La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió a la Junta de Perdones del Estado de Texas, Estados Unidos una solicitud de clemencia para el mexicano José Ernesto Medellín Rojas, sentenciado a la pena de muerte en ese país con fecha de ejecución programada el próximo 5 de agosto.
El organismo, a cargo de José Luis Soberanes, solicitó a los integrantes del Comité de Clemencia Ejecutiva que recomienden al gobernador Rick Perry se conmute esa sentencia por la de prisión.
Mediante oficio dirigido a la presidenta de dicha Junta, Rissie L. Owens, el ombudsman nacional manifestó que en este asunto se debe tomar en cuenta que el 31 de marzo de 2004, en el expediente conocido como “Caso Avena y otros nacionales mexicanos”, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que se violó el derecho del señor Medellín Rojas a la debida notificación y asistencia consular que previene el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
“Los Estados Unidos de América -dice el texto enviado a la Junta de Perdones del Estado de Texas- han reconocido esta obligación internacional, y la Corte Suprema de Justicia, en el caso “Medellín -vs- Texas”, sostuvo que el Congreso debe legislar para cumplir ese tipo de compromisos. Por tanto, de llevarse a cabo la ejecución de la sentencia, sin que nuestro connacional reciba la garantía a que tiene derecho conforme a la Convención de Viena, sin duda quedaría debilitada la autoridad de las instituciones que velan por el cumplimiento de la legislación internacional, y de los países que se comprometieron a cumplirla”.
El día de ayer, la CIJ ordenó a Estados Unidos que “tome todas las medidas necesarias” para suspender de forma provisional -hasta la revisión de sus casos- la ejecución de cinco mexicanos presos en Texas, entre ellos Medellín.
En respuesta, la Cancillería mexicana emitió un comunicado en que manifestó su confianza de que el gobierno estadounidense cumpla las medidas provisionales dictaminadas por la CIJ en el caso de los connacionales.
El estado de Texas también respondió ayer al decir que ejecutará a los cinco mexicanos pese a la orden del máximo tribunal de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“Nada va a cambiar por lo que diga un tribunal extranjero” , afirmó el portavoz oficial Robert Black, quien señaló que Texas no está obligado a cumplir el dictamen de la CIJ.
México acudió a la CIJ el pasado 5 de junio para pedir medidas provisionales que impidieran la ejecución de Medellín y otros cuatro mexicanos sentenciados en Texas, las cuales fueron concedidas en el fallo que emitió este miércoles el organismo de la ONU.
La CIJ informó ayer que procederá a examinar la solicitud de interpretación sobre el sentido y alcance del fallo Avena, que fue también pedido por las autoridades federales mexicanas en aquella ocasión de junio.
El fallo Avena, emitido por esa instancia de la ONU en 2004, determina la obligación de Estados Unidos de revisar y reconsiderar las condenas de 51 mexicanos sentenciados a muerte en ese país, quienes no recibieron la asistencia consular de acuerdo al tratado internacional de Viena.
Pese a existir ese pronunciamiento de la CIJ desde hace cuatro años, el gobierno de Texas insiste en realizar la ejecución del mexicano José Ernesto Medellín, acusado de violación y asesinato de dos adolescentes en 1994.
En marzo pasado, incluso el presidente George W. Bush solicitó que se realizaran nuevas audiencias para extranjeros sentenciados a la pena capital, en un acatamiento al fallo Avena.
En respuesta, una Corte de Apelaciones de Texas afirmó que el gobierno de Bush había excedido su autoridad al interferir con una decisión judicial independiente.
El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que a finales de ese mes resolvió que el presidente George W. Bush no tiene la autoridad para ordenar al estado de Texas una nueva audiencia y la reapertura del caso de José Ernesto Medellín, como dictamina la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
La decisión de la Corte estadounidense, considerada por analistas jurídicos como “compleja y contradictoria”, se basó en la separación de poderes para desestimar, por seis votos a favor y tres en contra, la potestad de Bush ante el estado y los tribunales de Texas.
El gobierno de México llamó en aquella ocasión a respetar el fallo de la CIJ por los Estados que han aceptado su jurisdicción.
