Su nombre es Alicia Rueda Castillo, tiene 66 años de edad e ingresó al Hospital General “Alfredo Pumarejo” a causa de una embolia el pasado 27 de marzo. Tras dos meses de su estadía, sus familiares se niegan trasladarla a su hogar y cuidar de ella, pese a la leve mejoría de su estado de salud y la exención de pago por concepto de atención médica que las responsables del centro médico le autorizó.
Alicia yace en la cama marcada con el número 937 del departamento de Medicina Interna, sobre la pared hay una ficha con sus datos donde se puede leer la leyenda: “Abandono Social”.
Duerme, tal vez la única manera de despertar sea que sus consanguíneos se reúnan a su alrededor y acepten velar por su salud, ahora que está imposibilitada hasta de hablar.
Sandra Luz Armendáriz Cortés, trabajadora social con más de 32 años de servicio en el hospital, refiere que las personas de la tercera edad son las que recurrentemente son dejadas “a la buena de Dios”.
Expone que cada mes se registran dos de estos casos, lo que pone en apuros a esta unidad médica, pues aunque son pacientes cuyos familiares podrían atenderlos en su casa, se niegan a hacerlo.
En el caso de Alicia, la entrevistada explica que la paciente tiene parientes en la ciudad de Brownsville, Texas, pero como no hay manera de internarla legalmente en aquel país, han optado por dejarla en el Hospital Pumarejo.
“El asunto es que no se la llevan porque tengan que pagar, nosotros ya la tenemos como exenta de pago, no se la llevan porque no la pueden pasar para los Estados Unidos y alegan que no tienen dinero para pagar quien se les cuide aquí en la ciudad”, señala.
Armendáriz Cortez asegura que se ha hecho todo lo posible para que respondan por la anciana, incluso por medio del DIF municipal contactaron una clínica que puede hacerse cargo de la mujer, pero la familia sostiene que no cuenta con los recursos para pagar.
Desgraciadamente este tipo de problemas son muy comunes pues es recurrente que familias que radican en el Valle de Texas internen a sus emparentados en el Hospital General y no regresen por ellos.
“Hay pacientes indocumentados con familiares de aquel lado que los traen porque no tienen para atenderlos y los dejan a la buena de Dios. El caso de Alicia es uno de ellos, que aunque ella vive en Matamoros, nadie de los suyos que está allá quiere responder”, dice.
Agrega: “De vez en cuando vienen a verla, le traen pañales, pero de ahí en fuera, que se la quieran llevar, no”.
EN EL DESAMPARO
Las personas de la tercera edad y los connacionales deportados conforman el grueso de la problemática de abandono social en el referido sanatorio. Los adultos mayores porque representan una carga para las familias y los migrantes porque no hay quien se encargue de ellos.
“En los adultos mayores es falta de dinero, otra es que los hijos argumentan que ellos los abandonaron cuando eran niños y no sienten el compromiso de atenderlos”, comenta.
Es el reverso de la moneda, una especie de venganza de la descendencia justificada por actos de antaño que fragmentaron la unidad familiar. “Un rencor, un sentimiento de hasta venganza, los buscamos y lo que dicen es que nunca se ocupó de ellos o abandonó a su madre”, dice la entrevistada.
Refiere que hace años tuvieron un paciente llamado Carlos, quien era originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El ingresó al hospital porque lo hirieron con arma de fuego, quedando parapléjico.
Estuvo por ocho meses en el hospital, llegó a tener televisión en el cuarto donde se hospedaba, se ganó la confianza de la gente que hasta comida le llevaban. “El fue de los que abandonó, vinieron su esposo y sus hijos pero nadie quiso hacerse cargo de él”.
La trabajadora social contactó, por medio de la autoridad municipal, un albergue ubicado en aquella ciudad y lo trasladaron.
En otros casos, hay adultos mayores que viven solos y son sus vecinos quienes se encargan de ellos, pero al quedar inválidos y no poder valerse por sí mismos, las personas rehúyen adjudicarse esa responsabilidad.
En el caso de los migrantes es diferente. Muchos son deportados por esta ciudad se dedican a mendigar por las calles buscando reunir dinero para regresar a sus lugares de origen, pero entonces sufren algún accidente o se enferman por los malos hábitos alimenticios que adquieren.
También son personas que duran meses internados en el hospital pero toda la responsabilidad de su atención recae sobre el Departamento de Trabajo Social donde se ven obligados no solo a otorgarles los servicios médicos, sino a gestionar recursos para que puedan retornar a sus lugares de origen o canalizarlos a alguna asociación civil para que los asista.
“Hacemos boteo con los compañeros de los departamentos médicos, se les consigue descuento en la línea de autobús, les damos un lonche, ropa para que se puedan ir; en abril se fueron dos, uno a Veracruz y otro a San Luis Potosí”, dice.
Todas estas personas son exentadas de pago, pero ni así las familias responden por lo que el hospital tiene que cubrir sus gastos.
“La cuenta es un aproximado, no son los gastos reales, depende del tiempo que estén y de lo que se trate, pero ninguno es menor de 20 mil pesos”, declaró.
Esa es la crudeza que hay en el abandono y en las excusas para evadir todo compromiso.
“A veces se nos mueren”, sentenció la trabajadora social.
Añade que eso acarrea más problemas, pues hay que gestionar los servicios funerarios de estas personas, aunque la mayoría de ellos vayan directamente a la fosa común.
Armendáriz Cortés dijo que este problema no es nuevo, pues en 1980 una persona de nombre Pedro Trujillo duró aproximadamente dos años en el hospital y como nadie respondió por él, fue enviado a una clínica en la Ciudad de México.
Insiste: “No es económico porque están exentos de pago, sabemos que no tienen dinero, la familia puede venir o traer algo pero no quieren. No tienen voluntad, no es tanto el problema económico sino emocional, no les duele el familiar”.
El Hospital General no tiene la manera de emprender acciones legales contra los responsables de abandono, por lo que nunca se ha multado o arrestado a los familiares de los pacientes que los dejan a la deriva en el sanatorio.
En el caso de Alicia Rueda Castillo sí han emprendido acción legal, pero es el único caso y todavía no evoluciona. La entrevistada comenta que se han apoyado en el departamento jurídico de la Secretaría de Salud para encontrar una solución.
Sin embargo señaló que es necesario que el hospital cuente con un departamento legal como una manera de intentar erradicar este fenómeno social pues ni el DIF puede hacer mucho.
A lo más otorga viáticos para que los migrantes puedan trasladarse a sus lugares de origen o aporta materiales para el cuidado de los adultos mayores, más no entabla contacto con las familias, ni mucho menos emprende acción legal contra éllas.
