la colonia que pertenece a El Progreso. Eso sigue. Para nosotros es como una confabulación entre las pandillas o maras de México y Honduras para silenciar y mantener la impunidad”, aseguró Santos.
“No tienen permiso de hablar. No se esclarece si es que desde aquí los vendieron a los migrantes para entregarlos allá en México o si se está pagando a la Mara-18 para que obligue a los familiares a que se abstengan de declarar sobre las muertes de sus parientes”, añadió.
La M-18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) son las principales pandillas del área y se disputan el dominio callejero en barrios de Honduras, Guatemala y El Salvador, al involucrarse en actividades criminales.
NO LOS OLVIDAN

CIUDAD DE MÉXICO. Violence/Violencia-+72.- 22 de agosto de 2020. Un grupo de personas coloca sobre Paseo de la Reforma, enfrente de la embajada de Estados Unidos, un antimonumento denominado +72 en memoria de los migrantes asesinados en San Fernando hace 10 años. Foto: Agencia EL UNIVERSAL/Hugo García/EELG
Un antimonumento en forma de +72 fue instalado frente a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, para reclamar justicia por los 10 años de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
Durante el acto, activistas vestidos de blanco y autodenominados “+72”, explicaron que la efigie se instaló frente a la sede diplomática, situada en la avenida Paseo de la Reforma, para que la vean gobernantes, políticos, turistas y ciudadanos durante su andar por esta avenida, considerada una de las más transitadas de la capital mexicana.
“El antimonumento ha sido el acto central de la conmemoración de la masacre del 22 de agosto de 2010 en la que 72 migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, fueron asesinados y sus restos abandonados a la intemperie en una bodega abandonada del municipio de San Fernando, Tamaulipas”, explicaron los organizadores en un comunicado difundido después de la colocación.
La organización Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho señaló que a este número que simboliza a las víctimas de esa terrible masacre le han añadido el “+” para que se tomen en cuenta los miles de migrantes que han sido desaparecidos y asesinados durante su paso por el país con dirección a Estados Unidos.
“Atravesar el territorio mexicano se ha convertido en un viaje peligroso. Pasar por nuestros estados, sea en autobús, tren o caminando, resulta una empresa tan arriesgada que puede costar la salud, la integridad, la vida”, indicaron los organizadores en un comunicado.
INSISTEN EN ABRIR EXPEDIENTES

CIUDAD DE MÉXICO. Violence/Violencia-+72.- 22 de agosto de 2020. Un grupo de personas coloca sobre Paseo de la Reforma, enfrente de la embajada de Estados Unidos, un antimonumento denominado +72 en memoria de los migrantes asesinados en San Fernando hace 10 años. Foto: Agencia EL UNIVERSAL/Hugo García/EELG
A fin de garantizar a la sociedad el derecho a la verdad, los integrantes del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reiteraron su postura a favor de la apertura de información en poder del Estado sobre casos de violaciones graves a derechos humanos, entre ellos la Masacre de San Fernando, Tamaulipas.
El órgano garante sostiene que el acceso a la información relacionada con la investigación de este suceso en versión íntegra es una condición necesaria para exigir justicia y la reparación del daño.
El INAI indicó que se han presentado 208 solicitudes de información a diversas instituciones públicas sobre esta masacre perpetrada en 2010, y el hallazgo de las fosas clandestinas, en 2011.
Además ante el Instituto se han interpuesto 38 recursos de revisión, de los cuales, uno está en proceso de resolución y 37 ya fueron resueltos: 18 en contra de la Fiscalía General de la República (FGR), antes Procuraduría General de la República (PGR); tres de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); tres del Instituto Nacional de Migración (INM); tres de la Secretaría de Marina (Semar); tres de la Secretaría de Gobernación (Segob); dos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); dos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y uno de la Policía Federal.
Cabe recordar que el Pleno del entonces IFAI confirmó la reserva de la averiguación previa del caso, invocada por la PGR, bajo el argumento de que el Instituto no podía pronunciarse sobre la existencia o no de violaciones graves a derechos humanos y, por tanto, no podía instruir la apertura de la información, con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
No obstante, tras 7 años de litigio, en abril de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la facultad prima facie del INAI para pronunciarse sobre la existencia de violaciones graves a los derechos humanos con la finalidad de garantizar el acceso a la información sobre estos acontecimientos.
Y el 29 de enero de 2020, el Pleno del INAI, a través de la resolución RDA 0791/12 TER, instruyó a la actual Fiscalía General de la República (FGR) entregar la versión íntegra de la averiguación previa del caso.
El INAI determinó que es de interés público conocer la verdad de los hechos y las investigaciones relativas a violaciones graves de derechos humanos, por lo que no puede reservarse ningún tipo de información, documento o dato relacionado con la averiguación.
(Con información de Agencia El Universal)