El operativo “Monarca”, implementado por el Gobierno del Estado en el municipio de Río Bravo, es dirigido a comerciantes de unidades de procedencia extranjera, las cuales no acreditan su estancia en el país. Más que un asunto de legalidad, podría tener tintes políticos de cara a los próximos comicios electorales.
Un nuevo conflicto se cierne en la frontera a unos meses de que se celebren las votaciones para renovar las curules del Congreso local y que, conforme se va desplegando, está produciendo quejas, confusión, manifestaciones y disturbios.
Una vez más los coches ‘americanos’ se encuentran en la mira de una polémica, porque el Gobierno de Tamaulipas reanudó los operativos que en 2017 llevó a cabo en 2017 en otras ciudades para decomisar unidades y esta vez fue en Río Bravo.
Los afectados piden que les devuelvan sus vehículos, mientras que el ayuntamiento –en su calidad de mediador – se deslindó de los hechos, pero exigió respeto a las autoridades estatales por hacer embargos sin haberle notificado y originar protestas en contra de la presidencia municipal y el alcalde.
De acuerdo con fuentes cercanas al gobierno estatal la medida es para combatir delitos como el robo de vehículos y autopartes, que presuntamente son ofertados en agencias de autos usados, en la vía pública y deshuesaderos.
El pasado 2 de febrero dependencias como la Secretaría de Finanzas y la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), en cooperación con corporaciones de seguridad, incautaron 28 coches, los cuales fueron trasladados en grúas hasta un corralón.
Sin embargo, los propietarios denunciaron abusos de autoridad, daños en propiedad ajena y allanamiento de morada sin una orden de cateo de por medio, por lo cual ya interpusieron denuncias ante las agencias del Ministerio Público de la Federación.
¿RUPTURA POLÍTICA MUNICIPIO–ESTADO?
A pesar de que el decomiso de unidades es única y estrictamente realizado por parte del ejecutivo estatal, las protestas estallaron contra el ayuntamiento, que quedó en medio de la polémica.
Horas posteriores al aseguramiento de autos en Río Bravo, una propiedad perteneciente al alcalde, Carlos Ulivarri López, fue incendiada intencionalmente.
Con base a reportes de prensa el edil habría recibido amenazas de muerte tras la puesta en marcha del operativo “Monarca” en esa ciudad, aunque esa medida no es de su competencia.
En un video divulgado la noche del domingo el presidente municipal se desmarcó de las medidas para incautar coches en su municipio y evidenció una falta de coordinación de los tres órdenes de gobierno, así como una posible ruptura política con el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
“Estos operativos dañan a nuestra ciudadanía, pero lo peor es que no avisan al gobierno municipal, para el que no hay un respeto. Voy a donde está el problema, hablamos con las partes involucradas en la venta de vehículos americanos, que no debe de hacerse en la vía pública, y hablamos también con las autoridades (estatales) y entendieron que tenían que darles la oportunidad que las personas que venden autos se los llevaran, ya que es su patrimonio y de eso viven.
“Se entregaron los vehículos, nos retiramos, nos despedimos y al rato, como a las tres horas, resulta que como quiera se llevaron otros vehículos”, afirmó el edil.
Visiblemente afectado, tras haber confirmado que una quinta de su propiedad fue siniestrada como represalia, Ulivarri López expresó que las autoridades tanto federales como estatales necesitan primero consultar a los presidentes municipales antes de implementar operativos en las demarcaciones locales.
“Que sepan el daño que se está ocasionando. Después de eso, porque ya muchos saben en las redes sociales, se quema la cabaña que tengo diciendo que lo están haciendo por haberse metido con la ciudadanía. Vuelvo a repetir ¡yo no lo hice! Lo hizo el gobierno estatal y federal”, aclaró.
El presidente municipal de Río Bravo reiteró que dicha estrategia pertenece a corporaciones de la federación y al estado (compuestas por la Policía Estatal, Federal; el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México).
Y reconoció que en las afectaciones hay ciudadanos cuyo patrimonio depende de la venta de vehículos de procedencia extranjera.
“Creo que debemos de aprender que debe de haber un respeto al municipio y también decirles a las personas que hicieron el daño material que por ahí no es…”, insistió.
CIERRAN CALLES EN PROTESTA
No obstante, si bien los operativos no dependen del gobierno municipal, las manifestaciones de las personas afectadas con el embargo de sus unidades fue contra el ayuntamiento.
El martes 5 de febrero portando pancartas, un grupo de ciudadanos se quejaron afuera de la presidencia. Los inconformes pidieron que las autoridades detengan los decomisos y les sean devueltas sus unidades.
Mostraron leyendas como “no nos quiten nuestro patrimonio”.
Los comerciantes de unidades de procedencia extranjera pidieron dialogar con el alcalde, Carlos Ulivarri, para que interceda ante el ejecutivo estatal.
En las redes sociales circula un video de la protesta con miles de reproducciones, en el que se observa como los inconformes bloquearon la rotonda de acceso a la presidencia municipal.
Acusaron que los agentes ingresaron ilegalmente a sus domicilios para llevarse los vehículos sin ningún oficio emitido por un juez.
“Me sacaron los carros de mi propiedad y todavía se molestan de que pongo una denuncia por abuso de autoridad y me están amenazando. Tuve que cambiar mi número de teléfono.
“A la gente le están robando con los operativos que hay en la ciudad de Río Bravo. Estamos hartos en el pueblo de que venga gente ajena a que nos robe.
“Queremos que el presidente municipal nos atienda, que nos dé una solución y le pedimos al señor gobernador que nos ayude, que nos regrese nuestros carros, que se vayan los operativos, porque a lo único que han venido al pueblo es a dañarlo y a despojarlo de su patrimonio que tanto esfuerzo nos ha costado.
“Hasta ahorita son años de trabajo, para que vengan unas personas con unos chalecos y unas credenciales a robarnos”, denunció una de las personas en la protesta.
“TENGO MIEDO”: ULIVARRI
En tanto, el presidente municipal de Río Bravo dio a conocer que ha renunciado a la asignación de guardaespaldas, con lo que dejó entrever que no quiere problemas que afecten la seguridad de las personas que trabajan a su alrededor.
“En este caso, desde ahorita les digo que los muchachos (escoltas) que me pusieron para que estuvieran atrás de mí cuidándome les voy a decir que se alejen de donde estoy. No voy a traer chofer, no voy a traer asistente. Sábado y domingo voy a estar con mi familia y de lunes a viernes voy a andar solo.
“Espero que se entienda el mensaje para aquellas personas que me están dando a entender que pueden ocurrir cosas peores si siguen los operativos: me acaban de decir (las autoridades del Estado) que va a durar un mes. Van a seguir.
“Yo voy a seguir con mi trabajo normal, pero solo. Y si vuelve a venir otro operativo me vuelvo a meter otra vez y a dar la cara otra vez… Yo no me voy a rajar y voy a proteger a mi ciudad, voy a proteger a mi gente”, aseguró.
Ulivarri López reconoció que los empleados del ayuntamiento tienen temor por los acontecimientos violentos que se han suscitado a raíz de los decomisos.
“Al personal de presidencia, bueno, ya se están poniendo las cosas un poco complicadas… También entendería que el día de mañana a lo mejor no quisieran trabajar. Lo entiendo y lo sé, yo también tengo miedo, ¡tengo mucho miedo!, pero me daría más miedo no levantar la voz y no defender a mi gente, me daría más miedo no defender lo nuestro.
“Al público en general, voy a seguir igual, hasta donde yo pueda, pero espero que el día de mañana, todo el esfuerzo que estamos haciendo y ojalá y no ocurra lo que estoy pensando (un ataque a su persona)… pero si llega a ocurrir que no agachen la cabeza, que no agachen la cabeza ni con los gobiernos ni con cualquier otra persona.
“Nadie va a venir a defender lo que es de nosotros y nomás nosotros y les pido a todos que levantemos la cabeza, gracias”, fueron las declaraciones de Carlos Ulivarri López.
CONTINUARÁ EL OPERATIVO
Mientras la comunidad de Río Bravo solicita al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que detenga los decomisos de unidades de procedencia extranjera, Arturo Soto Alemán, subsecretario de Finanzas e Ingresos del gobierno de Tamaulipas, anunció que la medida va seguir en la frontera y está dirigida “contra aquellas organizaciones criminales que se dedican al robo y venta de unidades de procedencia extranjera robadas”.
En declaraciones vertidas a los medios el funcionario expresó que los operativos fueron puestos en marcha en establecimientos con operaciones ilícitas y venta de autos con reporte de robo.
“Nunca fue una acción masiva en contra de los ciudadanos. Teníamos previamente identificados nuestros objetivos”, indicó.
No obstante, pese a que el Gobierno de Tamaulipas promueve estas medidas para limitar el financiamiento de grupos delincuenciales y de que a principios de febrero del año en curso se decomisaron 28 unidades, no hubo personas detenidas.
Los manifestantes aseguraron que no son delincuentes, sino comerciantes de autos usados.
Así, los habitantes del municipio de Río Bravo, en el que se avecinan las campañas electorales para los comicios del 2 de junio, han expresado temor de que el gobierno les incaute sus unidades de origen americano.
En noviembre de 2017 se implementó un operativo similar en las ciudades de Reynosa y Matamoros en el que se decomisaron alrededor de 142 vehículos de procedencia extranjera, lo que también derivó en una ola de manifestaciones y consignas. En Río Bravo, por lo pronto, se mantiene la polémica.
