
En su avidez por alcanzar un mejor mañana, Alex Hernández jamás imaginó que migrar hacia Estados Unidos se convertiría en su peor pesadilla.
Nativo de Choluteca, un pequeño puerto al sur de Honduras, el joven de macilento aspecto cultivaba la milpa que su padre le dejó antes de ser asesinado.
Con 50 Lempiras al día (23 pesos mexicanos), aprendió a soslayar la miseria que predomina en su comunidad, hasta que unos amigos lo convencieron de salir en busca del “sueño americano”.
La cuadrilla de cuatro personas (entre las que se encontraba una mujer) inició el largo viaje con escaso dinero y una mochila al hombro. Con intranquilidad sorteó los peligros de la selva guatemalteca y las pandillas, pero al cruzar hacia el lado mexicano su suerte cambió drásticamente.
A bordo del viejo tren que llevaría al grupo de indocumentados a Salina Cruz, Oaxaca, éstos tuvieron un desencuentro con los custodios de Ferrocarriles del Sureste, S.A. de C.V., empresa subsidiaria de los derechos de vía.
Los “garroteros”, como llaman a los empleados ferrocarrileros, subieron sobre la marcha al techo del vagón y sin la más mínima compasión arrojaron por la borda a la joven mujer, acompañante de Alex y sus amigos.
Cuando quisieron reaccionar ya era tarde; ella yacía muerta en el rocoso suelo.
Relata: “No podía creer lo que estaba sucediendo. Nosotros les preguntamos a gritos por qué habían lanzado a la muchacha y uno de ellos nos contestó que ni a su propia madre respetaba.
“Nos cambiamos de furgón pa’ evitar que nos alcanzaran. Esa noche me dieron muchas ganas de llorar ¡que lástima!”.
Para este agricultor de 25 años esta es una de las primeras dificultades que un ilegal padece en territorio mexicano antes de intentar ingresar a Estados Unidos: los riesgos del ferrocarril.
“Es el trabajo de los guardias y policías, golpearnos, pero les rogamos que no lo hagan. Nosotros no queremos robarles nada de los trenes, sólo queremos cruzar este país para buscar una nueva vida”, dijo consternado el centroamericano.
Entrevistado en la Casa del Migrante de Reynosa, en el norte de Tamaulipas, donde arribó 156 días después de haber dejado su tierra y parentela, Alex señaló que a pesar de la tragedia no dará marcha atrás.
“En Honduras la vida está canija. Allá uno gana nomás pa´ la comida y se sufre mucho. Quiero ayudar a sacar adelante a la familia y ayudarme yo también”, comentó el catracho.
En ese lapso, el joven cuyo acento delata su origen, ha mendigado comida y trabajado como pintor, ayudante de albañil, vendedor de periódicos y lavacoches. No descansará, dice, hasta lograr su objetivo de reunir dinero suficiente para internarse en suelo estadounidense.
Como Alex, se calcula que anualmente ingresan a México unos 500 mil centroamericanos sin documentos por la frontera sur, según datos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
LA MAS DURA LECCION
Tereso Gómez es otro de los migrantes que tienen la desventura de haber llevado una corona de espinas para alcanzar tan sólo la frontera con la Unión Americana.
A sus 18 años, pocas son las historias de terror que pueden contarle, porque es protagonista de algunas de ellas: recibió golpizas por autoridades del Estado de Veracruz, fue atracado por elementos de la Policía de Monterrey y miró cómo sus compañeros se desmembraban al saltar de la “bestia de acero” procurando no ser arrestados por agentes de Migración.
“De las palizas y los robos no me he escapado. Yo traía un dinero bien acuñadito (escondido), pues, pero las autoridades me lo quitaron cuando venía. Me dijeron que me iban a deportar pero me botaron.
“La policía mexicana es implacable con los paisanos. Oye, desde que uno viene en el tren es acosado y muchos por no ser detenidos se avientan y quedan cortados o partidos por la mitad. Nadie me lo platica, yo lo miré; sólo le pedía a Dios no correr con la misma suerte y aquí sigo…”, dijo con agradecimiento.
Renuente a charlar más sobre su experiencia para evitar ser identificado, el hondureño añadió que el camino hacia el progreso tiene su “lado malo”.
“En este viaje no sabes si vas a llegar a tu destino o vas a morir en el intento atacado por una pandilla o una culebra. Tienes que pasar por situaciones muy incómodas. Ves mujeres ultrajadas, niños extraviados que les mataron a sus padres, jovencitas prostituyéndose. Nada es seguro porque hasta la misma policía te secuestra.
“Pero mi familia es muy pobre y la quiero ayudar, mi gente trabaja en el campo. Yo no pude estudiar, no me pudieron apoyar con eso tampoco. ¿Qué debo hacer entonces? Tuve que tomar este riesgo”, comentó convencido Tereso.
El migrante de rizado cabello y morena tez manifestó que su meta es llegar hasta Houston, Texas, donde un amigo reside. Sus paisanos, citó, le platican que allá se gana muy bien “y se nota cuando regresan a Honduras en sus buenas camionetas y bien vestidos”, valoró.
Ahogado en sudor, Tereso comentó que en México se ha empleado en una fábrica textil y como obrero de servicios múltiples; no obstante, tiene temor a salir a las calles y ser visto por algún gendarme.
“México está muy bien, lo único que no me gusta de acá es la discriminación de la ley, porque si dices que eres hondureño la policía te golpea y te roba tu dinero”, reprobó.
MEXICANOS TAMPOCO
LIBRAN VEJACIONES
Con el rostro demudado y a paso lento por los “tablazos” que asegura recibió dentro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de esta ciudad de Reynosa, Rubén Ramírez fustiga la discriminación y falta de humanismo de las autoridades mexicanas en contra de los ilegales.
Nacido en Apan, Hidalgo, este joven de baja estatura fue deportado por el gobierno estadounidense la mañana del 15 de mayo y dejado en libertad en los límites del Puente Internacional Reynosa.
Como perdió contacto telefónico con su cónyuge en Miami, Florida, Rubén decidió acudir a La Casa del Migrante (localizada sobre el bulevar María J. González) para pasar la noche mientras restablecía la comunicación con sus familiares.
La mañana siguiente consiguió que un pariente avecindado en San Antonio le enviara 250 dólares (unos dos mil 700 pesos) para mantenerse varios días mientras determinaba la manera como cruzar a Estados Unidos y así unirse con su esposa e hijo; sin embargo, fue detenido por policías a la altura de la Plaza de Toros y despojado de su dinero.
“Amenazaron con darme una golpiza si los denunciaba. Bien es cierto el dicho que como lo ven a uno lo tratan. Yo no traía buenas ropas porque venía de indocumentado de Estados Unidos, pero eso no quiere decir que sea un delincuente. Los delincuentes son ellos que me robaron la cantidad que me mandó mi primo”, comentó desilusionado en el comedor del centro asistencial.
Para desgracia de Rubén, tres horas más tarde, frente a La Casa del Migrante y ante la mirada de las religiosas que la administran, fue arrestado de nueva cuenta por elementos del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y encarcelado.
Ahí, el joven de 32 años recibió varios azotes en los glúteos, cuyas huellas mostró para una sesión de fotos.
Relata: “Por el simple hecho de haberme quitado la camisa y tenerla en el hombro me treparon a la patrulla, ya hasta parecía que me traían de encargo. Las madrecitas que trabajan en el albergue vieron cómo me llevaron sin haber cometido delito.
“Uno de los policías sugirió que me soltaran, pero cuando ya me iban a dejar salir decidieron que debían encerrarme con otro reo. Comenzaron a pegarle y pensé: no vaya a ser que a mí también me golpeen y no acababa de razonar eso cuando dos policías me estiraron las manos y otro me dio unos palazos.
“Cuando me dieron el primer golpe me doblaron, yo le decía: ‘ya no me pegues’. Ahí tuve ganas de llorar porque sentí que me habían cortado. ¡Que me dan otro!
“Les volví a suplicar que ya no me pegaran y que me gritan ‘¡no voltees!’ y al último que me dan otro tablazo, oiga usted, y entonces se me salieron las lágrimas del dolor. Tengo las marcas oiga, y también en la cara”.
Ese mismo día el migrante mexicano salió de prisión, aunque en mala forma a causa de las contusiones.
“Hay mucho abuso de las policías. Yo nunca había caído en la cárcel por ningún motivo. Aquí llegué y por nada me pegaron. No sólo a los centroamericanos los agarran de su puerquito, sino a nosotros los paisanos.
“No sé por qué. Entiendo que las personas que delinquen deben ser castigadas, pero si no hay daño de por medio esto no debe ocurrir. Estoy indignado ¡exijo que se haga justicia!”, exclamó el entrevistado.
Antes de acudir ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para interponer su denuncia, el migrante torturado manifestó que llevará su caso hasta las últimas consecuencias.
Ante tal situación, Hora Cero entrevistó a Carlos Leal López, director de la Secretaría de Seguridad Pública, quien negó que al interior de su corporación se realicen los conocidos “tablazos”, aunque admitió que “ha habido ocasiones en que los policías se han excedido” al momento de efectuar detenciones.
“Buscamos de alguna forma platicar con los elementos de que no se va a tolerar el abuso de autoridad. En caso de que haya un fallo en contra de un policía se le dará trámite ante la autoridad correspondiente y se le abrirá un procedimiento.
“Si tiene que ser separado o cesado de su cargo se hará finalmente lo que la justicia disponga”, mencionó Leal López.
ABANDONO Y DESPRECIO
Para Rebeca Rodríguez, directora del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos (Cefprodhac), mientras el gobierno federal destina “demasiados” recursos para el combate a la delincuencia organizada, se han descuidado importantes programas de atención a los indocumentados que ingresan a México y a los mexicanos deportados.
“Esa es una de las cosas que nos preocupa bastante de esta administración calderonista, porque desafortunadamente se han reducido sustantivamente los apoyos sociales.
“En la frontera hay demasiado movimiento, por ello se requiere más ayuda del gobierno y de la CNDH, que en este momento no refleja completamente lo que está sucediendo.
“Aquí no hemos visto ninguna denuncia o declaración emitida por ellos que plasme los problemas a los que se están enfrentando los migrantes nacionales y extranjeros. Nosotros, en cuanto nos llegan los casos, alzamos la voz”, dijo.
La especialista en derechos humanos egresada de la Universidad Estatal de Chihuahua, calificó de “corruptos y racistas” a la gran mayoría de los grupos de seguridad nacional.
“Desde que el indocumentado cruza nuestra frontera se topa con la corrupción, con la impunidad, con el secuestro y demás violaciones a sus derechos humanos.
“Desafortunadamente no sólo son los agentes de migración quienes llevan a cabo este tipo de acciones tan bajas, sino también policías y militares, que los tratan como delincuentes en potencia”, señaló Rodríguez.
En ese contexto, la directora del Cefprodhac subrayó la importancia de fomentar la denuncia. En el caso de los extranjeros, adujo, no existe protección desde sus respectivas embajadas y, si hubiera querellas, éstas se quedan en el archivo.
“Yo tengo 12 años trabajando con migrantes y jamás se ha recibido ninguna denuncia de alguien a quien se le haya resuelto su problema desde su consulado o embajada.
“Es un serio problema porque se estima que, de cada 10 centroamericanos que llegan a México, la mitad ha sufrido alguna clase de secuestro. El tráfico de personas no respeta edades ni sexo. Si no se empieza a trabajar con el repatriado y a darle un seguimiento, va a ser muy difícil avanzar en ese renglón”, examinó Rodríguez.
En referencia a las condiciones de alojamiento en las estaciones migratorias mexicanas, la líder de opinión sostuvo que en su generalidad presentan graves carencias.
“La de Reynosa, por ejemplo, no es muy higiénica y aunque los migrantes tienen un espacio al aire libre no deja de estar reducida. Hemos tenido oportunidad de llegar a las horas de comida y el comedor que utilizan no cuenta con las normas mínimas de salud.
“Estamos hablando de que hay aseguramientos de entre 50 y 80 personas, el hacinamiento se agudiza porque están en espacios pequeños. Todo este internamiento puede ser traumático”, consideró la especialista.
CONSTITUCION VIOLENTADA
El artículo 137 de la Ley General de Población estipula que “se aumentarán hasta en una mitad penas de entre seis y 12 años de prisión a quienes pongan en peligro la salud, integridad o la vida de los indocumentados, aunque el autor del delito sea un servidor público”; sin embargo, este precepto suele ser omitido.
Cabe señalar que la justicia mexicana y hasta el propio INM han sido severamente criticados por Amnistía Internacional (AI) y otras organizaciones por no garantizar los derechos humanos de los ilegales que utilizan este país como vía de paso.
Se le cuestiona a México por exigir que se respete a sus migrantes en la Unión Americana, cuando en suelo azteca se violenta la seguridad de los centroamericanos, quienes caminan hasta 3 mil 500 kilómetros para tocar la ansiada frontera.
A pesar de que se han documentado tales atropellos, Ernesto Andrade Sánchez, delegado del INM en Reynosa, manifestó que su oficina –en la cual se aseguraron de enero a mayo 275 civiles extranjeros–, funciona sin anomalías.
“Todos los departamentos cuentan con los procedimientos adecuados. Hay que revisar algunas cuestiones de controles principalmente y también es evidente la falta de personal. En los últimos tiempos se ha reducido la plantilla de trabajadores”, explicó.
El funcionario, quien fungió como jefe de la estación migratoria de Iztapalapa, una de las más críticas del país en cuanto a salubridad y trato se refiere, contestó que en su jurisdicción no se maltrata, abusa ni extorsiona a ilegales provenientes de Centroamérica y dijo desconocer si en otros puntos de la República suceda.
“Aquí no hemos tenido ningún caso y el propio Instituto cuenta con un órgano interno de control y los mecanismos adecuados para combatir estas irregularidades”, acotó Andrade Sánchez.
Referente a las condiciones de la zona de aseguramientos que representa, el delegado negó que los espacios sean inapropiados.
Pero al solicitarse por escrito autorización para el ingreso de Hora Cero al destacamento localizado junto al puesto de control de la Policía Fiscal, en la carretera a San Fernando, ésta fue denegada.
Con fecha del 22 de mayo del presente año Ernesto Andrade Sánchez rubricó en documento con número de folio INM/DRTAM/DLREY/327/08 que “por razones de política interna y de seguridad no es posible autorizar las entrevistas con los extranjeros que se encuentran asegurados en la estación migratoria de esta delegación”.
Se emitió una copia para Aurelio Alemán Bueno y Gustavo Talavera Paniagua, delegado regional del INM y coordinador de comunicación social, respectivamente.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, al INM le fueron asignados mil 835 millones de pesos de gasto corriente, de los cuales 895 son para “gastos personales”.
Esa alta suma de salarios contrasta con la calidad de servicio que ofrece el Instituto, pues ni el Grupo Beta, creado en 1990 con el fin de asistir a los migrantes en situaciones de riesgo, puede subsistir con las partidas presupuestales que recibe y, según especialistas, tiende a desaparecer.
Finalmente, para materiales y suministros se destinaron poco más de 113 millones y por concepto de pensiones 826 millones de pesos, de acuerdo al balance proporcionado por el portal de transparencia del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
En resumen, los ilegales centroamericanos son desdeñados por un país que se ha jactado de ser amigo de Latinoamérica. Ahora saben que para llegar a Estados Unidos primero deberán no caer en manos de la justicia mexicana, también llamada injusticia.