Por abuso de autoridad y amenazas, familias del ejido Francisco I. Madero y aledañas a esta región citrícola de Tamaulipas exigen la destitución de un grupo de agentes de la policía preventiva de Hidalgo, Tamaualipas, a quienes acusan de haber rebasado el límite de su autoridad.
El problema inició cuando el hijo de Raúl Vázquez y Leonor Romo había recién capturado unos peces para consumo de su familia la tarde del lunes 20 de octubre en el río Corona.
El nombre de este joven es Guadalupe Vázquez Romo. Un adolescente de 16 años de edad quien por ayudar a sus padres en el sustento alimenticio, acudió esa tarde al río a pescar como lo había hecho en anteriores ocasiones.
Cuando iba de regreso a su hogar, unos agentes de la policía preventiva de Hidalgo destacados en esta región citrícola, detuvieron al joven en un paraje cercano a su domicilio que se encuentra en una de las 10 comunidades que conforman la región de Santa Engracia, ubicada en el kilómetro 14 de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, con dirección a la sierra.
La entrada a esta comunidad es una avenida que une los más de 10 ejidos existentes y es por ahí, donde uno tiene que adentrarse hacia el ejido Francisco I. Madero, el último en el eslabón de esta región citrícola.
Raúl Vázquez Barrón y Leonor Romo Castro son parte del grupo de las familias humildes que residen en ese sitio.
Raúl, de oficio jornalero, accedió charlar con Hora Cero. Su esposa que es ama de casa sigue el ejemplo y muestra su impotencia contra quienes le han advertido darle un “levantón” si recurre a las autoridades.
EL TESTIMONIO
Visiblemente indignados, los padres cuentan la desventura de su vástago.
“Los policías dijeron que el motivo de la detención de mi hijo fue que se encontraba en posesión de algunos peces que había recién capturado en el río Santa Engracia, también conocido como el río Corona, con el argumento de que está prohibida la pesca en esta época del año. Lo que me extraña es que por qué hasta ahora reaccionan de esa forma, si siempre acostumbramos a pescar en este río para nuestro consumo personal, siempre”, dijo Raúl.
Los padres del afectado coinciden en señalar que a su hijo lo tuvieron detenido por más una hora además de que lo amenazaron.
“Lo amenazaron con darle una ‘calentada’”, aseguró la madre del menor a lo que su esposo agregó: “sí, lo amenazaron con golpearlo en caso de que se negara a decirles quién mas se dedicaba a la pesca, cuántas personas y sus nombres, entre otra información que mediante violencia psicológica pretendían obtener”.
Los quejosos indicaron que su hijo permaneció esposado como si se tratara de un delincuente peligroso, cuando en su comunidad todos pueden dar testimonio de la honorabilidad de la familia.
La pareja relató que después de una hora de mantenerlo retenido y esposado, lo trasladaron a la delegación municipal ubicada en Estación Santa Engracia, donde también se encuentran las oficinas de seguridad pública. Ahí lo recluyeron en una de las celdas.
Cuando los padres del detenido acudieron a la delegación para preguntar por su hijo, los asustaron.
“Su hijo esta metido en un grave problema”, fue lo que Leonor recordó haber escuchado de uno de los policías en la delegación.
“Nos dijeron que podíamos resolver el problema pagando una multa de dos mil pesos, dada nuestra condición económica tuvimos que recurrir con vecinos y amigos y reunimos solamente la cantidad de mil 400 pesos; llegamos a la delegación, les entramos el dinero y ellos no nos expidieron comprobante alguno ni tampoco algún documento en el que constataran los cargos de que según era responsable nuestro hijo”, sostuvo la señora Romo.
Ese mismo día, un poco más tarde, los agentes policíacos se llevaron una pequeña lancha que la familia Vázquez Romo tenía atracada en la presa que se localiza al norte del poblado Francisco I. Madero.
Esta lancha la usan para pescar en el río cuando está permitido, sin embargo, ahora inexplicablemente no se encuentra en las instalaciones de la delegación de policía.
Aún con la amenaza de los policías, la familia Vázquez Romo ya denunció los hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Secretaría Particular del gobernador del Estado, Eugenio Hernández Flores y los integrantes del Congreso local.
Hasta ahora, indican, no han recibido respuesta de las autoridades, pero confían en que se haga justicia ante los abusos que se cometieron en su contra.
TAMBIEN CONTRA PERIODISTAS
Cabe destacar que hace unos meses el reportero del periódico La Verdad, de Ciudad Victoria, Víctor Molina de León, fue víctima de brutalidad policíaca por parte de agentes preventivos, quienes lo agredieron cuando se encontraba con su esposa y uno de sus hijos.
“Estábamos reunidos festejando, cuando de manera intempestiva llegó la policía municipal preventiva y nos agredieron sin motivo alguno, nos subieron de manera violenta a las unidades y en el trayecto nos golpeaban sin consideración incluso cuando llegamos a las celdas continuaron los golpes”, relató.
Y especificó: “Según los policías mi esposa apedreó la patrulla y también los agredió a botellazos, cosa que es totalmente falsa”.
Minutos después de presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el periodista recordó la advertencia que le hicieron mientras estaba detenido una mujer policía y otro agente preventivo: “Me insultaron, me patearon y me amenazaron, me dijeron, te vamos a dar una pinche tabliza cabrón”, relató.
Ante estos hechos, el pasado 10 de octubre el comunicador interpuso una denuncia ante la Agencia Segunda del Ministerio Público con sede en Ciudad Victoria en contra el coordinador operativo de la policía preventiva, Arturo Guerra Ortega por los delitos de abuso de autoridad, prepotencia, agresiones físicas, allanamiento de morada y los que resulten, así como en contra de los agentes que participaron en la golpiza perpetrada en contra de su familia.
Por su parte el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos José Bruno del Río Cruz, dijo que en Tamaulipas los integrantes de las policías municipales encabezan la lista de quejas por violaciones de los derechos humanos.
“La preocupación de la Comisión son las infracciones que cometen los policías municipales de Tamaulipas y el 55 por ciento de las quejas existentes en la CEDH a nivel estatal son contra policías municipales”, indicó del Río Cruz.
