Dos meses después de que las bancadas del PAN-PRI en el Congreso local decidieran -excluyendo a Morena- la integración de la Comisión Permanente y reformaran y adicionaran leyes para seguir blindando al gobernador saliente Francisco García Cabeza de Vaca, otorgando mega poderes a la Fiscalía, dándole el control de la policía preventiva y la discrecionalidad para controlar el padrón de proveedores del gobierno, así como los cambios a Ley de Aguas y la aprobación de 179 cuentas públicas al vapor, el Tribunal Electoral de Tamaulipas echó todo abajo, por lo que el ejecutivo saliente, que mediante sus diputados tenía minado el camino al gobernador entrante, pierde la batalla.
Si bien, durante la sesión del pasado 30 de junio la alianza del Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional en el Congreso local acordó reformas y enmiendas legales que dotaban de súper poderes a la Fiscalía General de Justicia, por encima del gobernador que inicia gestión el próximo 1 de octubre y blindaban a la saliente administración cabecista dándole un poder transexenal, el 29 de agosto el Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) tumbó de tajo todo el andamiaje ilegal armado por los prianistas.
Aunque desde un principio los morenistas advertían que todo el trabajo arbitrario hecho por los panistas iba a ser tumbado por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, fue la autoridad local la que se encargó de desechar literalmente lo que los albiazules aprobaron, según advierten, orquestado y ordenado desde Palacio de Gobierno.
“Qué podías esperar de los diputados de esta legislación panista, ellos actuaron mal porque no pensaron, solo le hicieron caso al secretario de Gobierno, a su gobernador, tomando en cuenta –como siempre- solo sus intereses de grupo y olvidando al pueblo”, dijo el diputado local por Morena Humberto Prieto.
El lunes 29 de agosto, el Trieltam revocó de entrada la determinación mediante la cual se integró la Diputación Permanente del Congreso local, y dejó sin validez la reforma a la Ley de la Fiscalía General de Justicia, así como más de 179 dictámenes aprobados por los diputados del PAN en la última sesión del pasado periodo ordinario.
Tras un debate de más de tres horas, los magistrados René Osiris Sánchez, Edgar Danés y Gloria Reyna votaron a favor de la ponencia de Edgar Iván Arroyo, mientras que la presidenta del Trieltam, Blanca Hernández Roja emitió su voto en contra.
Entre las reformas más polémicas que se vienen abajo destacan las de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia local.
Los dictámenes de ley fueron presentados por el PAN a dos días de que concluyera el periodo de sesiones, mediante la Oficialía de Partes.
Lo que no hicieron en 5 años y ocho meses lo tramitaron los panistas tras perder la gubernatura. De esta forma, trasladaban el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y el Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (Caiet) y el C-4 y C-5 a la Fiscalía General de Justicia del Estado.
En plena madrugada del viernes 1 de julio, con 19 votos a favor y 17 en contra, la bancada del Partido Acción Nacional consumó su cometido al aprobar las reformas para crear la súper Fiscalía de Justicia, con lo que, de acuerdo a la bancada de Morena, blindaban al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a meses de terminar su mandato.
Además, le entregaban al fiscal el control del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), la policía creada por el gobernador Cabeza de Vaca, acusada de homicidios y abusos.
Con los cambios legales se dotaba al titular de la fiscalía de todas las facultades para nombrar a quienes encabezarán las referidas dependencias, otorgándole todo el poder.
Para el diputado morenista Marco Gallegos, los panistas trataron de erigir una especie de “gobierno paralelo” con súper facultades y un alto presupuesto, recursos humanos, infraestructura y tecnología.
“Entonces todas esas facultades que son constitucionalmente otorgadas al Gobernador del Estado se las querían dar al fiscal. Si hubiera sido tan buena esa estrategia, porque no la hicieron antes, porque no la hicieron al principio de su gobierno”, cuestionó Gallegos.
De entrada, el Trieltam, que hizo eco de la apelación presentada por los diputados morenistas Gabriela Regalado y Marco Gallegos, quienes no fueron tomados en cuenta para integrar la diputación permanente, y consideró que los panistas procedieron al margen de la ley.
La mayoría de los magistrados concluye que la Permanente fue aprobada fuera del procedimiento establecido en la ley del Poder Legislativo, pues la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, a cargo del panista Félix García Aguiar, no convocó a un acuerdo para votar por tercera ocasión la terna para el periodo correspondiente.
En este tema, la autoridad electoral local también consideró válido el reclamo de los diputados Gustavo Cárdenas y Úrsula Salazar, tras quedar marginados del órgano legislativo.
En tanto, mediante la reforma a la Ley de Adquisiciones, que también queda anulada, los panistas, con la ayuda de priistas, autorizaban para que la Fiscalía General de Justicia del Estado sea la única dependencia autorizada para expedir la ‘Carta de No Corrupción’.
De acuerdo con la bancada de Morena, con este documento, las empresas del gobernador saliente podrán seguir participando como proveedores del Estado. “Una muestra más de la voracidad y ambición con que actúa el PAN y su jefe Francisco García Cabeza de Vaca”, aseveró en su momento la coordinadora del grupo parlamentario de Morena.
Desde un principio, para Morena era claro que Cabeza de Vaca y sus diputados querían dinamitar el actuar del próximo gobierno morenista, doctor Américo Villarreal Anaya.
Otro dictamen que se derrumba fue la designación de José Ángel Walle como Consejero de la Judicatura, que a juicio de Morena, lo aprobaron al vapor para continuar con el blindaje al gobernador saliente.
Lo que también queda sin efecto fue la aprobación de las 179 Cuentas Públicas que presentó en paquete el diputado morenista, Jesús Suárez Mata, algo que desde un principio resultó más que sospechoso para la bancada de Morena.
En su momento la diputada Magaly Deándar denunció que las cuentas públicas fueron aprobadas con ‘encubrimiento y complicidad’, sin revisarlas a fondo y sin rendirle cuentas a los tamaulipecos.
Las reformas a la Ley de Aguas que aprobaron los panistas y que también se cayó, pretendía modificar quién tiene derecho a ser parte del Consejo, que toma las decisiones por votación, con la intención de involucrar más a la Iniciativa Privada, que tiene injerencia en las obras del ramo, por lo que para Morena estaban tratando de privatizar el servicio.
SE IMPONEN LA LEY Y LA JUSTICIA
Para Morena, la resolución del Tribunal Electoral de Tamaulipas puso en evidencia el descaro con el cual actuaron los diputados panistas en la sesión del pasado 30 de junio y representa un triunfo de la justicia, la legalidad y la transparencia.
Tras conocerse el veredicto del Trieltam que votó a favor de la demanda interpuesta por la violación a sus derechos político-electorales, los diputados de Morena confirmaron que con esta resolución se revoca la Diputación Permanente que está en funciones y que todos los asuntos abordados después de las primeras 5 horas de la sesión del 30 de junio quedan sin efecto, por prorrogar la sesión de forma unilateral e intransigente.
“Lo anterior deja sin efecto las reformas al tema de seguridad y procuración de justicia, así como del agua, la elección del Consejero y sobre las cuentas públicas que afectaban flagrantemente al pueblo de Tamaulipas, decisiones tomadas al vapor, con el único objetivo de proteger los intereses de la pésima administración de Cabeza de Vaca”, expusieron los diputados morenistas.
“Además es una muestra de que la justicia al final siempre se impone”, agregaron.
Los legisladores de Morena denunciaron que los panistas actuaron y han venido siguiendo órdenes de su jefe político, el gobernador saliente.
“Nosotros seguiremos firmes en nuestra búsqueda de la legalidad y transparencia, cada vez falta menos para que la Cuarta Transformación llegue de la mano del doctor Américo Villarreal Anaya y en su gobierno nadie podrá estar por encima de la Ley y mucho menos por encima del bienestar del pueblo”.
