Los diputados que integran la bancada de Morena en el Congreso Tamaulipeco, tomaron la decisión de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una “acción de inconstitucionalidad”, con toda intención de lograr quede sin efecto la sesión en donde los 22 diputados del PAN y una de Movimiento Ciudadano concedieron permiso al Ejecutivo para endeudar al Estado por la cantidad de 4 mil 600 millones de pesos a cubrir en 20 años.
A una semana de la exhibición del documento llevado por los diputados del Bloque Del Norte, encabezado por Rigoberto Ramos Ordóñez, se acordó para que sea presentado a la brevedad posible en el más alto tribunal de la Nación.
Rigoberto Ramos Ordóñez, diputado local de MORENA, recabó entre sus nueve compañeros de Legislatura, sus firmas en la solicitud de promoción de una controversia constitucional contra el préstamo del Ejecutivo Estatal por 4,600 millones de pesos.
Pero faltan dos firmas para cumplir el requisito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para poder darle trámite.
Los diputados del partido tricolor Olga Garza Rodríguez, de Reynosa; Yahleel Abdalá Carmona, de Nuevo Laredo, y Tino Sáenz Cobos, de Ciudad Mante, votaron el 8 de abril en contra la contratación promovida, se les está convocando a que otorguen esas dos firmas.
En la sesión del miércoles 8 de abril, la bancada del PAN que tiene el control del Congreso, incurrió en tres graves ilegalidades, para hacer aprobar la iniciativa de decreto para contratar los 4,600 millones de pesos.
Estos son los errores cometidos a propósito por los 22 diputados del PAN más Patricia Pimentel Ramírez: no incluyeron en la orden del día, la presentación de la iniciativa del Ejecutivo, no fue turnada a comisiones y se aprobó sin previa discusión.
Rigoberto Ramos Ordóñez, diputado federal de Reynosa, en su primera declaración a la prensa, aclaró que más que el monto del préstamo, lo alarma que no existan reglas de operación.
Es decir, como no está explicado en detalle la manera en que se gastará la enorme fortuna, dejando el manejo a la discrecionalidad, da lugar a la suspicacia de que se producirán irregularidades.
Por consiguiente, Rigoberto se dio a la tarea de intercambiar puntos de vista con otros legisladores hasta llegar al acuerdo de hacer un frente que promueva la derogación del acuerdo de la mayoría panista.
Decidieron que la vía idónea para conseguirlo es una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que los Ministros se percaten de este despropósito alentado por el Ejecutivo.
Uno de los requisitos que deben cumplirse para presentar esta acción, es fundamentarla con la firma de cuando menos doce integrantes del Congreso local. Para ese efecto, el diputado fronterizo Ramos Ordóñez tiene estampadas en el documento, las diez firmas de los miembros de la bancada de MORENA.
Pero les faltan dos firmas, y tienen que ser, necesariamente, de diputados del PRI.
A una semana de la exhibición del documento llevado por los diputados del Bloque Del Norte, encabezado por Rigoberto Ramos Ordóñez, se acordó para que sea presentado a
la brevedad posible en el más alto tribunal de la Nación, por la diputada Edna Rivera.
El documento irá estampado con las firmas de los diez legisladores que conforman el grupo Parlamentario de Morena, más dos, que se espera, sean del PRI, con lo que se será una resolución a favor del pueblo, evitando el endeudamiento criminal a las futuras generaciones.
De lograrse el objetivo, se estará mandando un mensaje claro al ejecutivo, en el sentido de que las cosas en el Congreso se habrán de dar dentro de los lineamientos de la ley interna del mismo, dejando atrás las viejas prácticas en que, con el mayoriteo de una fracción se cometen todo tipo de abusos y arbitrariedades.
