En un hecho que atenta contra las libertades de expresión y de prensa, el viernes 16 de enero de 2009, a las 09:50 horas, fue detenido el periodista Miguel Badillo, director de las revistas Contralínea, periodismo de investigación y Fortuna. Negocios y Finanzas y autor de la columna Oficio de papel.
La detención fue ejecutada por dos patrullas de la policía bancaria (una de ellas con número de placa A14-08). Los agentes bajaron al periodista de su automóvil en las inmediaciones de su domicilio, ubicado al sur de la Ciudad de México. Luego, amagaron con trasladarlo a la ciudad de Cuernavaca, Morelos; finalmente, lo llevaron al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal , conocido como El Torito.
Miguel Badillo fue informado por los policías que la orden de aprehensión se derivaba del expediente 749/2008, radicado en el juzgado 38 de lo civil. No obstante, el abogado defensor Horacio Gómez Mendieta declaró que en dicho Juzgado no obraba el expediente. Tampoco existía la orden de detención.
Con posterioridad, Gómez Mendieta averiguó que la orden fue emitida por el Juzgado 49 de lo Civil, expediente 1528/2008, en cumplimiento del exhorto hecho por el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial, con residencia en Guadalajara, Jalisco, decretado en el expediente 749/2008.
El juicio ordinario civil –en contra de la revista Contralínea, de los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez Mendoza, así como de una tercera persona de nombre Abraham Rodríguez Ortega– fue promovido por Multigas, S.A. de C.V., una de las 80 empresas que posee el Grupo Zeta Gas. Este se suma a la serie de demandas y amenazas realizadas con anterioridad por el consorcio gasero.
A las 12:50 horas del mismo 16 de enero, las revistas Contralínea y Fortuna presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por la retención ilegal del periodista Miguel Badillo –a quien se acusó de desacato, sin que existiera ninguna notificación previa–.
LAS AMENAZAS
Jesús Alonso Zaragoza López, accionista mayoritario de Zeta Gas, presentó la primera demanda por supuesto “daño moral” contra los periodistas el 16 de agosto de 2007. Esta se radicó en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con el número de expediente 757/07.
El 5 de agosto de 2008, a las 15:30 horas, los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco y Juan Manuel Aguilar Maya –representantes de Zaragoza López y de Grupo Zeta–, encabezados por el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo González Pulido, irrumpieron en las instalaciones de las revistas Contralínea y Fortuna.
Los abogados estuvieron acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Entonces, los representantes de Jesús Zaragoza amenazaron con desaparecer a las revistas y exigieron que se revelaran las fuentes de información.
Por estas acciones, Badillo y Pérez presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 12 de septiembre de 2008. En ésta, no sólo se documentó el allanamiento, sino también las amenazas de muerte de las que ambos reporteros fueron objeto.
En las páginas de Fortuna y Contralínea se han documentado temas como la investigación del departamento antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration), por supuesto lavado de dinero, en contra del empresario Jesús Zaragoza López; la red de más de 85 empresas que Zeta Gas posee en los paraísos fiscales de Luxemburgo e Irlanda; las supuestas complicidades entre el monopolio gasero y altos directivos de Petróleos Mexicanos, para hacerse de negocios en el almacenamiento y la distribución del energético, entre otros reportajes.
La detención, las denuncias y las amenazas de muerte son agresiones a la libertad de expresión y al derecho a la información, garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“LAS HORAS MAS TERRIBLES…”
La periodista Ana Lilia Pérez, quien investigó y divulgó asuntos de corrupción en Petróleos Mexicanos que involucran a empresarios, funcionarios y políticos de muy alto nivel, se encuentra oculta como prevención ante las amenazas de muerte que ha recibido y para evitar su detención, derivada de una denuncia por “daño moral” interpuesto por empresarios gaseros.
A través de un mensaje, leído por ella misma vía telefónica, Ana Lilia explicó a la opinión pública los pormenores de la persecución de que es objeto.
Estos son unos extractos del texto:
He pasado las horas más terribles de mi vida. En estos momentos estoy escondida, resguardada porque un juez de Guadalajara liberó una orden de aprehensión en mi contra, simplemente porque cumplí con mi deber periodístico de investigar y divulgar asuntos de corrupción en Petróleos Mexicanos, y que involucran a empresarios, funcionarios y políticos de muy alto nivel.
Es el costo que he pagado por revelar, hace casi un año, los contratos que firmó en Pemex Juan Camilo Mouriño, y por investigar y publicar los negocios en Pemex de otros empresarios vinculados con él y con quien hoy ostenta el cargo de presidente de la República.
Pasé la noche en vela por segunda ocasión, atenta a que de un momento a otro mis captores me ubiquen y me lleven no sé a dónde y ni en qué condiciones.
Mi familia no sabe de mí y ahora, por oídos de todos ustedes, les digo que espero seguir viva. Mis temores no son en vano.
No sé si el día de mañana mi abogado me pueda conseguir un amparo y si mañana, al tenerlo, habrá otra acusación en mi contra.
No maté, no robé, no violente ley alguna. Mi única arma es la palabra, y con ella, hice lo único que sé hacer: periodismo.
¿Y saben por qué los he investigado? Porque es derecho de todas las mexicanas y los mexicanos conocer qué se hace con su empresa: Pemex, cuyos ingresos sostienen la economía de este país y de la que pocos, muy pocos, se han hecho inmensamente ricos.
En mi vida nunca he tenido algún conflicto con la ley y, sin embargo, hoy estoy escondida, como no lo están siquiera los narcotraficantes o defraudadores de cuello blanco de este país, no puedo ni siquiera asomarme a una ventana y mucho menos buscar contacto en el exterior.
Agradezco de antemano a las y los colegas y miembros de la sociedad civil, organizaciones y defensores de derechos humanos preocupados por mi situación y la del resto del equipo de Contralínea.
LOS MOTIVOS
Les explicaré los motivos que me orillaron a convertirme en una prófuga de las autoridades judiciales, que no de la ley ni la justicia:
La mañana del viernes, camino a mi trabajo me enteré que mi compañero, jefe y amigo, el periodista Miguel Badillo Cruz, había sido detenido al sur de la ciudad.
Hacia el medio día, estando preso en El Torito, Miguel se enteró de que existía también una orden de aprehensión contra mí, y por terceros me lo hizo saber.
Al ser yo la autora de las investigaciones periodísticas publicadas en las revistas Contralínea y Fortuna relacionadas con el consorcio denominado Zeta Gas, por las cuales se detuvo a Miguel Badillo, me correspondió explicar a las y los colegas de los medios de comunicación el origen de la detención, así como el acoso que desde hace más de un año hemos padecido.
Ante las declaraciones que se fueron vertiendo sobre la detención de Badillo, comprendí que las autoridades no solamente eran indolentes, sino cómplices de los ataques de Jesús Alonso Zaragoza López en contra de un medio de comunicación .
Así que, al escuchar a las autoridades declarar que la detención de Badillo había sido “legal”, aún cuando nunca hubo notificación alguna, supe que tenía que huir. Me fui con la ropa que traía puesta. Dejé trabajo, escuela, casa y familia, por el riesgo de, en el mejor de los casos, ser detenida por la policía, al igual que Miguel, por una orden de aprehensión que un juez de Guadalajara giró en mi contra, por un supuesto desacato de un requerimiento judicial del cual nunca tuve conocimiento.
Y digo “en el mejor de los casos”, porque hace 16 meses que vivo amenazada, acosada, vigilada, y perseguida por órdenes de Jesús Alonso Zaragoza López, quien me demandó por “daño moral” después de que publiqué dos entrevistas que él mismo me concedió y donde detalló aquél pasaje de su vida, cuando la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) abrió una investigación en su contra.
> ¿Y el chofer de la pipa, don Jesús? – le pregunté.
— Desapareció, nunca más se supo de él. Desapareció toda su familia.
> ¿Cuántos años llevaba trabajando con usted?
— 20 años –respondió en la entrevista.
Una familia entera que incómoda a la familia Zaragoza desapareció, y al empresario nadie le preguntó nada.
Jesús Zaragoza me dijo que en el sexenio de Vicente Fox, el secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, lo recibía en sus oficinas para “ayudarle” en sus negocios y que, a cambió, él lo apoyó económicamente para su campaña a la presidencia de la República.
Me contó cómo los directivos de Pemex le ofrecieron el negocio de los ductos, mucho antes de que se hablara de una reforma energética.
Me dijo cómo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, le ayudó a instalar su planta de gas de Manzanillo, la cual le renta a Pemex Gas para almacenar el gas que luego Pemex le vende a él, y a su vez él distribuye a millones de consumidores.
Me detalló cómo soborna alcaldes y autoridades locales y federales para que le permitan instalar sus plantas de gas en zonas prohibidas y, por encima de las protestas ciudadanas, como lo hizo en el pueblo de Campos, según documentamos entre los pobladores.
LA DEMANDA
Todo ello fue grabado con el consentimiento de Jesús Alonso Zaragoza López, quien al concluir las entrevistas me ofreció llevarme de compras a Estados Unidos y viajar en sus aviones privados. Lo rechacé, y en respuesta, en agosto de 2007, presentó la primer demanda en contra de la revista Contralínea, de su director, Miguel Badillo, y en contra mía.
Durante el juicio, Zaragoza reconoció como suya la voz de las grabaciones que exhibimos como prueba de nuestro dicho.
En el juicio, Zaragoza López no aportó una sola prueba que sostuviera sus acusaciones en contra nuestra. Nosotros aportamos, además de las grabaciones, cientos de documentos que respaldan las investigaciones periodísticas publicadas, incluidos los que Zaragoza me proporcionó, emitidos por Calderón Hinojosa.
Durante el juicio solicitamos los testimonios de los funcionarios que, según dijo Zaragoza, le han facilitado sus negocios: Felipe Calderón Hinojosa y algunos directivos de Pemex, sin embargo, los jueces se abstuvieron de citar a ninguno de ellos.
El argumento central de Zaragoza López, validado por los jueces del Tribunal Superior de Justicia es que él es dueño de 80 empresas, y que yo soy “una pobre reportera”. A él se le permitió entrar al juzgado con guardaespaldas armado, a mí ni siquiera se me permitió declarar: el juez me declaró confesa.
Durante el juicio sus abogados amenazaron a Miguel Badillo y a mí de que nos desaparecerían y que acabarían con Contralínea. Se nos advirtió que con su dinero y sus influencias Zaragoza acabaría con nosotros, que una tras otra, nos presentaría 80 demandas. Hoy vemos cumplir las amenazas.
INFORMAR, MI PROFESION
Hace diez años que ejerzo el periodismo. He desempeñado mi profesión con estricto apego a la ética, sin otro interés que informar a la sociedad.
El acoso de los contratistas de Pemex en contra mía se recrudeció en febrero del año pasado, cuando investigué y publiqué en Contralínea los contratos que firmó en Pemex Juan Camilo Mouriño en su dualidad de funcionario público y empresario privado. Cuando le entregué los contratos a Andrés Manuel López Obrador, se desataron las amenazas directas de funcionarios públicos en contra mía.
He recibido llamadas telefónicas donde se me amenaza de muerte. Mi domicilio está constantemente vigilado. He padecido seguimientos y me han tomado fotografías. Todo ello lo denuncié desde el año 2008.
Aun cuando las investigaciones en torno a la familia Zaragoza me llevaron a descubrir sus negocios oscuros y aun cuando sus propios trabajadores me habían advertido que “son gente de cuidado”, hasta ahora me doy cuenta que la impunidad con la que actúan supera todo lo que pensaba.
Conozco mi deber como periodista, obedezco a mi ética; soy respetuosa de la ley y de las instituciones, tan es así, que he cumplido cabalmente con todo el proceso judicial al que se me ha sometido, pese a estar plagado de irregularidades. Sin embargo, el día de hoy tengo que permanecer escondida sin haber cometido delito alguno. Pero he de confesar que huí más por miedo de las amenazas de la familia Zaragoza, que por la detención. Es lamentable que ni siquiera mi familia pueda saber de mi paradero.
Aun en este panorama adverso, reflexiono que seguiré con mi trabajo, pues, sin hacer juramento alguno, como los médicos, los periodistas nos debemos a la sociedad, y ello implica defender la libertad de expresión, así como el derecho ciudadano de estar informado. Tengo claro que éste es un asunto en el que se pretende callar a los periodistas que investigamos la corrupción que impera en Pemex, un tema de interés nacional, puesto que se trata de una empresa propiedad de todas las mexicanas y los mexicanos, y la principal generadora de divisas.
Hago responsable a Jesús Alonso Zaragoza López de lo que pueda ocurrirme a mí, a mi familia, o a cualquiera de los trabajadores de Contralínea.
