Ante una solicitud ciudadana para dar a conocer el cuestionario y los temas de dos encuestas que ordenó realizar en 23 estados de la República la Coordinación de Opinión Pública de la Presidencia de la República, decidió reservar por tres años y cinco meses la información solicitada, al considerar que no puede divulgarse al público por representar un riesgo para el país.
Para el gobierno federal, los cuestionarios y temas de las encuestas de opinión pública que solicita se realicen en el país son un tema de seguridad nacional que no puede divulgarse entre la ciudadanía, así lo reveló un dictamen del Comité de Transparencia de la Presidencia de la República.
Hora Cero tuvo acceso al acta OPR/CT/ISO/2018 con fecha del 11 de enero de 2018, donde se dan a conocer los detalles de la primera sesión ordinaria del año del Comité de Transparencia de la Presidencia de la República, conformado por Juan Antonio Laredo Sánchez en su calidad de secretario y Roberto Osorio García, Rafael Zárate César y Arturo Sánchez Velázquez como integrantes.
De acuerdo al acta, el Comité de Transparencia analizó las solicitudes 0210000111217 y 0210000111317 que el 14 de noviembre de 2017 un ciudadano envió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
En la citada plataforma, el ciudadano requirió: “el cuestionario de la encuesta aplicada en el contrato AD-042-038-13, referente a ‘servicio de encuestas telefónicas en 23 ciudades de la república para medir el impacto de las políticas del Gobierno federal. Recalco que no quiero los resultados de las encuestas, sólo el cuestionario que se aplicó”.
En una segunda petición, el mismo ciudadano solicitó: “el cuestionario de la encuesta cuya temática fue ‘Seguimiento de Gobierno XII’ realizada en 2017”.
El contrato al que el ciudadano se refiere es el que de acuerdo al portal de Transparencia de Obligaciones el gobierno federal suscribió con la empresa Buendía & Laredo, S.C. y que forma parte de un grupo de tres, por el que erogó un total de 7 millones 141 mil 192 pesos.
De acuerdo al portal de Transparencia, por el contrato número AD-042-038-13, la Presidencia de la República le pagó a Buendía & Laredo, S.C. 111 mil 360 pesos, mientras que por el número AL/COLMEX/CPS/114/2013 que se celebró con el Colegio de México, A.C., se pagaron 3 millones 190 mil pesos con cargo presupuestal a la Secretaría de Educación Pública.
El contrato número ITP-008-008-14, que sólo está a nombre de la Presidencia de la República, tuvo una erogación de 3 millones 839 mil 832 pesos.
Con esta información en mano, el ciudadano (cuya identidad no se revela en el acta), solicitó que le enviaran el cuestionario que se utilizó para realizar estas dos encuestas, petición que fue remitida a la Coordinación de Opinión Pública de la Presidencia de la República.
Esta coordinación tiene como objetivo “generar información veraz y oportuna a través de los estudios de opinión que permita identificar y medir el impacto de las políticas públicas del Gobierno Federal, así como coadyuvar de manera eficaz en la toma de decisiones estratégicas, acciones de gobierno y estrategias de comunicación”.
Al emitir su respuesta a la solicitud del ciudadano, la coordinación no sólo rechazó hacer público el cuestionario de las encuestas, sino que hasta lo clasificó como “información reservada” por un espacio de 3 años y 5 meses.
“En relación con la información requerida, me permito hacer del conocimiento de esa Unidad de Transparencia, lo siguiente; la información generada por las encuestas que se hayan realizado en 2013 (CUANTI13), se considera la ampliación de reserva durante el periodo comprendido del veintiocho de junio de dos mil quince al treinta de noviembre del dos mil dieciocho”, citan.
La decisión la justifican con lo dispuesto en el artículo 113 fracción VIII de La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), artículo 110 fracción VIII de La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal), así como lo establecido por el numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.
Al explicar su decisión de “esconder” los cuestionarios y temas de las encuestas que ordenan, la Coordinación de Opinión Pública indicó que esta información es “fundamental, vigente y de uso permanente durante la presente administración para la toma de decisiones estratégicas; es decir, es información vigente y de uso continuo en los procesos deliberativos que lleva a cabo la Oficina de la Presidencia de la República para los procesos de la políticas públicas y defensión de estrategias fundamentales para el Ejecutivo Federal que tienen que ver con los diversos escenarios políticos, económicos y sociales del país, así mismo, la citada información es primordial para definir la agenda nacional y establecer la ruta a seguir”.
Los responsables de la coordinación manifestaron que, al ser parte del proceso deliberativo del proceso de las políticas públicas para la constante toma de decisiones estratégicas en materia de política social y económica, la información solicitada no puede darse a conocer, para “proteger” a los funcionarios del Gobierno Federal.
“Es necesario señalar que la causa de clasificación prevista en la fracción VIII del artículo 110 de la Ley Federal, busca proteger la información en que se basan los servidores públicos para deliberar un asunto relativo al cumplimiento de sus funciones, a fin de evitar que la decisión final que se pretenda adoptar se vea afectada de manera negativa por elementos externos, de tal modo que los servidores públicos se encuentren incapacitados para tomar la decisión de forma adecuada, pudiendo afectar el sentido de la decisión final”, indicaron.
La coordinación agregó que los estudios de opinión se encuentran ligados de manera directa con los procesos deliberativos de las políticas públicas en sus diferentes etapas, “ya que las acciones, recomendaciones y puntos de vista de los servidores públicos se incluyen implícitamente en las preguntas del cuestionario, toda vez que estas preguntas son elaboradas por los servidores públicos en donde se plasma su opinión, idea, hipótesis y/o recomendación, para guiar las necesidades de la investigación con el fin de que sea tomada la decisión más adecuada durante el proceso de las políticas públicas”.
Ante ello, consideraron, dar a conocer las preguntas de los cuestionarios de las encuestas que aplican entre la ciudadanía, representaría un riesgo.
“La difusión de los cuestionarios permite conocer información prioritaria y vigente que los servidores públicos de la Oficina de la Presidencia de la República utilizarán en los permanentes procesos deliberativos que adopta, permitiendo a posibles actores interesados, anticipar escenarios de las políticas públicas o decisiones del gobierno que se busquen definir a partir de las aplicaciones de la información de referencia, lo que afectaría sustancialmente la decisión de los servidores públicos en las definiciones de estrategias de gobierno o afectar el sentido de una decisión final por elementos externos, de modo tal que los funcionarlos públicos se vean incapacitados para tomar la decisión de forma adecuada”, citan.
Ante ello, el Comité de Transparencia decidió reservar la información solicitada y no darla a conocer al ciudadano.
Cabe señalar que este tipo de decisiones forma un precedente para determinaciones futuras, por lo que si una persona vuelve a solicitar algo similar es casi seguro que recibirá la misma respuesta.