Nunca antes se había sentido tanta rabia, llanto, incertidumbre y negligencia, como en la jornada sangrienta ocurrida hace dos semanas en el Centro de Ejecución de Sentencias de Reynosa, antes Cereso, en la que hubo al menos una veintena de fallecidos y decenas de lesionados tras un enfrentamiento entre prisioneros.
A primera hora del lunes 20 de octubre familias completas arribaron alarmadas a esta fortaleza de concreto –localizada al lado norte del Libramiento Monterrey en la colonia Renacimiento– para conocer el estado de sus parientes recluidos, muchos de ellos por delitos menores; sin embargo, les fue negado el acceso al igual que la información.
Hubo quienes se enteraron por el televisor y se trasladaron incluso, de otras ciudades de Tamaulipas y Texas como muestra de solidaridad hacia sus seres queridos.
De acuerdo a los reportes oficiales, el ataque se originó en la zona norte y extendió al resto de la cárcel, acarreando una ola de muerte y espanto.
Humo y disparos asustaron a los vecinos del lugar, quienes advertían una de las peores pesadillas jamás ocurridas en el penal. Luego se supo que varios presos fueron acorralados y alcanzados por un incendio provocado.
Las autoridades reconocieron que en la refriega se utilizaron armas de fuego y objetos punzocortantes además de que por lo menos 16 de los muertos fueron calcinados.
Este suceso consternó a la población, porque, a decir de los deudos, los custodios nada hicieron para repeler los disturbios, sino que aguardaron a que elementos del Ejército Mexicano y policías de los tres niveles de gobierno recuperaran el control.
Durante el transcurso del día en la explanada del penal y en los accesos al área de revisión varios cientos de civiles se aglutinaron y lanzaron consignas, como Bertha Sánchez López, quien en ese momento desconocía si su marido estaba vivo:
“De los fallecidos y los heridos no dicen nada, oiga, nos tienen con el alma en un hilo. ¿Por qué son así? No se compadecen de la gente o ¿qué clase de animales son?”, fustigó la sexagenaria.
Exasperados porque nadie les daba datos sobre sus seres queridos, familiares de los reos arremetieron contra el entonces director de la institución Carlos Hernández Vega, quien salió escoltado del inmueble penitenciario abordó un vehículo color gris con placas de circulación XCR-59-62 del Estado de Tamaulipas. No quiso rendir postura alguna ni explicar las razones de la mayúscula masacre.
DESORGANIZACION Y NEGLIGENCIA
Habían transcurrido ya 12 horas desde que estallaron las hostilidades y el penal aún tenía heridos que necesitaban atención hospitalaria de urgencia, pero no se les permitía su salida, lo que fundió en ira a los familiares de los internos.
Tampoco fueron atendidos los medios de comunicación, que atestiguaron los tumultos y el malestar de la gente.
Fue tanta la presión ejercida que a las 13:30 horas paramédicos de la Cruz Roja sacaron de las instalaciones a cuatro personas lesionadas y transportadas al Hospital General. La gente se volcó para ver si entre los heridos se encontraba alguno de sus familiares.
Isabel García Guerrero, también llegó para saber de su hijo cautivo, pero no hubo nadie que le dijera cómo se encontraba:
“Nosotros estamos inconformes y queremos que tengan misericordia y nos den la cara, porque cuando uno viene a visitar a los familiares y no trae credencial los custodios nos exigen 100 pesos para dejarnos pasar”, manifestó.
La afligida madre culpó a las autoridades del reclusorio de permitir el ingreso de las armas con las que se produjo la masacre, pues afirmó que cuando acuden a las visitas son revisadas rigurosamente.
“Si hasta nos exploran el área vaginal ¿cómo se explica que en el penal exista armamento?”, cuestionó la anciana.
CAOS Y VIOLENCIA
Alrededor de las 15:00 horas el bloque humano se partió en dos porque las autoridades avisaron que se abriría el portón principal. Al ver salir camionetas funerarias con cadáveres en vez de ambulancias con los lesionados, familiares de los prisioneros estremecieron el acceso de metal con empujones y patadas.
En sus rostros podía percibirse dolor, rabia e impotencia por la atrocidad que aseguran “pudo evitarse”.
A partir de entonces madres, esposas; hijos y hermanos de los reclusos tronaron de la angustia, arrojando pedradas contra los policías que se encontraban en la aduana del centro penitenciario, tantas que una de las mujeres inconformes fue alcanzada por error por los proyectiles.
Enseguida un contingente de cinco camiones con granaderos de la Policía Federal Preventiva –quienes llegaron de la Ciudad de México en un avión Hércules de la corporación–, arribó a la cárcel para vigilar las instalaciones y mitigar el tenso ambiente. No hubo detenidos.
Poco después de las 19:00 horas finalmente se dio a conocer la lista de los lesionados y fallecidos:
Cesáreo Martínez Segundo, Fidel Reyna Balderas, Juan Francisco Rodríguez Romero, Jaime Arturo Moctezuma Aguila, Pedro Izaguirre Hernández, Raúl Rojas Cantú, Francisco Pedraza Rodríguez, José Colegio de la Cruz, Francisco Javier Lugo Valdez, José Alejandro Guerrero Cabrera, Fernando Silva Llaguno, Israel Meza Gómez, Alberto Mireles Hernández, Genaro Cano Mendoza, Francisco Javier Hernández Martínez, Juan Gutiérrez Oviedo, Julio César Balderas Castelán, Francisco Arriaga Méndez, José Luis Barreto Ortiz, Gabriel Hernández Grajeda y Ricardo Saúl Arriaga Méndez. En total 21 personas.
De heridos se publicaron los nombres de: Juan Coss Gil, Justino Guzmán Domínguez, Juan Manuel Alonso Peña Flor, Arturo Pérez Guzmán, Noé Cortés Alvarado, Fernando Francisco Reyes Valles, Apolinar Cano Martínez, Erick Saúl Salinas Rangel, Osvaldo Anguiano Betancourt, Carlos Saldivar Colunga, Demetrio Dávila Sierra y José Miguel Sequeda Corpus.
Hubo quienes descansaron al no encontrar en los listados a sus parientes, pero otros comprobaron lo que tanto se temían: un trágico adiós para los suyos dejándoles heridas que difícilmente podrán cerrar.
La paradoja del caso es que varios presidiarios acusados de homicidio perdieron la vida de la misma forma, por manos homicidas.
LA TRAGEDIA DE LA POBREZA SE UNE A LA DE LA MUERTE
Uno de los casos que más llaman la atención del holocausto en el penal de Reynosa es el de Fidel Reyna Balderas de 28 años, quien a falta de 8 mil 900 pesos de fianza no pudo quedar en libertad y murió en el lugar de los hechos.
En su vivienda de la colonia Aquiles Serdán aún se respira la devastación que dejó su insosprechada partida. Un silencio espectral rebota por cada rincón y espontáneamente el sollozo de sus familiares es el único que se escucha.
El joven fue arrestado y recluido en mayo pasado, inculpado de robar un reloj. Jamás imaginó que no saldría con vida. Elizabeth, su madre, no tuvo la cantidad que le pidieron para liberarlo.
Cuenta: “Mi muchacho entró ahí injustamente, porque en realidad nosotros le compramos ese reloj en 60 pesos. Para desquitarse los papás del chamaco con el que tuvo un altercado movieron sus influencias con los policías y aprehendieron a Fidel ¡eso no se vale!
“Nosotros imploramos justicia, pero de nada sirvió. Tampoco tuvimos dinero para sacarlo de ese lugar que es lo que más nos pesa, porque mi hijo era un ser humano que no merecía morir de esa manera”.
El viernes anterior al enfrentamiento, esta mujer –cuyas lágrimas le escurren a cántaros–, estuvo con Fidel en su celda, quien le dijo que ya no quería seguir preso. Ella culpa a las autoridades carcelarias de su desgracia y exige justicia.
“¿Por qué son tan mentirosos los guardias y el director? Ellos son los culpables, porque permitieron que los demás metieran tanto mugrero, porque a uno como visitante lo trasculcan todo, no hay un pedacito del cuerpo y la ropa que no le revisen.
“Yo no me explico por qué hicieron eso, el por qué tanto odio y por qué murió gente inocente”, manifestó.
Elizabeth agregó que no recibió ninguna clase de apoyo para la inhumación del cuerpo de Fidel, que se encontraba irreconocible. Debido a esto fue necesario esperar los resultados de una prueba de ADN.
Para esta familia ya nada puede cambiar, tampoco existe consuelo que valga, sólo basta rezar por el descanso que Fidel no obtuvo en su paso por la Tierra.
LAS DUDAS Y OMISIONES
Un día posterior a la matanza de la Renacimiento, Carlos Hernández Vega, director del penal de Reynosa, fue destituido por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP).
Al funcionario se le abrió un expediente por lo cual se encuentra sujeto a investigación. Forzado por la gravedad de los hechos José Ives Soberón Tijerina, titular de la SSP en Tamaulipas, lo removió del cargo, aunque los deudos consideran que las autoridades sabían cual era la situación que reinaba al interior del penal antes del enfrentamiento, manejado en un principio como motín.
En eso radican las interrogantes que se hacen cada día los familiares de los internos:
“Ellos ahora se lavan las manos llevando a los reos a otros penales, pero ya hicieron todo su desmadre, por así decirlo, porque sabían que las cosas podían salirse de control”, criticó.
En la última semana al menos 150 prisioneros del Centro de Ejecución de Sentencias han sido enviados a diferentes prisiones de la entidad: veintinueve a Nuevo Laredo, 26 a Ciudad Victoria, 28 a Matamoros, 57 a Altamira y 10 a Miguel Alemán. Incluso, el Gobierno del Estado solicitó a la federación una nueva cárcel de alta seguridad dadas las circunstancias de esta última desgracia.
De acuerdo a reportes actualmente se están efectuando cateos en las celdas (para algunos demasiado tarde), las cuales tienen un sobre-cupo estimado del 40 por ciento. Hasta el cierre de esta edición no se han fincado responsabilidades por la muerte de los 21 internos y elementos de la PFP siguen vigilando el lugar.
Y aunque extraoficialmente se manejaron sumas astronómicas de muertes, al final fueron 21, 21 que no por ello dejan de ser dolorosas e intolerables.
