A más de una década de iniciada la que ha sido quizás la mayor etapa de violencia en la historia moderna de la Nación, existe una cantidad indeterminada de gente inocente que resultó muerta al quedar atrapada en medio de un tiroteo (alcanzada por una bala, quemada o atropellada).
Se trata de personas con nombres y apellidos que se dirigían hacia sus trabajos, domicilios; que salieron de compras e incluso de paseo. Ciudadanos de todas las edades quienes tuvieron la muy mala suerte de convertirse en mártires de una batalla sin cuartel, la cual hasta el año 2012 había cobrado más de 150 mil muertos oficiales.
Inofensivos civiles que inesperadamente fueron abatidos sin derecho a defenderse. Los ha habido de todos: desde niños en brazos, estudiantes; hombres y mujeres que eran el sostén económico de sus familias y también personas de la tercera edad.
A sus seres queridos no sólo les privaron la oportunidad de tenerles con vida, sino que también han sido abandonados y despreciados por los gobiernos en turno.
De hecho, cada vez que una persona inocente fallece en un ataque donde participan criminales y las fuerzas armadas, a los deudos se les exhorta a recibir ayuda psicológica, pero –conforme éstos mismos lo atestiguan– las autoridades ni siquiera envían el apoyo a sus domicilios, sino que son ellos los que deben de trasladarse a los cuarteles o instalaciones gubernamentales para recibirlo.
Y aunque justamente el Congreso de la Unión avaló la Ley General de Víctimas, que contempla la reparación integral de daños a parientes de difuntos por asesinato, el gobierno no solamente no los indemniza, sino que también se niega a revelar cuántas personas están en la misma situación.
RENDICION DE CUENTAS SOSLAYADA
En oficios tramitados por este medio con base a la Ley de Acceso a la Información Pública, solicitando saber: “¿Cuántas personas ajenas a cualquier agresión a las fuerzas armadas han fallecido o resultado lesionadas en enfrentamientos entre elementos de la corporación y presuntos agresores en la ciudad de Reynosa de enero de 2013 a la fecha? y ¿cuántas de éstas personas fallecidas o heridas han sido atendidas bajo los ordenamientos de la Ley General de Víctimas desde su promulgación?”, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR se desmarca al responder lo siguiente:
Que “La Procuraduría General de la República tiene entre sus funciones la de investigación y persecución de los diversos delitos a nivel federal” y que la información solicitada “no se encuentra dentro del ámbito de competencia de esta dependencia”.
Y se excusa al señalar que “se auxilia de una Policía Federal Ministerial”, “más no se apoya en las fuerzas armadas” y que “existe una Dirección General de Justicia Militar que entre sus atribuciones tiene la de elaborar estadísticas de la delincuencia militar (Sic)”.
El documento SJAI/DGAJ/02311/2016, signado por Adriana Campos López, titular de la Unidad de Enlace, de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la PGR, acota que “ante cualquier duda derivada del presente oficio se acuda a esta unidad de enlace” ubicada en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
SE ECHAN LA “PELOTA”
Por su parte, la oficina de la Comisión General, de la Policía Federal, contestó al oficio de Hora Cero asegurando que “le corresponde a la Procuraduría General de la República instrumentar y aplicar mecanismos de coordinación con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios, para la investigación de los delitos y en el ejercicio de esta función” señala que “las policías actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación”.
En palabras más simples la Policía Federal también se deslinda y da a entender en su documento PF/OCG/DGE/1059/2016, que la PGR –contrario a lo que ésta última respondió– sí posee la información de personas que murieron inocentemente en medio de las hostilidades entre elementos federales y delincuenciales, porque (al ser un órgano de procuración de justicia) se encarga de agrupar todos los casos, expedientes, averiguaciones y las evidencias.
Además la PF explica que le corresponde al MP determinar si la muerte de una persona (inocente) se ocasionó como consecuencia directa al repeler una agresión contra miembros de la delincuencia organizada.
Y agrega la corporación que ésta únicamente “realiza actuaciones que le instruya el Ministerio Público en la investigación de los delitos o la autoridad jurisdiccional conforme a las normas aplicables”.
En la misma tesitura la Policía Federal ratifica que “en relación a civiles fallecidos o lesionados se informa que la Procuraduría General de la República es la facultada para abrir la Averiguación Previa y ejercitar la acción penal a través del Ministerio Público, de conformidad con la Ley Orgánica de dicha dependencia”.
Y que en ese sentido “esta dependencia (la PF) sólo coadyuva en la investigación y combate de los delitos cometidos, bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación”, el cual depende y es parte de la PGR.
Aún así la Policía Federal menciona que en el periodo entre el año 2013 y el 7 de febrero de 2016 sólo “tiene conocimiento de dos probables civiles fallecidos y un probable civil lesionado en el municipio de Reynosa, en casos en los que integrantes de la institución, en ejercicio de sus funciones, hacen uso de la fuerza pública, con el propósito de repeler una agresión realizada por personas que probablemente son miembros de la delincuencia organizada”.
Pero más abajo en su documento la PF se contradice, vuelve a lo mismo, y asegura que no corresponde a la institución acreditar si las personas muertas en un enfrentamiento pertenecen o no a grupos criminales, sino que eso le compete al MP.
Tomando en cuenta los casos de personas inocentes –muertas en enfrentamientos entre policías federales o militares contra grupos criminales–, documentados por los medios de información, se ha comprobado que las autoridades no quieren asumir las responsabilidades que de éstos se han derivado.
Esto se relaciona directamente con la ausencia de una indemnización a familiares de víctimas de la violencia (contraviniendo la legislación vigente), según quedó constatado en la edición quincenal de Hora Cero 433, en el que se citan varios ejemplos como el del matrimonio Rodríguez Sandoval de Matamoros, que sufrió en carne propia el asesinato de una hija, o la familia Nieto Hernández, la cual perdió en Reynosa a tres de sus miembros y a un trabajador cuando fallecieron atropellados por un vehículo militar.
PARA LA SEDENA, NO HAY
La lista puede ser larga, por ello, de igual manera se solicitó ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un reporte claro que especifique cuántas personas inocentes murieron o resultaron heridas en el combate al crimen organizado en Reynosa a partir del primer mes de 2013 a la fecha.
En un pedimento realizado por este medio informativo, recibido el 5 de febrero y cuya contestación se originó el 3 de marzo pasado, con el número de folio 0000700023116 (y de la que Hora Cero tiene una copia), la autoridad militar no solamente omite la información solicitada, sino que además miente, al señalar que “no se cuenta con registros de personas fallecidas o lesionadas en agresiones en contra de personal militar en el municipio de Reynosa” durante el periodo comprendido.
Y agrega en la hoja firmada por David Estudillo Rea, suplente del titular de la Unidad de Transparencia” que “la Secretaría de la Defensa Nacional no cuenta con información estadística sobre agresores y civiles ajenos a los hechos fallecidos y/o heridos”.
Con la misma estrategia de la PGR y la Policía Federal, la Sedena se “lava las manos” y acota que le “corresponde al procurador general de la República presidir al Ministerio Público de la Federación, a quien le incumbe la investigación y persecución de los delitos”.
Por lo que entonces, para una institución que se dice garante de los Derechos Humanos, de la integridad física de la población civil y pregona defender la verdad por un país de justicia, tal parece que son producto de la imaginación las muertes de personas inocentes (como la familia que aquel 11 de noviembre de 2015 murió atropellada por un vehículo militar en una taquería de Reynosa), quienes nada tenían que ver con el narcotráfico ni la delincuencia.
