El gobierno mexicano anunció millonarias recompensas por pistas sobre 43 estudiantes desaparecidos hace más de tres semanas tras un ataque de policías y delincuentes en Iguala aunque sus familias se mantienen escépticas sobre la investigación.
En un desplegado publicado a doble página en diarios de circulación nacional se ofrece hasta “1.500.000 pesos mexicanos (poco más de 108.000 dólares) a quien o quienes proporcionen información veraz y útil”.
El anuncio contiene además fotografías en blanco y negro de los jóvenes de la escuela de formación de maestros de Ayotzinapa un poblado vecino a Iguala, ambas en el convulso estado de Guerrero.
El aviso ofrece otra recompensa por el mismo monto “para la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables” de la desaparición.
El gobierno aseguró que la información que se obtenga por este medio será “estrictamente reservada y confidencial”.
Representantes de los familiares de los 43 estudiantes reiteraron su escepticismo sobre las investigaciones tras sostener una reunión con el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, y el fiscal general, Jesús Murillo Karam, en el aeropuerto de Acapulco, también en Guerrero.
FAMILIARES VEN ALEJADA LA VERDAD
“No creemos en los resultados (de las investigaciones) hasta ahorita porque no hay nada que nos acerque a la verdad, y los jóvenes siguen desaparecidos. Hoy tratamos de confiar en el gobierno federal pero los resultados no nos satisfacen”, dijo a la prensa Felipe de la Cruz, familiar de uno de los estudiantes.
En la reunión realizada en un hangar privado, Osorio Chong y Murillo Karam “nos explicaron las detenciones que habían hecho, las líneas de investigación que había del caso (pero) eso no es de gran importancia. No nos deja conformes”, manifestó a su vez David García, representante de la sociedad estudiantil de Ayotzinapa.
Vidulfo Rosales, asesor legal de los familiares, reveló por su parte que el secretario de Gobernación y el fiscal les dijeron que una de las líneas de investigación es la posible estigmatización de los estudiantes de esa escuela entre varios sectores de Guerrero a raíz de las movilizaciones que han emprendido durante años para exigir mejores condiciones para su gremio.
Los estudiantes están desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre, cuando fueron atacados a tiros por delincuentes y policías municipales de Iguala, adonde se habían trasladado para recaudar fondos.
El gobierno ha desplegado en la zona más de 900 elementos de la policía federal además de 350 militares, y sigue en la búsqueda de posibles responsables del crimen, como el entonces alcalde de Iguala -ahora revocado del cargo- y su esposa.
El domingo 19 de octubre, el gobierno federal asumió además la seguridad de 12 municipios de Guerrero, más la de la turística localidad de Ixtapan de la Sal, situada en el vecino Estado de México, cuyo director de Seguridad Pública, Efraín Pedroza, junto con otro alto mando, fue detenido por presuntos nexos con el crimen organizado.
En instituciones de esos municipios, “hay, de acuerdo a las investigaciones, evidencias de infiltración del crimen organizado”, dijo el presidente Enrique Peña Nieto durante un discurso pronunciado en el estado de Veracruz.
La angustiosa espera ha despertado la rabia de familiares y compañeros, que casi a diario encabezan protestas.
La madrugada del lunes 20, jóvenes encapuchados irrumpieron en instalaciones del gobierno de Guerrero en la capital estatal, Chilpancingo, quemando computadoras y archivos y realizando pintadas que exigen que los estudiantes sean hallados “vivos”.
A raíz de declaraciones de detenidos, entre ellos 17 presuntos miembros de Guerreros Unidos y 36 policías de Iguala y la vecina Cocula, las autoridades han hallado varias fosas clandestinas con numerosos cadáveres, algunos desmembrados y carbonizados, donde se teme que pudieron ser enterrados los estudiantes.
La Fiscalía general ha realizado pruebas de ADN a los primeros 28 cadáveres exhumados y asegura que ninguno de ellos corresponde a los estudiantes.
Sin embargo, el sacerdote y reconocido defensor de los derechos humanos Alejandro Solalinde aseguró la mañana de este lunes en entrevista con MVS Radio que varios testigos le confesaron que “todos” los estudiantes fueron asesinados, algunos de ellos quemados vivos. Por la tarde aseguró que la Fiscalía no accedió a recibir de forma oficial dicha declaración.
LA PAREJA MACABRA
Vestidos con la mejor ropa y rodeados del oro de su imperio joyero, todos en la ciudad mexicana de Iguala conocían la fortuna del alcalde y su esposa, la pareja que gobernó abrazada al narcotráfico hasta que huyó tras la desaparición de 43 estudiantes.
Entre el asombro y la indignación, México ha ido descubriendo en las últimas semanas cómo este matrimonio, acusado ahora de ordenar el ataque contra los estudiantes, ostentaba el poder de una ciudad a 200 km de la capital sin importar que el alcalde estuviera acusado de homicidio y su esposa fuera hermana de poderosos narcotraficantes.
En Iguala muchos no lograban explicarse cómo el niño que empezó vendiendo sombreros de paja y ropa en la calle se hubiera convertido en un magnate de este importante centro joyero de México y después en alcalde.
Al edil José Luis Abarca algunos le reconocían su tesón pero otros no podían evitar mirar de reojo a su esposa, la exuberante María de los Ángeles Pineda, ahora una de las personas más buscadas de México.
Desde prisión, miembros del cártel narcotraficante Guerreros Unidos describen a esta mujer de tez clara y cabello castaño no sólo como una aliada sino como la “principal operadora de actividades delictivas” desde la alcaldía de Iguala.
La fiscalía acusó a la pareja de ordenar a su policía municipal que atacaran a decenas de estudiantes la noche del 26 de septiembre, causando seis muertos y 43 desaparecidos, presuntamente para evitar que los jóvenes sabotearan un acto público de Pineda.
Conmocionados y avergonzados de que Iguala sea el escenario de este escándalo internacional, los vecinos usan principalmente dos palabras para describir a la bautizada como “pareja imperial”: soberbia y prepotencia.
María, trabajadora de una pequeña joyería que también vende dólares a los comerciantes para que paguen a los proveedores de oro, recuerda el desprecio con el que Abarca la trataba cuando le iba a vender billetes verdes hace unos cinco años.
“¿Qué traes, basura?”, asegura María que le espetaba Abarca cuando le llevaba billetes de uno, cinco o diez dólares. “Era un déspota, todo lo que fueran menos de 100 era basura para él”, recuerda.
Siempre de punta en blanco, con vestidos y accesorios finos, la primera dama local presidía un centro público de protección a la infancia bajo la dirección de Lucero Muñoz, esposa del hermano de Abarca.
De trato frío y altivo, muchos en la ciudad aseguran que era Pineda quien llevaba los pantalones dentro y fuera de la alcaldía y que se sabía de su intención de relevar a su marido cuando acabara el mandato.
“Les teníamos miedo”, manifiesta una funcionaria que cree que “ya era hora de que se fueran” los Abarca-Pineda de la alcaldía y de otros órganos oficiales, señalando el nepotismo de su gestión.
En cambio, la familia de Abarca que permanece en Iguala da una visión muy diferente del alcalde, a quien medios mexicanos señalan de ser dueño de 17 propiedades en la ciudad, incluido un imponente centro comercial.
“Es una persona de trabajo, de muchos retos. Él ha hecho su dinero y estaba económicamente muy bien antes de ser presidente municipal”, dijo a la AFP su hermana Roselia defendiendo la inocencia de Abarca, de quien cree que huyó por miedo y pronto reaparecerá.
Hijo de humildes comerciantes y el tercero de cinco hermanos, Abarca dejó a medias sus estudios de Medicina y, centrado en los negocios, entró en la política en 2012 “invitado por gente que buscaba un cambio” para Iguala considerando que él era “ajeno a esa política sucia”, explica Roselia.
“No tenía ni idea de donde se iba a meter, la política es lo más nefasto”, lamenta esta directora de escuela que recuerda como su hermano conoció a Pineda de “jovencito”, cuando ella llevaba vestidos confeccionados por su mamá al negocio de los Abarca.
Sobre la acusación contra Abarca por el asesinato de un líder campesino en 2013, Roselia dice no saber nada y sobre sus posibles vínculos con el narcotráfico zanja: “Él quería a su esposa, no a sus hermanos”.
