En agonía y sufrimiento Christian Flores Guzmán lleva cerca de dos años intentando recuperar a su menor ‘robado’ por el propio padre, quien a base de complicidades consiguió sacarlo por la parte trasera de su escuela. Desde entonces ella se ha topado con un muro burocrático y el presunto tráfico de influencias al buscar que se haga justicia.
Han transcurrido días, semanas y meses desde que a una madre de Reynosa le arrebataron la custodia total de su pequeño hijo de ocho años de edad.
La vorágine de esta lamentable tragedia familiar comenzó en 2022, protagonizada por el mismo padre del menor y ex pareja de esta mujer, que hoy experimenta una desgarradora experiencia de vida, por la impotencia que la persigue de no tener a su niño consigo.
Es así que se ha cumplido un año y siete meses desde que Christian Flores Guzmán lucha, incluso, contra las autoridades y se enfrenta a procesos legales por la pronta recuperación del infante, quien tras notificar al juez familiar que su hijo no quería vivir con su progenitor, éste lo separó violentamente de ella.
Fue el 28 de febrero de 2023 cuando la denunciante, tras pasar por un complicado parto, se hallaba hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), enfrentando la práctica obstétrica, cuando la ex pareja aprovechó para quitarle a su vástago.
Ella había planeado regresar a casa para cuidar de su bebé recién nacida y festejar el cumpleaños de su niño de tercer año de primaria, quien estaba a cinco días de cumplirlos, sostuvo a la mujer en su proceso de recuperación tras enfrentar la delicada situación.
Sin embargo, nunca imaginó que Ricardo Román Pérez Luévano, padre de su hijo mayor y con quien mantuvo una relación durante una década, aprovecharía la vulnerabilidad que tenía en su estancia dentro de la clínica –para en un acto sorprendente– arribar el plantel del Instituto Colón donde el menor estudiaba, ubicado en la Zona Centro de la ciudad.
Con artimañas sustrajo al pequeño mientras ella se encontraba internada y sin posibilidad alguna de movilizarse, y no fue sólo la malicia del padre lo que implicó que este hecho fuera posible (tomando en cuenta que al ser un plantel educativo privado, por reglamento sólo personas autorizadas pueden tentativamente sacar a los alumnos fuera de la institución), fue también la imponente presencia del hombre, acompañado por una unidad policiaca y respaldado por dos abogadas, lo que desplegó un drama en el plantel, un colegio reconocido por la educación católica que se imparte.
En esa institución, que nunca había sido testigo de tal conmoción, la figura autoritaria del denunciado padre irrumpió, reclamando vehementemente a su hijo, el cual fue sustraído por la parte trasera de la escuela, donde se acostumbra sacar la basura.
“Es algo que siempre me ha dolido mucho como madre, porque es mi hijo, se ha criado el niño conmigo y para mí, mi hijo no es una basura. Si para él representa eso, para mí no. Mi hijo no merecería salir por la puerta de la basura del colegio, merecía salir por la puerta que entró en la mañana a estudiar, por la puerta principal”, dicho acto inmoral y poco ético relatado desde la perspectiva de la madre, es lo que la mantiene inquieta dada la agresión que se cometió.
“La mayoría ahí son monjas, la escuela nunca se había visto envuelta en un problema de ese nivel”, lamentó esta madre.
COMPLICIDADES POLÍTICAS
Mientras tanto la entonces procuradora del DIF Reynosa, Zoraida Lara Cruz, habría apoyado el proceso del infractor, autorizando y asesorando a las abogadas sobre un documento que otorgaba la guardia de custodia provisional a Pérez Luévano, hoja que presuntamente se presentó a la directora general como excusa para sacar al menor de las instalaciones.
Lo cierto es que nada de esto es casualidad, se han levantado sospechas con relación a las notables influencias que tiene el hombre dentro de la clase política, siendo hijo de la regidora del Partido Acción Nacional (PAN), Ana Lidia Luévano de los Santos; hermano del diputado Raúl Luévano (quienes son acusados de utilizar sus influencias) y trabajando él mismo dentro de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa (Comapa); también se relata de una posible llamada a Ciudad Victoria por parte de Ricardo, quien tiene contactos en la SEP, ya que en años pasados estuvo laborando dentro, esto bajo la administración del gobierno del estado anterior.
“Yo no tengo ni amigos políticos ni dinero como lo tiene el padre. No tengo compadres, no tengo amigos, primos o hermanos diputados, ni tengo una mamá regidora; soy una simple ciudadana como cualquier otra. Pido que se haga justicia, pido que los fiscales, los ministerios públicos, el juez hagan nada más que su trabajo. No importamos mamá y papá, importa aquí la voz de mi hijo, es un niño, es un menor de edad”, refirió la mujer reynosense.
Esta madre atravesó una brecha de incertidumbre desde 2022 cuando le arrebataron a su hijo. Es desde entonces que ha tenido que afrontar todas las adversidades que se le presentan.
La abogada Nuria Ramos Santiago, quien acompaña en el proceso de ámbito penal y familiar a Christian Flores Guzmán, enfatizó sobre una presunta transgresión a la Ley de Violencia Vicaria (la cual fue pronunciada ante el periódico oficial el pasado 19 de enero del 2023).
Se acusa a Ricardo Román Pérez Luévano de cometer acciones antijurídicas sobre la integridad del infante, al llevar a cabo un proceso para cambiar sus apellidos sin autorización alguna de su ex pareja.
En junio del 2022 fue notificada del Juicio Ordinario Civil por Custodia con la Clave Número 747/2022 promovido en el Juzgado Segundo de Instancia de lo Familiar, tribunal donde se ha dado monitoreo a dicho caso.
“Mi hijo ya declaró que quiere estar conmigo y le han hecho estudios psicológicos, el niño pide estar conmigo y aun así no hacen caso”, agregó la señora.
HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS
La afectada expone que luchará a como dé lugar para que se haga justicia y recuperar a su menor.
“Para una madre que cargó en su vientre durante nueve meses a su hijo, que además de ver sus primeros pasos, vio cómo este crecía; para aquella que aún rememora la primera vez que lo llevó al kínder, ¿cómo debe ser adaptarte a ver a tu hijo en periodos cortos semanales después de cuidar de él sus ocho años de vida?”, expuso.
Para ella y su niño éste ha sido un proceso completamente desgarrador, más cuando las mismas autoridades parecen no apoyar lo suficiente o cuando los procedimientos legales son tardíos y la espera es la misma que carcome el dinamismo de seguir adelante.
A un año de que la Ley de Violencia Vicaria se aceptó y concretó, a nivel penal, aún no existe ningún imputado como agresor de este tipo de violencia.
“Para impulsar esta ley, nosotros hicimos encuestas en juzgados familiares, fiscalías, incluso con la ciudadania y había mucho más de 70 casos de agresión, al día de hoy el fiscal del Estado ha hecho caso omiso porque no quiere que sus cifras se vean alteradas o se vea la realidad de violencia que viven, niñas, niños y adolescentes”, refirió la licenciada en derecho, Nuria Ramos.
En palabras de la abogada, la Fiscalía es la encargada de gestionar y sancionar el acto atípico antijurídico que comete el sujeto, mientras que los juzgados familiares son los únicos que pueden determinar el estado de custodia y tutela de los menores.
“La Fiscalía no puede hacer nada para recuperar a ese niño, sólo los jueces familiares lo pueden hacer”, afirmó. Uno de los avances en este caso, es que el lunes 22 de enero del presente 2024, el titular del Juzgado Segundo Familiar, declaró oficialmente que se tiene que separar al menor del agresor (su padre), el cual en una de las audiencias declaró ante el tribunal que él ‘quería vivir con su mamá’, por lo que se está en la espera de que se lleve a cabo una buena gestión del proceso de tutela y así Flores Guzmán pueda abogar y volver a recuperar la custodia total de su hijo.
QUÉ DICE LA LEY
La Violencia Vicaria se presenta cuando un progenitor busca agredir a través de una persona, en este caso hijas o hijos, con la finalidad de causar un daño, indicando que hay un medio a través del cual se perpetúa, por lo que no es directo.
En México, la mayoría de víctimas son mujeres violentadas por sus parejas o ex parejas, muchas de ellas siendo denunciadas por los padres con propósito de que estas sean encarceladas sin haber cometido algún acto ilícito, y que en el caso de que esto se logre, a las víctimas les puede costar meses y hasta años comprobar su inocencia.
Lo complicado, según se expone es que, durante este tiempo, los hombres ya habrán podido depositar ideas en sus hijos como: “Tu mamá te abandonó”, “Nunca te buscó”, “No te quiere”, alterando cognitivamente la percepción de los niños sin detenerse a pensar el daño que esto les puede ocasionar.
La defensa de esta madre expuso cómo se encuentra el niño cuando los padres se separan o proyectando este caso (cómo uno de los muchos que se viven no sólo a nivel municipal y estatal, sino también a escala nacional), y además explica lo que ocurre psicológicamente cuando el afectado comienza a ver a su madre con menor frecuencia.
“El infante identificado por las iniciales R.E.P.F, acude al Centro Comunitario de Atención Familiar (Cecofam) cada viernes a las 16:00 horas para encontrarse y ser recogido por su madre, conviviendo con su progenitora un total de 49 horas, siendo esta suma de horas en donde pueden compartir tiempo de calidad como madre e hijo.
“Para quien solía ser llevado por su madre a la escuela diariamente, quien era cuidado y protegido por este vinculo maternal, este período es insuficiente. Viéndose reflejado en los diferentes estudios psicológicos a los que ha sido sometido, quien aparentemente y en palabras de Flores Guzmán, éste se va llorando al devolverlo los domingos a las 15:00 de la tarde; y que evidenciando una posible injusticia, es entregado a su padre.
“Yo esto no se lo deseo a ninguna mujer ni a ningún padre, es difícil asimilarlo porque ese niño se formó cuando aún había amor entre sus padres, en su momento cuando éramos pareja había un lazo muy bueno entre él y yo, y el hecho de que me lo haya arrebatado para mí es como si me lo haya robado”, dijo la entrevistada en un llamado a las autoridades.
DAÑO PSICOLÓGICO
Es importante recalcar que, según especialistas en el área de salud, el estado mental de los menores que son expuestos a altos conflictos en la relación de sus padres, se convierte en una situación de suma vulnerabilidad; tanto como a corto plazo como a lo largo, se pueden manifestar dificultades académicas, problemas en la conducta, aislamiento social o un posible estado de frustración
o alteración anímica.
Más, en situaciones donde se expone a los menores a experimentar separaciones sufridas, donde se disputa la tutela y se acusan mutuamente de conductas antijurídicas, o de males y perversiones en el supuesto bienestar del hijo, cuando en realidad no siempre contribuyen a las necesidades del mismo.
“Todo niño necesita mantener relaciones positivas con sus propias raíces, por tanto los padres deberían negociar las formas más adecuadas –funcionales– de relación que les permita a ambos ejercer correctamente su función paterna”, esto según un informe de la Revista de Psicología Vol. 2 Nº 3, 2006.
La Violencia Vicaria también se ha incorporado a la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, al Código Civil Federal y al Código Penal Federal.
Según la abogada Nuria Ramos, este tipo de conducta podrá ser castigada de cuatro a ocho años de prisión, como también el Servidor Público podrá alargar un procedimiento de Violencia Vicaria.
“Es muy lamentable que haya instituciones que se convierten en colaboradores de los agresores vicarios, porque desde el momento en lo que no hacen su trabajo se convierten en cómplices”, expresó.
Los delitos son por acción y por omisión, por lo que se exhorta a todas las mujeres y mamás que experimenten dicha opresión a que alcen la voz y busquen los recursos para ejercer su derecho a demandar a agresores y luchar por la pronta recuperación de sus hijos o hijas.
La licenciada Nuria Ramos lleva dos años y medio participando en la asociación de Abogadas del Sur de Tamaulipas, “Empoderamos a la víctima para que pueda enfrentar el proceso y previamente acudir al procedimiento, nos especializamos en derechos de niñas, niños y adolescentes y mujeres violentadas por razón de genero”, dijo.
EL DENUNCIADO SE EXCUSA
Ricardo Román Pérez Luévano, el acusado, ha utilizado sus redes sociales y aprovechado espacios en entrevistas para contradecir la versión de la madre.
De esta manera, el día del suceso, él comentó haber llegado completamente solo (por su hijo), sin ningún operativo policiaco ni mucho menos con alguna de las funcionarias mencionadas.
Éste relata haber arribado el colegio únicamente con su acta de custodia y ajeno a cometer algún acto de agresión en contra del bienestar del menor.
Según lo expresa Perez Luévano, el documento de tutela contiene dos llamados de atención hacia la progenitora por no respetar la custodia que mantenía el papá desde el 17 de junio del año 2022. Este indica que el primer exhorto hacia Christian Flores Guzmán fue en enero del 2023, un mes antes del suceso cometido en las instalaciones del colegio.
Asimismo, en su versión de los hechos, expresa que el proceso de custodia que él mismo inició fue con motivo de “fuertes descuidos en el bienestar del menor, específicamente los educativos”, así lo compartió en un video que públicamente circula en la plataforma de Facebook.
Es importante señalar que estas afirmaciones del acusado presentan una perspectiva diferente a la de Flores Guzmán, haciendo hincapié en la existencia de documentación legal y cuestionando la conducta de la madre en relación con la custodia del menor.
Finalmente las autoridades son las que tendrán la última palabra en torno a un caso que se ha polarizado en los medios de comunicación y que ya tiene implicaciones políticas, en detrimento de un niño que se encuentra en plena disputa.
