Nuevo León se sumó a los estados de Hidalgo, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro y Tlaxcala que han declarado la tauromaquia como Patrimonio Cultural de la entidad.
Actualmente México es el segundo país del mundo con mayor número de plazas de toros con 216 y celebra una media de 800 eventos taurinos al año con 262 ganaderías dedicadas a la crianza del toro de lidia.
El pasado 5 de abril los diputados locales en su mayoría del PAN y PRI, aprobaron las reformas a la Ley de Patrimonio Cultural del Estado que declaran actividades como la charrería, el rodeo o jaripeo, carreras de caballos, cabalgata, pelea de gallos y la tauromaquia como “culturales”.
Ahora corre un plazo de 90 días para adecuar los reglamentos a fin de que sean los gobiernos municipales quienes otorguen los permisos para que se lleven a cabo este tipo de espectáculos.
La aprobación fue festejada por empresarios galleros como Israel Cervantes, quien destacó que estas reformas a la ley tienen tres objetivos principales: evitar la clandestinidad y riesgos, fortalecer las fuentes de empleo y respetar la identidad de todas las personas que tienen diferentes formas de pensar.
“Hay personas que tienen diferentes gustos por distintas razas o especies y debemos respetarnos sobre todo investigar, porque los animalistas consideran que es un maltrato, cuando en realidad nosotros los cuidamos y muchas veces dejamos de comer para darles su alimento o vitaminas”, comentó Cervantes.
Por su parte Manuel Sescosse, ganadero, empresario y presidente de Tauromaquia Mexicana A.C., agregó que es importante recordar que hay muchas fuentes de empleo que están dentro de estas tradiciones, desde pastores, veterinarios, empresas de alimento, además que generan una derrama económica en el Estado.
“Yo respeto a las personas que no apoyan esto, sus pensamientos son motivados por empresas extranjeras animalistas que están orientadas hacia animales de casa, mascotas, en el caso de los animales que son como toros o gallos, tiene un ambiente natural privilegiado en donde se conservan”, dijo.
Ante esta aprobación diversas organizaciones en favor de los derechos de los animales manifestaron su postura en contra de los 30 votos a favor que hicieron posible la aprobación de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado.
La activista Mely Ramos, conocida como la “Abogada de los perros”, cuestionó los intereses económicos que están por encima de la vida de los animales y el ignorar a la ciudadanía que se ha ido posicionando de forma creciente en contra el maltrato animal por parte de los políticos.
“Sin dar crédito, los animalistas de N.L. hemos visto a los diputados del PRI, del PAN y algunos de MC de la Legislatura LXXVI dar la espalda a los animales del Estado y a la sociedad civil organizada que hemos trabajado para el bienestar animal y en beneficio de la comunidad.
“Han aprobado como patrimonio cultural a varias actividades violentas, en donde se maltrata y sacrifica con crueldad a un animal, como parte de una estrategia que ha oscurecido a varios estados previos al nuestro.
“Con las corridas de toros y las peleas de gallos desaparece el respeto por la vida y es un antagonista del bienestar animal, se usa la fuerza como medio de dominación, dando entrada a la violencia en su máxima expresión que después se replicará dentro de las familias, con la pérdida consecuente de la empatía”, enfatizó.
Ante la aprobación en el Congreso, Ramos, solicitó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, analizar los atropellos en la forma en que se llevó la aprobación y las irregularidades con que el dictamen se subió a votación, y se considere la opinión de sus gobernados, además de que dicha Ley no sea promulgada.
Por último, la activista amenazó con no volver a participar en proyectos que convoquen los diputados que se postularon a favor.
“A diputados del PRI, PAN y MC que votaron a favor de esta legislatura: los animalistas tenemos memoria, no volveremos a participar en ningún proyecto que convoquen, no tendrán nuestro apoyo.
“Estamos cansados de ser utilizados, y que luego se burlen de nuestro interés por los animales. Nos queda por delante seguir luchando con ahínco, a ustedes les queda por delante ser parte de otras campañas, donde con seguridad los veremos abrazando nuevamente causas sociales”, finalizó.
Actualmente estas actividades no están reconocidas como patrimonio cultural material o inmaterial ni por la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, ni por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
LA IRONÍA
A un día de ser aprobada la reforma en donde declararon patrimonio cultural del Estado actividades como la pelea de gallos y la tauromaquia, los legisladores locales aprobaron por unanimidad las reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal para sancionar las mutilaciones estéticas parciales o totales que se hagan en los animales domésticos de Nuevo León.
Es decir aquellas personas que corten la cola o rabo, orejas, la sección de las cuerdas vocales, la extirpación de uñas y dientes y cualquier otra que altere su integridad física, comportamiento o instinto natural de un animal, será castigada por la ley.
Esto no aplica cuando sea por cuestiones de salud, control natal, identificación o marcaje de la especie de que se trate o sea por motivos de piedad, lo cual deberá acreditarse.
Además también se aprobó realizar modificaciones a la fracción V Bis del artículo 27 de la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad sancionar el que se altere la piel de los animales.
En julio del 2021, el Congreso del Estado aprobó sancionar el maltrato animal haciendo una reforma al Artículo 445 en donde indica que al que por acción u omisión cometa maltrato o crueldad animal en contra de cualquier especie de animal doméstico, causándole lesiones u ocasionándole dolor o sufrimiento afectando su bienestar, se le impondrán de 1 a 3 meses de prisión y sanción pecuniaria de 25 a 50 cuotas.
Cuando el maltrato o crueldad implique poner en peligro la vida del animal doméstico, la pena se incrementará hasta en una mitad; y en caso de que el maltrato o crueldad animal le cause la muerte al animal doméstico, se impondrán de seis meses a dos años de prisión y sanción pecuniaria de 100 a 250 cuotas.
Por Berenice Rojas
