Cuando Azucena Maldonado y su esposo, Salvador García, se afiliaron al Seguro Popular hace ocho meses, pensaron que los problemas económicos generados por la cirrosis hepática de Salvador se habían terminado. Hoy deben más de siete mil pesos y no tienen cómo pagarlos.
Peor es el caso de Irene Castillo y su hija María Guadalupe Moreno Castillo, quien desde hace más de dos semanas permanece en el área de terapia intensiva del Hospital General de Reynosa, donde la atienden por complicaciones generadas por el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), lo que ha generado una cuenta de gastos médicos que no deja de crecer.
Quien ya no tiene de qué quejarse es Ignacio Jasso Bustamante, quien requería de diálisis para poder sobrevivir, pero al no tener con qué pagarla, falleció tras varios meses de permanecer hospitalizado.
Estas personas son apenas algunos ejemplos de los afiliados al Seguro Popular –un programa federal destinado a ofrecer atención médica a quienes no cuenten con la atención del IMSS o el Issste– que se encontraron con la sorpresa de que muchas enfermedades no son cubiertas por esta protección gubernamental y, por lo tanto, tienen que correr por su cuenta con los gastos generados para su atención.
UNA BUENA IDEA, MAL APLICADA
Creado en el sexenio de Vicente Fox Quesada, el Sistema de Protección Social en Salud, o Seguro Popular, como es conocido, busca proveer una alternativa de atención mediante un esquema de aseguramiento público para aquella población que no cuenta con acceso a servicios de salud.
Entre los principales beneficios de este programa, aseguran las autoridades, es que “todos los mexicanos sin distinción de condiciones sociales, económicas o laborales” pueden ver disminuido el “gasto de bolsillo” o desembolso al momento de recibir atención a su salud.
De acuerdo al Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) 2010, que detalla todas las enfermedades y medicinas que cubre este programa, su objetivo principal es que “todo afiliado reciba servicios de salud sin que esto le signifique pagar una cuota o insumo alguno en el momento de recibir la atención”.
Cuando fue creado, este sistema cubría los costos generados por la atención de 78 intervenciones de salud, mismas que representaban las principales causas de morbilidad y demanda hospitalaria en el país.
En el año 2004 el número de intervenciones se incrementó a 91 servicios, en 2005 creció a 155, en los años 2006 y 2007 aumentó a 255, en el año 2009 llegó a 266 y del año 2010 a la fecha atiende 275 intervenciones, que incluyen la cobertura de mil 407 enfermedades.
De acuerdo a las reglas del programa, las personas interesadas en afiliar su familia al Seguro Popular tienen que demostrar que no cuentan con la protección de ninguna institución de seguridad social como el Issste o el IMSS, además de presentar algunos documentos personales.
Posteriormente se les practica un estudio denominado Cédula de Características Socioeconómicas del Hogar, que permite conocer y clasificar en una de diez categorías (o deciles) los ingresos económicos de la familia.
El decil en la que es colocada la familia por sus ingresos, determina lo que tienen que pagar de anualidad por el Seguro Popular o, incluso, si lo reciben de manera gratuita.
De acuerdo al reglamento del programa, las familias más pobres del país, que son clasificadas en los primeros dos deciles, no pagan anualidad por este programa, al igual de los que se encuentran en el número tres y tienen en su familia un niño menor de cinco años.
El resto de las personas tienen que pagar una cuota que va de los 713.96 a los 11 mil 378.86 pesos.
Con este pago los beneficiarios del Seguro Popular tienen derecho a recibir de manera gratuita la atención médica y medicinas para las enfermedades contempladas en el programa y que están divididas en seis rubros que son:
–Salud pública, donde se incluyen 24 intervenciones dirigidas a los servicios de detección y prevención de enfermedades y en las que se incluyen los servicios de vacunación, detección de diabetes, hipertensión arterial, tuberculosis, atención especializada de adicciones, la detección de conductas anormales higiénico-dietéticas y la atención de la violencia familiar y sexual en mujeres.
–Consulta de medicina general, familiar y de especialidad, a la que corresponden 104 intervenciones sobre el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades tanto infecciosas como crónicas. En este grupo hay enfermedades que se refieren al primer nivel de atención y también al segundo nivel, que requieren el manejo de un médico especialista.
–Odontología, donde se consideran ocho intervenciones de salud indispensables para mantener una óptima salud bucal.
–Urgencias, en donde se contemplan 25 intervenciones que ponen en peligro la vida e incluyen servicios de atención médica, otorgando la estabilización, el diagnóstico y manejo terapéutico en la sala de urgencias.
–Hospitalización, en el que se incluyen 45 intervenciones de aquellas patologías que requieren de estancia hospitalaria, del manejo multidisciplinario de especialistas médicos y de enfermería, así como de los insumos médicos indispensables para su control y estabilización.
Cabe señalar que en este punto se considera la atención de males como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, hipertiroidismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardiaca, atención de quemaduras de segundo grado, hemorragia digestiva, neumonía, mastoiditis, osteomielitis, patologías neurológicas entre las que se encuentran crisis convulsivas, eclampsia, meningitis y complicaciones condicionadas por el embarazo.
–Cirugía General, donde se consideran 69 intervenciones que atienden tanto problemas agudos como crónicos, incluyendo los diagnósticos de mayor frecuencia quirúrgica de patologías digestivas, ginecológicas, obstétricas, genito-urinario masculino, oftalmológicas, dermatológicas y ortopédicas, lo que permite manejar hospitalizaciones programadas, con estancia hospitalaria larga o corta, y que por su naturaleza requieren de intervención quirúrgica.
Los afiliados al Seguro Popular, también tienen derecho de recibir de manera gratuita 357 medicamentos incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, en todos los casos se trata de genéricos intercambiables.
QUE SIEMPRE NO
Aunque el Seguro Popular atiende las principales causas de enfermedad y muerte entre la población mexicana, deja fuera de su cobertura algunos males cuyo tratamiento es largo y caro.
Desgraciadamente las personas afiliadas no tienen el cuidado de verificar la lista de las enfermedades cuyo tratamiento sí es cubierto por este programa y se confían de la publicidad gubernamental que habla de que todos los males son atendidos.
Tal es el caso de Azucena Maldonado y su esposo, Salvador García, quien desde hace años fue diagnosticado con cirrosis hepática generada por un medicamento mal administrado que le dañó el hígado.
Hace ocho meses, la pareja se afilió al Seguro Popular, donde les asignaron el folio 002810584378-2 y la tarjeta de citas número 9765. Su idea era que, llegado el momento, iban a poder solventar los gastos de la enfermedad de Salvador.
El pasado 26 de agosto, Salvador presentó una inflamación severa en los pies, bazo y abdomen, por lo que tuvo que ser internado en el Hospital General de Reynosa.
Sin embargo cuando quiso surtir las medicinas y llevar a Salvador a que se le practicaran los estudios clínicos que necesita, Azucena fue informada de que éstos correrían por su cuenta.
“Me salieron con que el Seguro Popular no me cubría muchas de las medicinas en la receta además de los estudios del laboratorio”, explicó.
Incluso algunos de los gastos de hospitalización de su esposo tampoco están incluidos en el programa gubernamental, por lo que ahora la pareja tiene una deuda de poco más de siete mil pesos, cantidad que no tienen.
“Ahorita estoy viendo cómo le voy a hacer para cubrir eso. Mi marido es el que trabaja y es quien consigue el dinero por lo que ahora no tenemos, me he tenido que ir con lo que me han prestado algunos amigos y familiares”, apuntó.
Para Azucena, la publicidad oficial que asegura que el Seguro Popular ampara todas las enfermedades es un error, pues en realidad no sucede así.
“Estoy viendo en la televisión que sale el presidente ‘levantándose el cuello’ de que el seguro cubre eso cuando no es cierto, y hay muchas personas que están en mi situación, que no tienen para pagar las recetas y los estudios de sus familiares, aunque tengan el Seguro Popular”, sentenció.
Una situación similar vive Irene Castillo, madre de María Guadalupe Moreno Castillo quien hace cuatro años fue diagnosticada con el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA).
Para esta humilde mujer de 79 años de edad, quien se afilió al Seguro Popular apenas se enteró de la enfermedad de su hija, la vida no ha sido sencilla, pues conforme pasan los años, la salud de María Guadalupe ha estado empeorando.
“A ella la contagió su esposo quien apenas se enteró que ella estaba enferma la dejó para irse a Saltillo. Desde entonces nosotros nos hemos tenido que hacer cargo de María Guadalupe y sus tres niños, quienes gracias a Dios están sanos”, relató.
Para Castillo, las visitas al hospital han sido una constante, pero las cosas han empeorado pues María Guadalupe se encuentra internada en terapia intensiva del Hospital General viviendo lo que son, quizá, los últimos días de su vida.
“Le diagnosticaron insuficiencia renal, anemia y un problema en la cabeza que requiere que le hagan un estudio llamado TAC (Tomografía Axial Computarizada). La verdad es que ya no reconoce a muchas personas y yo la veo muy mal”, señaló.
Para esta madre la enfermedad de su hija es una tragedia total, pues tiene que hacerse cargo de sus tres nietos y el costo de la hospitalización y las medicinas de su hija, pues el Seguro Popular no cubre nada del tratamiento del SIDA.
“Toda la medicina, que es muy cara, la tenemos que comprar nosotros. Por ejemplo en estos momentos el doctor le recetó a mi hija dos ampolletas diarias que cuestan 300 pesos cada una, como vio que no tenemos dinero para comprarlas, le bajó el tratamiento sólo a una y esa la tenemos que comprar nosotros”, precisó.
Durante más de dos semanas, ha recurrido al buen corazón de sus vecinos para comprar el medicamento que tiene que aplicarle a su hija cada 24 horas, aunque sea apenas un paliativo para su enfermedad.
“Nosotros sacamos el Seguro Popular porque vimos en la televisión que cubría todas las enfermedades pero no es cierto, son puras mentiras, a mí nadie me ha ayudado con los gastos de mi hija y ya no sé qué hacer, tengo ganas de sacarla del hospital para no seguir generando gastos, pero no sé qué vaya a pasar”, comentó.
Ignacio Jasso Bustamante perdió la vida por la falta de recursos para atender su mal, y vivió la tragedia por partida doble: fue abandonado por su familia, y no podía recibir la diálisis que le hubiera permitido sobrevivir.
Durante meses, este hombre permaneció postrado en la cama 306 del Hospital General de Reynosa, esperando que algún familiar se compadeciera de su situación y acudiera a rescatarlo.
A Jasso Bustamante le diagnosticaron diabetes, una posible peritonitis y una insuficiencia renal tan avanzada, que hacía urgente que recibiera diálisis para limpiar su sistema y permanecer con vida.
Y aunque contaba con la protección del Seguro Popular, que pagó algunos de los gastos de su hospitalización, este programa federal no cubre la diálisis, por lo que se quedó esperando a que alguien decidiera pagar los tres mil pesos semanales que cuesta este tratamiento.
Sin embargo, nadie llegó y a principios del mes de agosto la insuficiencia renal cobró la vida de Ignacio.
GASTOS CATASTROFICOS
Dentro del presupuesto del Seguro Popular existe un fondo económico denominado Programa de Gastos Catastróficos, que se encarga de solventar el costo del tratamiento de enfermedades como, por ejemplo, varios tipos de cáncer.
Y aunque anualmente cientos de personas se acogen a este programa, la realidad es que existen quienes, por detalles burocráticos, no pueden gozar de sus beneficios.
Funcionarios del Sector Salud en Reynosa, reconocieron que este año dos mujeres que fueron deportadas de Estados Unidos y estaban enfermas de cáncer, no pudieron ser atendidas pues no contaban con una identificación oficial, uno de los requisitos que demanda este programa.
De hecho, reconocieron los funcionarios, en muchos de los casos los encargados de inscribir a los enfermos en este fondo tienen que “buscar la manera” de que las personas cumplan con los requisitos exigidos, o de lo contrario quedarían fuera.
Y aunque saben que al hacerlo se están jugando su puesto, aseguraron que tienen que usar estos atajos para poder atender a las personas y lograr que sean candidatos para el Fondo de Gastos Catastróficos, que es su última oportunidad de vida.
Además, quienes logran ingresar a este programa no tienen asegurada la cobertura total de los gastos de su tratamiento, pues la falta de infraestructura en Reynosa provoca que estos pacientes sean enviados a Ciudad Victoria o Monterrey, Nuevo León, para recibir las quimioterapias que requieren.
El problema es que ni el Seguro Popular o el Fondo de Gastos Catastróficos cubren el costo de los traslados y hospedaje del paciente ni su familiar, que necesariamente tiene que acompañarlo.
De no ser por algunos programas sociales que ofrecen hospedajes y comidas baratas para los que se encuentran en esta situación, estas personas tendrían que gastar grandes cantidades de dinero mensualmente, cuando viajan para los tratamientos.
Desafortunadamente estos programas no están disponibles en todas las ciudades donde se ofrece esta atención, por lo que el riesgo de quedar en el desamparo siempre está presente.
Mientras tanto, a los afiliados del Seguro Popular no les queda más que pedirle a Dios que el día que se enfermen, sea de un mal que se encuentra incluido en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, de lo contrario van a tener que gastar hasta lo que no tienen.
