Derechohabientes del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), afectados por los litigios legales interpuestas por la empresa Edificadora Jarachina, S.A. de C.V. que pelea la propiedad de los predios donde fue construido el fraccionamiento Lomas Real de Jarachina Sur, demandaron la entrega de sus escrituras o, en su defecto, copia del documento con lo que puedan comprobar la legal tenencia de su patrimonio.
Al mismo tiempo denunciaron que fuera de una reunión entre su representante legal, Alfredo Castro Olguín y funcionarios del Infonavit, no han recibido ningún apoyo de la dependencia federal en los juicios que actualmente enfrentan.
Graciela Medina y Marcela Bautista, dos de los derechohabientes afectados por estas demandas y quienes forman parte de un comité vecinal creado para defender sus casas, aseguraron que aunque el delegado regional del instituto, Rogelio Sanmiguel Ramos ha dicho que la dependencia les ha proporcionado apoyo legal, hasta la fecha nadie se ha acercado a ellos.
De hecho, Alfredo Castro Olguín, abogado de este grupo de personas, expresó que sólo una vez se ha reunido con funcionarios del Infonavit, quienes le informaron que al momento en que un juez lo pida, el instituto confirmará el dicho de los derechohabientes de que adquirieron las viviendas de buena fe y desde hace más de cinco años.
Con ello, espera demostrar que sus clientes tienen la tenencia legal de las viviendas, por lo que deben de ser considerados como los propietarios de las mismas.
En entrevista, las integrantes del comité vecinal expresaron que independientemente del proceso legal que se sigue en contra de varios de ellos y que ya han respondido en tiempo y forma, sus demandas originales continúan.
Estas son: que aquellos que ya terminaron de pagar sus casas –pues las adquirieron aproximadamente hace 15 años–, reciban las escrituras originales que les dé la seguridad legal sobre su patrimonio.
En el caso de los que aún no han terminado de pagar las casas, que les proporcionen una copia de las escrituras pues, explicaron, en el Infonavit ni siquiera eso les ha entregado.
Además demandaron mayor claridad en los estados de cuenta de sus créditos, pues hay quienes adquirieron la casa en alrededor de 189 mil pesos y se han dado cuenta que deben 220 mil.
Al mismo tiempo, los colonos demandaron que este litigio no modifique en ninguna forma el costo de sus inmuebles.
Las integrantes del comité, explicaron que sus reclamos se centran en el Infonavit pues fue ante esta institución ante quien hicieron el trámite para la compra de las casas y realizaron los pagos de las mensualidades.
Aclararon que nadie está pidiendo la destitución de algún funcionario del instituto, pues lo único que desean es que este problema se aclare y puedan contar con papeles legales que los acrediten como los propietarios de sus domicilios.
Las afectadas insistieron en que ellos no reconocen ningún adeudo con Edificadora Jarachina, S.A. de C.V. pues nunca tuvieron tratos con esta empresa.
VIENEN DEMANDAS PENALES
Por su parte, Alfredo Castro Olguín, representante legal de los afectados, informó que entre los años 2007 y 2011, existen 40 demandas interpuestas por Edificadora Jarachina, S.A. de C.V. en contra de derechohabientes del Infonavit.
Y aunque se habla de que podrían ser cientos los afectados con este conflicto, el abogado reconoció que en realidad es solamente este número de personas quienes en determinado momento podrían perder sus viviendas.
El litigante aseguró que se ha respondido en tiempo y forma cada una de las demandas iniciadas contra sus representados, por lo que tiene confianza de que el juez encargado del caso les dará la razón.
Advirtió en que unos días interpondrán una denuncia penal en contra de Roberto Morales, propietario de la Constructora Romo (quien construyó las casas) y quien resulte responsable en el Infonavit por el delito de fraude.
Explicó que corresponderá a la autoridad determinar qué funcionario o funcionarios del instituto autorizaron el pago de las casas a Constructora Romo sin verificar que la empresa no era la propietaria legal de los predios donde se edificó el fraccionamiento.
Con estas acciones espera fortalecer la causa de sus representados quienes, aunque tienen temor de perder su patrimonio, son los legales propietarios de las viviendas que compraron con un crédito del Infonavit.
