Quienes se dedican a vender autos de procedencia extranjera en la frontera entre México y Estados Unidos, aseguran que el negocio se les ha “muerto” y no encuentran una solución para “resucitarlo”.
Lotes y tianguis de autos usados en Reynosa y el resto de la frontera de Tamaulipas lucen desiertos desde la primera semana del año, cuando el Gobierno Federal autorizó el decreto de importación de unidades manufacturadas en la región de América del Norte (AN), según consta el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha del 24 de diciembre pasado.
Con el nuevo criterio para la legalización de autos “americanos” basado en una escalada del 300 por ciento sobre el costo por pedimento, además de una rigurosa lista de requisitos, también se ha desmejorado una industria alterna en la que sobresalen hojalateros, pintores, mecánicos y prestadores de servicios hoteleros y restauranteros, por citar algunos.
Desde 2000, año en que el entonces presidente Vicente Fox Quesada desbarató la hegemonía del sector automotriz mexicano (representado por las concesionarias) y legitimó las aspiraciones de miles de personas por conseguir un patrimonio móvil accesible y barato; la situación no se tornaba tan insostenible.
Y es que sobran quienes ven las actuales bases de importación como de “debut y despedida”, dado que “la enmienda se presentó con el fin de coartar la adquisición de bienes motrices estadounidenses y evitar que se desoiga la oferta nacional”.
Para Marco Antonio Rodríguez Delgado, lotero desde hace más de una década, su prioridad a partir del 1 de enero es encontrar otra manera para sustentar a su familia, porque aduce, vender autos legalizados de aquí en adelante “resulta inútil, fuera de lógica y agotador”.
Cuenta: “Los precios están completamente difíciles, se ha desplomado la venta de vehículos y eso está perjudicando a miles y miles de personas.
“A la redonda ya quebraron varios negocios por los precios exageradamente caros. Ya no pueden con los gastos porque los costos andan por las nubes”.
Entrevistado en su desolado negocio, el espigado comerciante relató que a finales de 2008 sufragó la mitad de lo que ahora cuesta hacer nacional una Ford F-150 año 1998 cuyo trámite asciende a los 23 mil pesos.
“Si esto sigue por el mismo cauce uno de los ejes que impulsan la economía en la frontera se volverá extremadamente improductivo, porque muchos dependemos de los autos americanos.
“Una camioneta Lincoln Navigator para regularizar de 23 mil se fue hasta 70 mil. Es absurdo y arbitrario por parte del Gobierno que ha acomodado sus piezas para favorecer a los grandes empresarios y perjudicar a las familias de bajos recursos”, refutó Rodríguez Delgado.
OSCURO ESCENARIO
Por su parte, José Luis Murillo, también vendedor de autos usados, dijo no poder dormir por las preocupaciones que este problema representa, porque lo asentado por las autoridades federales, agregó, no va acorde con la realidad en la que viven cientos de miles de familias y sus necesidades de transportación.
“Ahora la tenemos más complicada por los elevados costos (para legalizar vehículos), que están afectando a casi todos. Hay comercializadoras que han cerrado porque ya no les costea operar en esas condiciones”, indicó.
Este expendedor de autos dijo que de no mejorarse su situación buscará otra fuente de ingresos.
Mientras tanto, aquí y en otras regiones del país se han generado diversas protestas por el asunto, a unos días de aplicarse las nuevas reglas que la mayoría de los inconformes califican como sorpresivas e incongruentes.
En Ciudad Juárez empresarios del ramo lotero marcharon para acusar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de desalentar a los compradores que antes erogaban tres veces menos dinero.
Frente a la Presidencia Municipal de Matamoros otro grupo reprochó al Gobierno Federal la “posible” pérdida de 60 mil empleos dependientes de este sector en dicho municipio.
En la aduana Reynosa-Pharr otra aglomeración izó pancartas con consignas dentro de las que resaltaron: “¡No al alza de impuestos!”, “¡No al 300 por ciento!”, “¡Queremos importaciones”!, “¡No al tráfico de influencias”! y ¡“Señor Presidente, no olvide al pueblo!”.
Los opositores al dictamen instaron a sus ejecutantes reviren antes de que “se hunda toda la nave”, pues ahora ya no hay diferencia entre adquirir un coche de procedencia extrajera o uno local. Al considerar su valor, más los costos de importación el monto a pagar es semejante cuando se busca un auto nacional.
Aunque los insatisfechos solicitaron una audiencia con Lina Alicia Madrid Rosas, administradora de la Aduana de Reynosa, no hubo tal y otras autoridades se rehusaron a explicar su postura.
Una empleada del lugar, quien omitió su nombre, sólo filtró que por órdenes giradas desde las oficinas corporativas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) “nadie estaría facultado para otorgar entrevistas”.
Tal parece que el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación de coches usados y “al margen del sello con el Escudo Nacional” rubricado por la Presidencia de la República, no tendrá vuelta de hoja.
A decir de los revendedores, el tratado “se adulteró” y no concede coyunturas para que la ciudadanía se beneficie.
Y aunque “en facultad al artículo 89 fracción I de la Constitución Política de México y con el objeto de ordenar el mercado de automóviles usados” se constituye que: “No se podrá mantener restricción” a la internación de unidades provenientes de Estados Unidos y Canadá, en la práctica esto parece ser todo lo contrario con “aranceles de locura” como fueron calificados por los vendedores de autos usados.
ARTILUGIOS DEL GOBIERNO
El problema de esta parte del TLC es tan profundo, esgrimen los perjudicados, que cuando antes costaba en promedio ocho mil pesos poner en regla la documentación de un automóvil modelo 1999, hoy la cifra supera los 25 mil, debido al gravamen asignado por la Secretaría de Economía con un concepto de: Diez por ciento de contribución sobre el precio del vehículo, derecho de trámite aduanero, IVA, revalidación del pedimento, holograma y honorarios de la agencia aduanal.
De acuerdo a la Secretaría de Hacienda, las reglas de operación de dicho decreto contemplan a vehículos con 10 o más años de antigüedad; que los modelos anteriores al año 1998 presenten un certificado de origen de la armadora o de lo contrario paguen un impuesto del 50 por ciento sobre el valor de la unidad y que coches con leyendas de siniestros, daños por inundación, destrucción o pérdida total no puedan internarse a México.
No en vano las personas que no alcanzaron a efectuar sus papeleos bajo la anterior tarifa han reaccionado con avalanchas de críticas contra la medida orquestada desde Los Pinos. Alegan que ésta “atenta contra el progreso de los mexicanos y en nada ayuda a reducir la brecha de desigualdad”.
Ciudadanos como Rubén Medrano Arena, quien cotizó la nacionalización de su coche bajo el nuevo esquema, ahora tendrá que desembolsar una fuerte suma o circular ‘chueco’ con la angustia de que su unidad le sea decomisada.
“Pues es mucho dinero lo que están pidiendo, es algo injusto yo creo. No hay razón para que se le cobre tanto dinero a quienes queremos vehículos americanos”, apreció.
Andrés Avellaneda también se vio desfavorecido con el incremento del 300 por ciento en el TLC:
“Están muy elevados los impuestos. De hecho a penas iba a nacionalizar una Jeep Cherokee 99 que costaba 14 mil pesos y ahorita está en 24 mil, ¡carísima!”, reiteró.
EL ESTIAJE
Y es que resulta irónico encontrarse con importadoras -que antes retacaban su caja chica-, abatidas y al borde de la desaparición.
La baja afluencia de clientes amenaza con darles el “tiro de gracia”. Lo cierto es que ese clima tampoco es extraño para las agencias aduanales que no registran movimiento de su principal actividad: importar autos.
Acomodado tras un veterano escritorio y enfadado por los rayos del sol que golpean su cara, uno de los empresarios afectados platica sobre su actual situación con un colega. Lo hace vía telefónica y con esbozos de frustración.
“Esto nos perjudica de manera total porque no hay circulante. Cuando se importan vehículos trabaja el hojalatero, trabaja el pintor, todos trabajamos… usted ve la oficina completamente sola y así estamos todos los de este medio”, afirmó.
El aduanal -quien protegió su identidad-, mencionó en forma de mofa que mejor sacará su “changarro” de frituras a la calle para enfrentar esta crisis.
“Sí, vamos a poner aquí afuera, semillas y cacahuates garapiñados, porque sí está difícil. Esperemos que haya una solución pronto”, solicitó.
En ese contexto informó que se creó una comisión para abogar en la Ciudad de México a favor de importaciones baratas o al menos negociar una prórroga.
“Del 10 o 20 por ciento que teníamos imagínese un aumento hasta el 300 por ciento. Yo coticé una Nissan Frontier modelo 1999 y subió de ocho mil a 60 mil.
“Mejor hay que ir a la concesionaria y sacar una camioneta nueva. Sale más barato y la muestra es que en la Aduana ahorita no hay ninguna alma, está vacía a causa de este tratado ambiguo”, dijo a regañadientes el entrevistado.
Seguramente esta historia que se enciende seguirá dando de qué hablar, mientras las concesionarias -comandadas por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA)-, se han anotado una victoria con la aplastante reducción de legalizaciones de coches extranjeros a territorio nacional.
EL DISCURSO AMBIENTALISTA
De acuerdo a la publicación del DOF en la que se estipularon las bases para la importación definitiva de autos usados “es facultad del Ejecutivo Federal la regulación de la contaminación de la atmósfera proveniente de todo tipo de fuentes emisoras para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico”, por lo que los vehículos deben sujetarse a las disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección al medio ambiente.
En ese tenor el Gobierno requiere que las unidades ingresadas a territorio nacional conforme al presente decreto no circulen hasta que se empadronen en el Registro Público Vehicular.
El apartado tercero establece que quedó abrogado el anterior decreto oficializado el 22 de agosto de 2005 en el DOF. Además “El SAT llevará a cabo el procedimiento de suspensión en el Padrón de Importadores, sin perjuicio de la aplicación de las demás disposiciones en la materia, cuando:
“Se incumplan los preceptos del decreto, se pretenda o importe autos que no reúnan los requisitos en los artículos 4 y 5 de este instrumento; asimismo si la documentación empleada es falsa, inexacta o el valor declarado no haya sido determinado de conformidad”.
Al respecto se buscó conocer el parecer de la Oficina de la Presidencia, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta”.
