La madrugada del pasado lunes 4 de julio, tal y como lo había hecho desde los últimos seis años, Adriana Martínez se despidió de su esposo, sus dos hijos y se dirigió a su trabajo en la maquiladora CSI Technologies, ubicada en el Parque Industrial Reynosa, en las inmediaciones del Puente Internacional Reynosa-Pharr.
Sin embargo, lo que Adriana y 79 de sus compañeros no esperaban es que esa mañana iban a encontrarse con las puertas de la empresa cerradas y lo que es peor, sin trabajo.
“Cuando llegamos a iniciar el turno a las siete y media de la mañana no había nadie, las puertas estaban cerradas. Un compañero del sindicato habló por teléfono con Brenda Juárez –la encargada de Recursos Humanos–, quien le dijo que el trabajo se había acabado, que la maquiladora iba cerrar y que no había nada que hacer”, dijo.
Fue entonces cuando los obreros y trabajadores de confianza de esta empresa dedicada a la elaboración de cables de fibra óptica comprendieron lo que había sucedido: aprovechando la noche y el descanso del fin de semana, los directivos de la maquila huyeron de la ciudad sin pagar sueldos o indemnizaciones.
Desesperados por su futuro, los empleados encontraron una puerta de servicio abierta. Cuando entraron al que había sido su lugar de trabajo durante más de un lustro, se dieron cuenta del dolo con el que actuaron sus patrones.
Fresadoras, tornos y maquinaria de laboratorio (el equipo más caro que había en el lugar), habían sido sustraídos durante el fin de semana, además de que las computadoras y servidores que contenían toda la información de las operaciones de la compañía fueron robados o destruidos.
Para entonces todos sabían quiénes eran los responsables de este cierre ilegal: el gerente de la empresa, Robert Landon (de origen norteamericano), el gerente de Ingeniería, Jorge Delgadillo y la encargada de Recursos Humanos, Brenda Olivares. Se presume que todas estas personas se encuentran en la ciudad de Mission, Texas.
De hecho, CSI Technologies cuenta con una bodega ubicada en el Edificio J del número 6620 de la calle 33 sur en ciudad de McAllen. Sin embargo, como el inmueble se encuentra dentro de la zona comercial de la ciudad, que es resguardada por elementos de Aduana norteamericana, no se pudo ingresar para comprobar si fue a este lugar a donde llevaron la maquinaria sustraída.
Indignados, pues no les pagaron ni sus sueldos o indemnización por despido injustificado, 57 trabajadores sindicalizados y 22 de confianza interpusieron dos demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje Número 5, mismas que fueron concentradas en una sola, archivada bajo el expediente 345/5/2011.
Con la querella laboral, los ex trabajadores esperan conseguir el embargo de los pocos bienes que quedaron dentro de la nave, mismos que tras ser vendidos podrán usarse para el pago de alguna indemnización, además de sueldos caídos.
LO SOSPECHABAN
Desde el cierre de la empresa, grupos de trabajadores sindicalizados permanecen dentro de la nave industrial, resguardando que no vayan a regresar sus antiguos patrones para llevarse lo poco que queda.
Desconfiados, al principio impiden que los medios ingresen a la maquiladora, sin embargo, cuando finalmente acceden muestran los daños que dejaron sus antiguos jefes en su huida nocturna.
La mayor parte de las computadoras instaladas en el área de oficina lucen mutiladas, pues alguien les arrancó los discos duros. Papeles, calendarios, discos compactos y material de oficina están regados en los cubículos, como si alguien los hubiera revisado con prisa antes de irse. Curiosamente, todos los teléfonos del área están descolgados.
El área donde se encontraba la oficina de Robert Landon, gerente de la empresa, está cerrada con llave. De no ser por la computadora desmantelada nadie podría pensar que el lugar está abandonado, pues aún pueden verse una cafetera personal, un mini mapamundi y algunos libros.
En contraste el cubículo de Jorge Delgadillo, el encargado de operaciones, es un desastre. Los papeles están regados, la computadora destrozada y no quedan más que documentos que no dicen nada sobre el posible lugar donde estas personas podrían estarse escondiendo.
En algunos pasillos pueden verse discos duros de computadora tirados en el piso. Sobre ellos hay evidentes manchas de que alguien les aventó agua y ácido buscando destruirlos.
Los peores daños están en la sala del servidor, pues los que llegaron para borrar todo rastro de las operaciones de esta empresa, cuyo corporativo se encuentra en Tampa, Florida, arrancaron cables, discos duros y rociaron con polvo de extintor de incendios las computadoras.
La mayor parte de los obreros de la empresa indicaron que aún y sus jefes les decían que todo estaba bien y que el trabajo aumentaría, desde hace meses sospechaban que les estaban mintiendo.
Y es que desde hace dos años, supuestamente por la crisis económica, la empresa se había declarado en “paro técnico”, lo que quiere decir que les habían cancelado apoyos como el comedor, transporte a sus hogares y vales de despensa.
Además durante casi año y medio, la jornada laboral se había recortado de lunes a jueves en un solo turno, por lo que los empleados recibían 800 pesos semanales de sueldo. Esta situación apenas se había normalizado hace un par de meses.
Una gran cantidad de los obreros afectados, tenían entre seis y doce años de antigüedad, pues gracias a un acuerdo sindical, CSI Technologies aceptó respetarles el tiempo que habían durado trabajando para la empresa Emerson.
Desgraciadamente para estas personas, todo esto se perdió una vez que los directivos de la maquiladora decidieron escapar.
BUSCARAN SANCIONES
Miguel García Ahedo, delegado de la Secretaría del Trabajo en Reynosa, expresó que independientemente de las acciones legales iniciadas por los obreros, se ha buscado ayudarlos a conseguir un nuevo trabajo.
Por ello, en coordinación con la oficina local del Servicio Estatal del Empleo, se ha inscrito a todas estas personas en la bolsa de trabajo de la dependencia, donde se les dará prioridad en caso de que surja alguna vacante.
El funcionario reconoció que es lamentable que los trabajadores de esta empresa estén viviendo esta situación, por lo que es necesario analizar si los directivos de la compañía incurrieron en algún delito al actuar como lo hicieron.
Por su parte, Adolfo Platas, funcionario del sindicato que representa a estos obreros, indicó que esta no es la primera vez que una maquiladora decide escapar de la ciudad de esta forma.
Recordó que hace aproximadamente dos años otra empresa cerró sus puertas de manera similar afectando a 180 trabajadores. En esa ocasión gracias a que se interpusieron las demandas laborales a tiempo, fue posible embargar los bienes de la empresa y pagar las indemnizaciones.
El representante sindical expresó que desgraciadamente en la región las autoridades no demandan a este tipo de empresas el pago de alguna fianza que permita cubrir las necesidades de sus trabajadores en caso de que decidan cerrar de manera ilegal.
Por ello consideró necesario que el Congreso del Estado legisle para que de ahora en adelante, en lugar de ofrecer todas las facilidades y descuentos fiscales, se demande a estas empresas a garantizar que sus trabajadores no se van a quedar en el desamparo.
Y es que tanto para Adriana Martínez como el resto de sus compañeros, la posibilidad de quedarse sin un ingreso es angustiante, pues todos tienen que pagar créditos de muebles, vivienda, inscripciones de sus hijos, uniformes y útiles escolares.
Mientras tanto, los responsables de haber dejado en el desamparo a estos obreros y sus familias permanecen escondidos en Estados Unidos, aprovechando que las leyes mexicanas ni siquiera consideran como un delito lo que hicieron.
