El alcalde de Nuevo Laredo, Ramón Garza Barrios, se deslindó de toda responsabilidad con relación a un fraude de 18.2 millones de pesos, cometido en perjuicio del Fideicomiso de Reservas Territoriales, que implica a varios funcionarios de la anterior administración municipal que investigan las autoridades judiciales.
Al ser entrevistado con relación a este caso, dijo que corresponde a la Procuraduría de Tamaulipas dar detalles de otros presuntos implicados, y aunque no proporcionó nombres, dijo que habrá que esperar a que las instancias judiciales den a conocer los avances de sus investigaciones.
“A mi no me gustaría adelantar ninguna información, sólo me gustaría esperar a que sea la procuraduría (de Tamaulipas), la que deslinde todas las responsabilidades. Pero he dicho que nuestra posición es aplicar todo el rigor de la ley a quien cometa actos delictivos, y así lo será siempre”, expresó el edil.
De esta manera resumió el funcionario su postura con relación a los señalamientos que se hicieron el pasado fin de semana en contra de Argelio Aréchiga Guajardo, Adriana V. Villarreal Garza y Yolanda Castillo Muñiz, quienes presentaron su renuncia el viernes ante el edil.
Los ex funcionarios municipales ocupaban los cargos de director del Sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); director de Industria, Comercio y Fortalecimiento al Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico, y subdirectora de Promoción Turística, de la Dirección Municipal de Turismo.
Sobre la probable implicación de más funcionarios o ex funcionarios municipales que pudieran estar relacionados a este fraude, dijo Garza Barrios que ya solicitó al procurador del estado, José Guadalupe Herrera Bustamante, “que sean muy puntuales y que de manera atinada y expedita, lleven a cabo este procedimiento lo antes posible, para tranquilidad de la ciudadanía”, expresó.
Precisó Garza que dos de los implicados trabajaban en el Fideicomiso de Reservas Territoriales, y se refirió a Argelio Aréchiga, quien era subdirector jurídico, y Adriana Villarreal, quien era la administradora.
A Yolanda Castillo el edil la deslindó de este caso, argumentando que su renuncia se debió a ‘motivos personales’, de los que no detalló, pero dijo que en los tres casos fueron asuntos personales.
Una vez oficializadas las renuncias, dijo el edil que está analizando propuestas que ya le presentaron, aunque señaló que pudiera ser mediante una reubicación la ocupación de esos puestos que hasta hoy permanecen acéfalos.