Pese al vendaval político en su contra, Juan Camilo Mouriño Terrazo no se va de la Secretaría de Gobernación. A este propósito se sumó finalmente Felipe Calderón Hinojosa, pues no parece estar dispuesto a dar la cabeza de su “delfín” a Andrés Manuel López Obrador, quien exhibió públicamente a Mouriño Terrazo como un traficante de influencias por haber firmado contratos con Pemex para su empresa familiar cuando fue secretario de la comisión de energía de la Cámara de Diputados y asesor y subsecretario de Energía.
Los analistas políticos consideraron que cualquier decisión que hubiera tomado Felipe Calderón Hinojosa era contraproducente. Si despide a Mouriño, le afecta; y si lo mantiene, también.
Todo parece indicar que el conflicto político se extenderá por tiempo indefinido.
O al menos esa es la intención de los perredistas. La fracción parlamentaria del Sol Azteca en la Cámara de Diputados pugnó por crear una comisión para investigar a Mouriño, pero con un propósito que comprendía no sólo la investigación de los contratos de Petróleos Mexicanos, sino de la CFE.
Finalmente el PRI y el PAN acordaron crear dicha comisión con un propósito específico: investigar al secretario de Gobernación, y por tiempo limitado: dos meses. El Frente Amplio Democrático, conformado por el PRD, PT y Convergencia, abandonaron las negociaciones.
Lo que busca el PRD y López Obrador no es solicitar que la PGR y la Secretaría de la Función Pública hagan una investigación por conflicto de interés y tráfico de influencia, sino prolongar el mayor tiempo posible la denuncia mediática.
Mouriño tomó la iniciativa de mandar un expediente con la documentación y los contratos que firmó en la empresa de su familia, Ivancar, a la PGR, la Secretaría de la Función Pública y el Congreso para que determinen si hay algún ilícito.
Pero Andrés Manuel López Obrador descalificó a la PGR y la Función Pública, porque consideró de antemano que van a exonerar al secretario de Gobernación. De hecho, los caricaturistas dibujaron a Eduardo Medina Mora, titular de la PGR, sosteniendo un documento que dice “exoneración”. El funcionario se dirige al secretario de Gobernación que no está a la vista: “señor Mouriño, le faltó
firmar aquí”.
Muy pocas veces un funcionario público ha suscitado tal rechazo de la opinión pública en los medios.
El analista Mauricio Merino, comentó que “si la razón principal que ha sostenido López Obrador para oponerse a la reforma energética es que, desde su punto de vista, ésta quiere privatizar las ganancias de la renta petrolera con el aval del gobierno, resulta devastador advertir que el negociador más importante de esa reforma (Juan Camilo Mouriño) fue el apoderado legal de empresas dedicadas a hacer negocios con el petróleo.
“Si esos negocios fueron legales o no, o si el ahora secretario de Gobernación utilizó su influencia política para favorecer a las empresas de su familia, resulta ya secundario. El hecho indiscutible es que el secretario de Gobernación hizo negocios en el sector energético y que su familia los sigue haciendo, aunque sus activos hayan disminuido.
“¿Con qué autoridad moral puede defender el interés público un funcionario que tiene intereses privados en el mismo sector? Probablemente no sea ilegal, pero es éticamente contradictorio”.
Mauricio Merino, profesor e investigador del CIDE, también dijo que en México tenemos una amplia predisposición, ganada a pulso y largamente documentada, para creer que las grandes fortunas privadas se han hecho gracias a las relaciones y los favores personales entre empresarios y gobernantes.
“Y muy en particular, las que han reunido los parientes de los funcionarios de mayor jerarquía política. Los casos más recientes y más lamentables son, por supuesto, los de Raúl Salinas de Gortari y el de los hijos de Marta Sahagún.
“Pero hay muchos más, cuya conducta siempre se ha defendido alegando la legalidad de sus actos: fortunas acumuladas al amparo de procedimientos legales, pero protegidas también por el poder político”.
Una encuesta de María de las Heras indicó que la población mexicana ya había condenado al secretario de Gobernación, pues nueve de cada diez personas consultadas piensan que lo que hizo Mouriño en su doble papel de empresario y funcionario es moralmente incorrecto, y de ellas, siete opinan que bajo estas condiciones no puede continuar con las funciones de un secretario de Gobernación y que debería renunciar.
En este momento, indicó la encuesta, el 53 por ciento piensa que el presidente nombró a Mouriño a sabiendas de que estos escándalos se podrían presentar.
Para la opinión pública, lo que también resultó censurable fue el aplomo del secretario de Gobernación, porque más bien parecía cinismo, con que justificó los contratos millonarios firmados por él para el transporte de gasolinas, al decir que eran legítimos y
legales.
Su primera explicación, rendida el pasado 28 de febrero, no convenció a nadie. Más que nada quiso conmover a la gente –sacrificó su vida de comodidades por el servicio público–, pero no contó todo acerca de los contratos que firmó.
Su segunda explicación, el 11 de marzo, dejó aun más incrédulo al público. Reconoció que los contratos eran verdaderos, contenían su firma y que no sólo eran legales, sino éticamente correctos.
En entrevista con Joaquín López Dóriga, Mouriño reconoció que efectivamente se dedicó a ser presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y funcionario de la Secretaría de Energía, y al mismo tiempo representar a una empresa familiar que tenían tratos con Pemex.
Sin embargo, López Dóriga le dijo que supuestamente había renunciado como accionista de sus empresas en noviembre de 2003. Pero Mouriño Terrazo explicó en 2004, cuando era funcionario de la Secretaría de Energía, siguió firmando como apoderado legal de la empresa porque el trámite de la renuncia a este cargo lleva mucho tiempo, cosa que nadie
le creyó.
-Usted dice que jamás ha beneficiado a nadie y que todos sus actos han sido legales y su actuar ético, su firma en estos contratos, ¿es legal, es ética?, preguntó López Dóriga.
-Es legal y es ética. En primer lugar es legal, porque yo nunca he participado, jamás, en vida pública, en ningún órgano de toma de decisión de la empresa paraestatal Pemex para otorgamiento de contratos, ni a este de que se me acusa, ni a ningún otro. Nunca en mi vida. Y también es ético, porque están tratando de desvirtuar una historia, mostrar solo un pequeño pedazo y con eso, golpear…
-Dijo que se separó de los negocios familiares a finales de 2003, sin embargo en este otro contrato aparece su firma en enero de 2004 cuando ya era alto funcionario de la Secretaría de Energía.
-En primer lugar era funcionario de la Secretaría de Energía que no tenía absolutamente nada que ver con el tema de hidrocarburos o con Pemex. En segundo lugar, efectivamente, yo anuncié que cuando llegué a la Secretaría de Energía el 16 de octubre de 2003, tomé la decisión de separarme totalmente de la empresa. Pero eso que es una decisión personal, que tomé por absoluta convicción, pues es una decisión que no se procesa de la noche a la mañana.
“Primero me deshice de las acciones que tenía en la empresa, dejé de ser socio, y esto ocurrió en noviembre de 2003, enseguida hice los trámites para dejar de ser el apoderado legal, que es en la calidad de lo que yo firmé el contrato a lo que se hace referencia. Y ser apoderado legal no es de ninguna manera ningún delito, ya no era socio de la empresa, y antes de firmar ese contrato también verifiqué que pudiera yo, como servidor público, firmarlo y que no tuviese ningún problema de legalidad”.
-Dice que es inmoral, mezquino, acusarlo de tráfico de influencias, pero ¿no es verdad que las hubo?, ¿no es inmoral firmar siendo parte interesada un contrato como estos de Pemex?
-Yo no era parte interesada, por eso insisto en que no es inmoral ni es ilegal. También digo que es dolosa la acusación, porque no es la primera que hacen. Simplemente desde que yo llegué a la Secretaría de Gobernación, hace menos de dos meses, el primer día ya me estaban acusando de no cumplir con los requisitos de mi cargo, cuestionando mi nacionalidad, y sobre eso, mintieron. Después se metieron con mi madre, dijeron que ella mintió y falsificó su acta de nacimiento, y por supuesto mintieron. Y después se fueron hasta la tumba de mi abuelo a sacar el acta de defunción y traerla como prueba.
“Han dicho mentira tras mentira y esta es una más. Yo no he actuado al margen de la ley ni he beneficiado indebidamente a absolutamente a nadie. Jamás he otorgado un contrato de Pemex o de ninguna otra empresa o institución del sector público para favorecer
a nadie”.
Pero no era la primera vez que mentía el hoy secretario de Gobernación.
He aquí otros momentos:
Dijo desconocer y negó tener dos pasaportes, uno español y otro mexicano, a pesar de que el periódico El Sur de Campeche exhibió ambos documentos en 1997.
Sostuvo a la periodista Amira Arce Azar, en una entrevista radiofónica de 1997, que nació en un hospital de Campeche, a pesar de que nació en Madrid, España, el 1 de agosto de 1971.
Aseguró que sus abuelos maternos, Camilo Terrazo y María Blanco, eran mexicanos, pero no aclaró que nacieron en el municipio de Avión, en Galicia, España; emigraron a México, renunciaron a ser españoles y se nacionalizaron mexicanos, el abuelo en 1942 y la abuela en 1953, pero en 1976 ambos pidieron el documento nacional de identidad español, por lo que mantenían la nacionalidad de ese país.
Afirmó que su mamá, María de los Angeles Terrazo, nació en el Distrito Federal, el 3 de mayo de 1950, hija de padres mexicanos. Y así consta en su acta de nacimiento respectiva. Pero lo que no dijo es que su abuela materna, si bien tenía derecho a la nacionalidad mexicana desde que se casó con el abuelo en 1946, no renunció a la nacionalidad española sino hasta 1953 cuando Relaciones Exteriores la reconoció oficialmente como mexicana. A la hora de registrar a su hija María de los Angeles, Camilo Terrazo pudo haber presentado una carta de naturalización como mexicano, pero María Blanco no, porque ese documento lo obtuvo tres años después. Es decir, María Blanco mintió al registrar a su hija María de los Angeles Terrazo, pues en ese momento era española.
Juan Camilo Mouriño, a su vez, renunció a ser español al solicitar la certificación de su nacionalidad mexicana por nacimiento el 2 de octubre de 1989, a los 18 años de edad, e “hizo protesta de adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades de los Estados Unidos Mexicanos”. Pero en la práctica no lo hizo, ya que en 1996 ingresó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México con un pasaporte español. El diario El Sur de Campeche exhibió tanto este documento como su pasaporte mexicano, el 11 de junio de 1997.
De acuerdo con el artículo 30 de la Constitución mexicana, Mouriño es mexicano por nacimiento, pues a pesar de que su alumbramiento fue en Madrid, España, es hijo de una mexicana. Su padre, Camilo Mouriño Atanés, es español, gallego, de la provincia de Vigo, Galicia.
Si bien existe el acta de nacimiento de María de los Angeles Blanco que la acredita como mexicana, hay otros datos que indican que tiene nacionalidad española.
El artículo 11 de la Constitución de España señala que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad, así nazca en el extranjero. El artículo 17 del Código Civil español estipula que para ser español de origen se quiere haber nacido de padre o madre españoles. Es decir, María de los Angeles Terrazo, es española por ser de padre y madre españoles, haya nacido en el DF o en cualquier otro sitio.
Por los mismos motivos, Juan Camilo Mouriño tampoco puede ser privado de su nacionalidad española.
Asimismo, Gerardo Fernández Noroña, secretario de Comunicación del PRD, al solicitar por escrito a Mouriño su renuncia al cargo de secretario de Gobernación, el pasado 14 de febrero, expuso:
“… como has mantenido una postura de cinismo, asumiendo que tu calidad de ciudadano español no es obstáculo para ser secretario de Gobernación escudándote en la supuesta nacionalidad mexicana de tu madre, te digo, a través de este documento, que tu padre, Carlos Mouriño Atanés; tu madre, María de los Angeles Terrazo Blanco, y tu hermana, María de los Angeles Mouriño Terrazo, están censados como ciudadanos españoles para votar en las elecciones del próximo 9 de marzo del 2008 en España.
“La mesa de votación que les corresponde es la 323-B, de acuerdo con el domicilio en que están registrados, que es: Plaza de América número 1, en Vigo, Galicia, España.
“El censo estuvo exhibido hasta el 28 de enero de manera pública y ahí constan los datos a que hago referencia y que acreditan la nacionalidad española de tu madre y
hermana, nacionalidad española que tú mismo tienes”.
