Ante el desastre encontrado en la administración gubernamental, producto del saqueo y la corrupción imperante en el sexenio pasado, el gobierno entrante ya comenzó a citar a ex servidores para que aclaren sus omisiones e irregularidades. Se advierte que, en apego a derecho, buscarán sanción penal para todos los que incurrieron en daños al erario público.
Desde la campaña, durante la accidentada transición y al asumir la representación del Ejecutivo del Estado, el doctor Américo Villarreal Anaya ha sido claro al advertir que se investigará y se sancionará a todo aquel servidor público del gobierno cabecista que haya delinquido desde su posición o que haya incurrido en omisiones o irregularidades.
Y en efecto, tan pronto tomó las riendas de la entidad se iniciaron una serie de investigaciones. A casi un mes de su gestión, un magistrado del Poder Judicial cuestionado y el fiscal Antiocorrupción de la era cabecista que no pasó el examen de confianza, ya fueron cesados de sus cargos.
En el caso del ministro Horacio Ortiz Renán, pese a tratarse de un funcionario de alto nivel del Poder Judicial del Estado, el gobernador empleó su facultad para no ratificarlo por “la mala reputación” del juzgador y la falta de honorabilidad”.
En el caso del fiscal Anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda, cuya labor ya había sido cuestionada por el gobernador morenista y por infinidad de servidores públicos y precursores de la Cuarta Transformación, fue desconocido como tal porque el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) concluyó que el funcionario no cumple con los exámenes de control y confianza.
Desde la transición a la que se resistió la pasada administración, el equipo del hoy gobernador comenzó a percibir lo que era un secreto a voces. El saqueo, los moches, la corrupción, el abuso de poder fue el pan de cada día del sexenio cabecista y gran parte de los servidores públicos.
Por ello, ate las evidencias del saqueo sistemático a las arcas del erario, la desviación de recursos, la corrupción, las irregularidades y ante la presunción de la comisión de ilícitos y diversas faltas de servidores público, el gobierno de Américo Villarreal Anaya integra ya carpetas de investigación para proceder penalmente en contra de los servidores y ex servidores públicos gubernamentales.
AL BANQUILLO
Hasta ahora ha trascendido que las investigaciones que probarán graves delitos de parte de servidores de primer nivel se desempeñaban y en algunos casos siguen activos en la Secretaría de Finanzas, Comunicación Social, en las secretarías de Obras Públicas, en Educación, Salud, Educación y Bienestar Social.
Funcionarios de la administración anterior han sido llamados para esclarecer irregularidades y omisiones que se han detectado y en caso de fincarles responsabilidades se procederá legalmente por el daño provocado al erario, informó la contralora gubernamental, Norma Angélica Pedraza Melo.
La Contraloría del nuevo gobierno informó que ya se iniciaron 22 expedientes y mediante el trabajo de los órganos de control interno se profundizará en las indagaciones para dar parte a las autoridades penales.
De esta forma es claro que la actual administración de Américo Villarreal busca probar y sancionar penalmente a todos los cabecistas que hayan incurrido en los daños provocados al erario.
Norma Angélica Pedraza Melo, contralora del gobierno del estado informó que a raíz de la integración de los 22 expedientes ya comenzaron a emitirse los citatorios, con la intención de que los exfuncionarios expliquen las irregularidades y omisiones detectadas en sus dependencias, y naturalmente, si no atienden los llamados, se aplicará la ley.
En este sentido, el gobernador mencionó: “Como lo dije desde antes del inicio del proceso de entrega-recepción, y lo reiteré en mi toma de protesta, el gobierno que encabezo se caracterizará siempre por la transparencia y la rendición de cuentas, por el combate a la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro estado, y por la cero tolerancia a la impunidad”.
“Hoy, dentro de los tiempos establecidos, les informo que, luego de las profundas investigaciones que hemos realizado en todas las secretarías y dependencias del gobierno estatal, hemos comenzado a integrar expedientes y ya estamos llamando a distintos ex titulares de las dependencias, para que aclaren y expliquen las irregularidades que hemos encontrado, y de no presentarse o no sustentarlas correctamente, deberán responder ante las autoridades y pagar con todo el peso de la ley”.
Adicionalmente la contralora gubernamental, Norma Angélica Pedraza Melo informó que 437 servidores públicos de la administración anterior no cumplieron con la presentación de su declaración patrimonial, por lo que también serán llamados a cuentas.
Al respecto, la asesora jurídica del Gobierno del Estado, Tania Contreras López denunció que se han identificado actos que implican delitos de simulación o tráfico de influencias por parte de ex funcionarios de todos los niveles, por lo que algunos ya han sido llamados a declarar para hacer las observaciones correspondientes.
Por su parte, el secretario de Administración Jesús Lavin Verástegui, agregó que hay un deterioro notable en el padrón vehicular del Gobierno del Estado y reveló que el anterior titular de la dependencia será citado para aclarar las irregularidades u omisiones detectadas.
EL DESASTRE ENCONTRADO
Desde que llegó al cargo, el gobernador Américo Villarreal Anaya encontró y denunció públicamente desvíos e irregularidades de la administración saliente encabezada por Francisco García Cabeza de Vaca.
A una semana de asumir, el gobernante reveló que la administración saliente dejó un déficit de 2 mil millones de pesos en las finanzas estatales al cierre del año fiscal.
“Se calcula un déficit de 2 mil millones de pesos para tener el cierre del presente año. Se han detectado desvíos en los programas de origen estatal, sobre todo índice social, hacia la situación de las becas que otorgaba el estado, los programas alimenticios, se ha detectado también un deterioro y abandono de equipamiento y de infraestructura que demerita la capacidad de servicios en temas tan prioritarios como la seguridad pública y en salud,” advirtió entonces el gobernador.
Refirió que además de haberse encontrado con que solo contaban con 7 millones para el ejercicio del último trimestre, el desorden administrativo revelaba obras sobrevaloradas y “moches” por 4 mil 800 millones de pesos.
“Recibimos un estado arruinado y peor aún maliciosamente saqueado. La situación que guardan las finanzas es peor de lo que se creía”.
Villarreal Anaya expreso que ante esta situación su gobierno no puede ser omiso a todo lo ocurrido en el pasado reciente y reiteró que no habrá impunidad, “porque al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.
En las graves irregularidades hasta ahora detectadas en la Secretaría de Salud, se encontró que la empresa Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V. recibió un contrato multianual por mil 150 millones de pesos, pero solo ha suministrado el primer bimestre y parcialmente el segundo bimestre, lo que repercute de manera directa en el desabasto y en la calidad de los servicios de salud.
En la Secretaría de Educación hay desviaciones por 2 mil 96.5 millones de pesos, según el reporte de la Auditoría Superior de la Federación.
En la Secretaría de Obras Públicas se detectó la acumulación de contrataciones, ampliación injustificada de los presupuestos contratados inicialmente, diferencias inexplicables y sobrevaloración de las obras que oscilan entre un 22 por ciento y un 25 por ciento.
“Este porcentaje corresponde a los moches que exigían. Nada más y nada menos que 4 mil 868 millones de moches que se pagaron durante el período anterior”, apuntó el gobernador.
Américo Villarreal apuntó que en Seguridad Pública, del total de la flota de 785 unidades, solo se encuentran activas 343, un 43.6 por ciento en operatividad. Solo 4 vehículos de cada 10 están en buen funcionamiento.
El ejecutivo estatal mencionó que el hecho de que su administración sí va a trabajar por el bien de las y los tamaulipecos para resolver el desastre heredado, no exime a aquellos que no cumplieron cabalmente con su responsabilidad y encargo, de responder legalmente por sus acciones y omisiones, advirtió.
Por otra parte, la secretaria de Finanzas, Adriana Lozano dijo que el estado está golpeado y muy herido, pues solo dejaron 7 millones de pesos; 4 millones de ingresos propios y 3 millones del Ramo 28, explicó, pero aseguró que los trabajadores del estado pueden tener la seguridad que recibirán el pago de su quincena.
Por su parte, el secretario de Administración, Jesús Lavín denunció que se han detectado aviadores, compensaciones excesivas, firmas apócrifas y hasta extorsiones para que los trabajadores firmen por cantidades menores a la que les pagan.
Alertó también sobre la basificación de personal de puestos directivos y de personal que tenía menos de 6 años de laborar en gobierno.
EL CASO DEL AUDITOR Y GERARDO PEÑA
Otro de los casos que es motivo de indagación tanto a nivel local como federal es la conducta por presuntos actos de corrupción del Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio y el ex secretario General de Gobierno, Gerardo Peña Flores, involucrados en el complot para derrocar ilegalmente al alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz.
Hasta ahora se sabe que se les investiga por desvíos de recursos, tráfico de influencias, nepotismo, soborno, cohecho peculado entre otros. También se busca a más responsables.
El punto central de la investigación es Luis Alejandro Espino Acosta, hijo del Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, quien ofreció 5 millones de pesos a integrantes del Cabildo de Reynosa para pretender derrocar al alcalde Carlos Peña Ortiz.
Otra investigación que se integra es en contra del destituido fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, Raúl Ramírez Castañeda, quien empleó la Fiscalía General de Justicia del Estado para acosar e investigar sin fundamentos a alcaldes y a una diputada local de Morena.
