A lo largo de la frontera de Tamaulipas son más de mil 400 comercializadoras las que se están declarando en quiebra debido a las modificaciones del decreto que regula la importación de automóviles usados de la zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que se publicara en el Diario Oficial de la Federación a través de la Secretaría de Economía el pasado 24 de diciembre de 2008.
Dichas modificaciones al decreto que entró en vigor a partir del 1 de enero de este año han provocado que los negocios dedicados a este ramo no realicen ni una sola importación causando el despido de sus empleados.
Esta situación ha desencadenado que los empresarios dedicados a tal actividad realicen diversos plantones y marchas con el propósito de convencer al Gobierno Federal de que suspenda las disposiciones del decreto.
La primera manifestación se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2008, cuando decenas de comercializadores de autos se plantaron en la avenida Alvaro Obregón que conduce al Puente Internacional Nuevo para protestar contra el decreto para la importación de autos usados, que elevara los impuestos hasta un 300 por ciento.
Ahí hicieron entrega de folletos a miles de automovilistas que hacían fila para cruzar a Estados Unidos y solicitaban la intervención del Presidente de la República, Felipe Calderón, para que no firmara dicha ley.
El pasado 6 de enero alrededor de 200 personas, con cartelones y pancartas, se manifestaron frente a Palacio Municipal, donde cerraron la vialidad de la calle Sexta con el fin de entablar un diálogo con el alcalde de Matamoros, Erick Silva Santos, quien se comprometió a buscar una solución a la situación.
Por último el pasado 8 de enero, cientos de personas -entre dueños, empleados y desempleados de negocios dedicados a este ramo-, externaron nuevamente su inconformidad frente a las agencias de autos nuevos, Ford y Chevrolet de Matamoros, en donde lanzaron consignas al Gobierno Federal, al que acusaron de proteger a los grandes consorcios automotrices y desamparando a los que menos tienen.
Posteriormente el contingente de personas que portaba pancartas y altavoces se dirigió hasta las oficinas de Servicios de Administración Tributaria (SAT), buscando hablar con la titular de la Administración Local de Asistencia al Contribuyente, Adriana Lozano Rodríguez, quien recibió a un grupo de representantes y les pidió formular sus peticiones por escrito, para hacerlas llegar hacia las oficinas centrales en la Ciudad de México y apoyar las adecuaciones necesarias al decreto de importación definitiva.
LOS ROSTROS DE LA CRISIS
Tomás Cantú Gloria, importador de autos usados, mencionó que el decreto afectará a más de 62 mil empleos a lo largo de la frontera mexicana.
“De qué sirve que hayan congelado la gasolina si no la podemos comprar; de qué sirve que congelen la energía eléctrica si tampoco la podemos pagar”, dijo Tomás Cantú Gloria, quien agregó que no les sirve de nada que el Presidente de la República haya presentado el Plan Nacional Anticrisis, ya que con la modificación al decreto les arrebató el empleo.
Cantú Gloria aseguró que en su empresa acaba de despedir a todos sus empleados, (veinte familias) debido a la crítica situación por la que están atravesando.
Asimismo, calificó al Gobierno Federal de “Maquiavélico”, así como las acciones que realiza en contra de los mexicanos ya que están manejados por la industria automotriz.
“La venta de autos era un ingreso extra para los ciudadanos fronterizos y por añadidura un generador de economía pues los sueldos no les alcanza para vivir pero prefieren tener más delincuentes que ofrecer empleo”, afirmó.
Otra importadora afectada es Gloria Reyes, quien explicó que los vendedores de vehículos también van a desaparecer, porque no habrá clientes para los autos usados pues resulta muy caro el pago de impuestos para importarlos a territorio mexicano.
“Matamoros depende económicamente de la importación de autos usados y de las maquiladoras, pero ahora 60 mil familias quedarán sin ingresos y todo por un decreto que es muy injusto”, dijo Gloria Reyes, quien agregó que dicha situación provocará que se acabe la actividad económica y por consiguiente aumente el desempleo en la frontera.
Por su parte, Luis Armando Hernández Licona, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales en Matamoros, afirmó que la actividad ha venido a la baja de manera importante, es decir, que la importación de vehículos ha caído hasta en un cien por ciento, por ello las agencias están paralizadas.
“La importación de vehículos es una actividad que el año pasado nos mantuvo ocupados, sin embargo, con las nuevas disposiciones vemos paralizada la importación de autos”, dijo Hernández Licona, quien agregó que evidentemente la complicación de este decreto ha provocado que la actividad aduanera se encuentre sensiblemente a la baja.
“Estoy seguro que dada la situación muchos colegas los ha llevado a desocupar a su personal, aunque el compromiso de los agentes aduanales es mantener el empleo, pero evidentemente si baja la actividad se tienen que tomar medidas drásticas”, sentenció.
AFECTA A TODOS
Algunos otros negocios como gasolinerías, hoteles, restaurantes, tiendas de auto servicio y centros comerciales, mismos que formaban parte de la gran industria paralela del mercado de autos también se verá afectada por esta medida.
Rubén García es un claro ejemplo de cómo está afectando la situación a diversos sectores productivos de Matamoros. Propietario de un puesto de tacos instalado en la antes muy transitada calle 3 de Matamoros, epicentro del mercado de autos usados en esta frontera.
“Meses atrás ni siquiera se podía caminar por aquí de tantos compradores que acudían de otras partes de país a los lotes de autos usados, situación que me beneficiaba, ya que en un día llegaba a vender de mil 500 a 2 mil pesos y actualmente solamente llego a vender 500 pesos por día”, dijo.
Otro ejemplo es Rodolfo Martínez, dueño de un lote de carros usados, quien aseguró que las ventas están totalmente detenidas.
“Aquí ya no hay negocio, ninguna persona se acerca ni siquiera a preguntar por el precio de un carro, de seguir así la situación tendremos que buscar otra alternativa de trabajo ya que la venta de carros está muy fregada por el nuevo decreto”, explicó.
BUSCAN SOLUCIONES
El pasado 8 de enero, dirigentes del comercio organizado se reunieron con Juan José Bravo Moisés, director general de Aduanas con el objetivo de analizar la compleja situación que afecta a los comerciantes de autos usados en la frontera.
Después de escuchar cifras, datos y estadísticas de los inconformes, el funcionario federal reconoció que “Se le pasó la mano a la autoridad” y ordenó abrir una mesa de negociación, buscando reformar el decreto con relación a los elevadísimos precios estimados que le son asignados a los vehículos para el pago de impuestos.
Y es que en un ejercicio realizado ante el funcionario federal, se comprobó que un vehículo Dodge Caravan que en 2007 pagaba aproximadamente 2 mil 500 pesos de impuestos, en el 2008 pagó 5 mil pero en el 2009 tendrá que pagar 23 mil pesos.
Asimismo, se puso de manifiesto que el pasado mes de diciembre se importaron por Matamoros más de 15 mil vehículos mientras que en lo que va del 2009 se habían importado alrededor de 300 vehículos en toda la franja fronteriza, lo que habla de la magnitud del daño económico que este decreto representa para la frontera.
Los representantes del comercio organizado consideraron que el decreto en los términos que se encuentra, fomentará el contrabando de autos al interior de la República, ya que los vehículos entrarán al país “de una u otra forma”.
HAY ESPERANZA
Desde el 12 de enero una comitiva de comerciantes, alcaldes, diputados federales y senadores se trasladaron a la Cuidad de México con el fin de buscar una solución a la problemática que los aqueja.
El grupo sostuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid, en la que aseguraron lograr avances significativos al acordarse realizar de nueva cuenta una revisión al decreto de importación de autos, mismo que de estar equivocado, se modificará.
En dicha reunión estuvieron presentes los alcaldes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Ramón Garza Barrios; José Reyes Ferriz de Ciudad Juárez, Chihuahua y Marco Antonio Martínez Dabdoub, de Nogales, Sonora. Asimismo asistió el Presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, el senador, Alejandro González Alcocer, como los diputados federales, Horacio Garza Garza, de Nuevo Laredo y Enrique Serrano de Chihuahua, además, en representación de las Cámaras de Comercio de La Frontera, Julio César Almanza Armas, Vicepresidente de Fronteras de FECANACO, así como Daniel Cerecedo, Presidente de la Federación de Asociaciones de Importadores de Autos y los presidentes de las Cámaras de Comercio, de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.
Para exponer la problemática, Julio Almanza Armas manifestó a detalle lo que está sucediendo en la franja fronteriza con la importación de autos, asegurando ante el Subsecretario de Ingresos, José Antonio Mid, que no se retirarían del lugar hasta que no se les diera una solución al problema que se planteaba, solicitando se modifique el decreto de importación de autos usados, el cual ha causado un serio malestar al poner fuera de la realidad los costos de los impuestos que hay que pagar para la importación de los vehículos.
Por otra parte, el alcalde de Nuevo Laredo, Ramón Garza Barrios, subrayó la preocupación de los alcaldes por la situación, asegurando que implicaba un fuerte problema social, político y de seguridad pública. Exigiendo a las autoridades de Hacienda dieran marcha atrás a este decreto.
Además, el diputado federal, Horacio Garza Garza, mencionó las movilizaciones sociales que en Tamaulipas se estaban llevando a cabo y sentenció que estas seguirían subiendo de tono, tanto los organismos y la sociedad, las apoyarán ante la desesperación que ya causa la falta de actividad.
“No es justo que por decisiones insensibles tomadas desde un escritorio en la Ciudad de México, se lesione fuertemente la actividad económica de las fronteras, y se pongan en riesgo más de 60 mil empleos no sólo en la frontera de Tamaulipas”, dijo.
Después de escuchar las estadísticas que reflejan el perjuicio económico de este decreto además del fuerte problema social que representa, José Antonio Mid aceptó que no se busca lesionar la actividad económica y reconoció que si el decreto tiene errores estos deben corregirse.
Ante la posición de la comitiva de no abandonar el Palacio Nacional hasta en tanto no llevarse una respuesta, el funcionario federal giró instrucciones para se abran mesas de trabajo con el fin de revisar la lista de precios estimados, debido a que es considerada por los importadores como excesiva.
Por tanto, ordenó un exhaustivo análisis a todo el contenido del decreto con la participación de los afectados, esperando que los resultados de esta reunión dejen beneficios para los habitantes fronterizos.
