Los descendientes de una familia que desde 1908 es poseedora de 160.5 hectáreas en la zona donde fue construido el Viaducto Reynosa, han tenido que sortear intentos de despojo de su propiedad y hasta presuntas maniobras del Juzgado Segundo Civil, al que acusan de buscar “liberar las escrituras para que un Tercero hipotecara el terreno”. Paralelamente también estarían involucradas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, quienes incluso indemnizaron a alguien por las afectaciones de la obra.
En abril de 2013 se dio a conocer el caso de “compradores fantasma” que hábilmente fabricaron un entramado jurídico para intentar despojar de un inmueble de 160.5 hectáreas a sus legítimos propietarios en el poniente de la ciudad (Hora Cero 363), mediante un contrato malicioso de compra-venta.
Se documentó que este fraude incluyó la alteración de firmas (entre éstas las de personas difuntas); falsificación de credenciales de elector, falsedad de declaraciones y la creación de un personaje ficticio para apropiarse de la finca, valuada en 173 millones 340 mil pesos.
Los afectados interpusieron numerosos recursos procesales ante diversas autoridades y tribunales, entre ellas la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJE), la Dirección Estatal de Asuntos Jurídicos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otras.
Pero muy cerca de lograr la restitución de su terreno, (conocido como el rancho El Divisadero) situado a 4.2 kilómetros de la carretera Reynosa-Monterrey, advierten haberse topado con nuevas y sospechosas trabas, ahora en el Juzgado Segundo Civil de Reynosa (a cargo del juez Rafael Pérez Avalos), al que acusan de “intentar revocar lo que éste mismo ya había dictaminado” (la nulidad del proceso de compra-venta), de “intentar interferir ante el Registro Público de la Propiedad en las resoluciones de otros juzgados, en este caso el Primero Civil, que decretó una sentencia para que el predio regresara con sus legítimos dueños, dejándolo sujeto a litigio”, y “atascar los trámites para que un tercero llamado a juicio hipotecara ilegalmente la propiedad”.
Y si lo anterior fuera poco, hace unos días los propietarios del predio se enteraron que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indemnizó a alguien (no a ellos) por las afectaciones que el Viaducto hizo en su propiedad, el problema es que no saben quién recibió ese dinero y cuánto fue.
‘LA FINCA DEL DESEO’
De acuerdo con las escrituras originales, rubricadas el 14 de diciembre de 1968 ante el Registro Público de la Propiedad (ahora llamado Instituto Registral y Catastral), en un principio el predio estaba compuesto por 321 hectáreas que le pertenecieron al señor Máximo Cantú Rodríguez y María Cantú Silva, quienes heredaron la mitad del terreno a Guadalupe Gandaría Hernández y la otra mitad a Lisandro Cantú Silva.
Sucesivamente los 10 hijos del señor Guadalupe Gandaría Hernández pasaron a ser legítimos dueños de sus 160.5 hectáreas correspondientes. Se trata de: Ninfa Gandaría Cantú, Guadalupe Gandaría Cantú, Noé Gandaría Cantú, Idolina Gandaría Cantú (ya fallecidos) y de René Gandaría Cantú, Rodolfo Gandaría Cantú, Juan Gandaría Cantú, Irene Gandaría Cantú, María Gandaría Cantú y Florencio Gandaría Cantú.
Debido a que la urbanización de Reynosa creció hasta los límites del rancho, los herederos pensaron en común acuerdo ponerlo a la venta, ya que adquirió mayor plusvalía; sin embargo, como éste había quedado intestado –con el fallecimiento de varios miembros de la familia Gandaría Cantú–, los sobrevivientes iniciaron un proceso legal para ponerse al corriente.
Fue entonces que para poder llevar a cabo el Juicio Susesorio Intestamental (con el propósito de repartir oficialmente las tierras en 10 partes iguales), Ana Velia Ceballos Gandaría, en su calidad de hija de Ninfa Gandaría Cantú; así como representante legal y albacea de los hermanos Gandaría Cantú, descubrió que la finca había sido vendida fraudulentamente sin la autorización de los legítimos dueños.
Por tal motivo, en 2011 los afectados interpusieron varias denuncias, entre ellas la 135/2011 ante el Ministerio Público por los delitos de “falsificación y uso indebido de documentos públicos y privados”; “fraude” y “despojo de inmueble”, entre otros.
Después de un peregrinaje ante el Juzgado de Primera Instancia, en el Quinto Distrito Judicial de Reynosa; el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (que también aportó pruebas a la investigación); del Registro Público de la Propiedad, la Dirección de Asuntos Notariales y la Secretaría General de Gobierno, se ordenó realizar una indagatoria exhaustiva donde se gestó y comprobó que hubo un fraude, sin que hubiera habido personas sancionadas.
Recuerda Ana Velia Ceballos Gandaría que uno de los descaros de esta maniobra fue que “revivieron” a su madre, Ninfa Gandaría Cantú, al falsificar y utilizar una identificación de elector a nombre de ésta, aún sin importar que ella falleció en el año de 1975, cuando todavía ni existían las credenciales para votar del IFE (ahora INE).
Así como inventar el nombre de un comprador que tampoco existía en los registros del entonces Instituto Federal Electoral. Por medio de edictos en el Periódico Oficial de Tamaulipas se giraron citatorios a la persona en mención (Alejandro Izaguirre Trejo), el supuesto comprador que nunca se presentó a comparecer.
Tal y conforme lo comprobó Hora Cero, en el domicilio que aparecía en la credencial del IFE nunca vivió nadie con dichos apellidos y ante el Servicio Postal Mexicano tampoco existieron registros.
Confirmado el intento de robo del terreno, la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas dictaminó que se cometieron serias violaciones en torno a este caso, entre ellas al Artículo 97 de documentos notariales y el Juzgado Segundo en Materia Civil emitió un desplegado de 60 días (el cual venció el 3 de abril de 2013) para establecer como veredicto la nulidad del contrato de compra-venta, enseña con los papeles en mano la familia Gandaría Cantú.
No obstante, cuando continuaron los trámites para normalizar los asuntos jurídicos de su terreno, señala que se topó con otra nueva barrera de burocracia en tribunales y juzgados de Tamaulipas, por lo que al cabo de varios años, acusan que no les otorgan sus escrituras y exigen sean restituidos.
LAS ANOMALiAS
Aduce Ana Velia Ceballos Gandaría que fue a principios de éste 2015 cuando comenzó a notar irregularidades en el proceso jurídico, porque el Juzgado Segundo Civil de Reynosa, localizado en el segundo piso del Palacio de Justicia, le habría solicitado al Registro Público realizar “de manera irregular” diversos cambios a los expedientes de este terreno rústico de agostadero. Ella esgrime que un tribunal no puede revocar dictámenes de otro, en este caso del Juzgado Primero Civil, como lo es que el terreno volviera a sus legítimos dueños y sujetar el procedimiento a litigio.
“Para que se entienda mejor, nuestra familia es copropietaria junto con una compañía llamada Terracerías BYA, S.C. de R. L. a la que le corresponde la otra mitad de las 321 hectáreas que tiene el predio desde un principio.
“En el Juzgado Segundo se declaró por medio de una sentencia que las dos partes de 160.5 hectáreas están juntas, que son proindivisas. Los promoventes del juicio somos nosotros, pero se le llamó a Tercerías BYA, S.C. de R. L. como tercero llamado a juicio para que compareciera.
“Lo que nosotros no esperábamos es que esta empresa ahora nos está torpedeando. El asunto se tornó difícil y el juez, Rafael Pérez Avalos se nos volteó, porque sospechosamente empezó a velar por los intereses de Terracerías BYA, S.C. de R. L.”, denuncia la entrevistada.
Detalla la también representante de la familia Gandaría Cantú que el Registro Público de la Propiedad iba a dar de baja la escritura para que quedara el 50 por ciento a su nombre y el otro 50 por ciento a nombre de dicha empresa, Terracerías BYA, S.C. de R. L., pero al avisarle al juez, éste “inexplicablemente les mandó a pedir que le quitaran el candado de ‘sujeto a litigio del Juzgado Primero’ para que Terracería retomara sus derechos, cuando la orden de sujetarlo a litigio salió de un Juicio Sucesorio Intestamentario”, donde el Juzgado Segundo Civil no tiene competencia.
“El juez no puede ordenar que se cancele lo que sale dictaminado, por lo cual al nosotros descubrir esta situación lo ponemos al conocimiento de las autoridades del Poder Judicial en Ciudad Victoria”, detalla.
QUISIERON SORPRENDERLOS
De acuerdo con el procedimiento legal que sigue la familia Gandaría Cantú, inmediatamente después de que se decretó la sentencia a su favor a finales de 2014, Terracerías BYA, S.C. de R. L., por medio de su representante legal, Eduardo Cabañas Montes, habría elaborado un certificado con reserva de prioridad para proceder a hipotecar su 50 por ciento.
“Entonces yo veo esa maniobra, acudo al Registro Público y les digo, cómo vas a otorgarle el permiso si Terracerías no sabe cuál parte del terreno le corresponde y nosotros tampoco. O sea que va a haber un mal manejo aquí en el que se llevará el permiso del Registro Público hacia el Banco del Bajío, que era donde estaba buscando hipotecar su 50 por ciento. Yo les advertí que la institución financiera actuaría y luego para yo meterme a pelear con el banco, pues no”, cuenta Ana Velia Ceballos Gandaría.
Aclara que entonces el Registro Público paró al Juzgado Segundo Civil de Reynosa, debido a la sujeción a juicio que sigue de causa del Juzgado Primero, por lo que Terracerías BYA, S.C. de R. L. no pudo hipotecar la finca.
Explican los propietarios que si ellos quieren vender o hipotecar la mitad de las 321 hectáreas, primero deben ponerse de acuerdo de forma legal para realizar la división y separar las escrituras, que son un mismo cuerpo.
Pero acusa la familia Gandaría Cantú, que Eduardo Cabañas Montes está actuando en el expediente de manera ilegal.
“Por eso nosotros le preguntamos a la Secretaría de Acuerdos por qué el Juzgado Segundo Civil le estaba dando oficios para el Registro Público a una persona que no es promovente, y para colmo sospechosamente entró otra persona a pedir documentos, de nombre Ever Fuentes Santiago, que no tiene nada que ver en el asunto y le están liberando información.
“El juez Rafael Pérez Avalos quiere que se libere a toda costa el candado que hay de sujeto a litigio de Terracerías, para que ésta retome sus derechos, siendo que ni siquiera es promovente de este juicio y no le costó absolutamente nada, sino que simplemente fue citada a declarar y de ahí se metió”, denuncia Ana Velia Gandaría Cantú.
Debido a presuntos actos de corrupción cometidos en el Juzgado Segundo Civil de Reynosa, la familia Gandaría Cantú interpuso su queja ante el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (recibida formalmente por el visitador Carlos Castillo con sello del 7 de julio de 2015), donde le ordenaron solicitar todos los documentos vía exhorto electrónico. Y fue el licenciado Mario Gallegos, secretario del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien admitió la querella.
Sin embargo, a pesar de que fue una instrucción girada por un órgano superior, el juez Rafael Pérez Avalos, señalan que “se negó”, y asimismo, la familia afectada afirma tener constancia y documentación de que se extraviaron oficios del expediente.
“Esto ocurrió en el mismísimo segundo piso del Palacio de Justicia de Reynosa. El juez no quiere informarnos qué pasa con un terreno que es de nuestra propiedad, siendo que aparte soy la albacea y no estoy actuando por cuenta propia”, reclama.
PARAESTATALES Y SCT INVOLUCRADAS
A medida que transcurre este juicio los integrantes de la familia Gandaría Cantú afirman haber descubierto más personas involucradas en el intento de despojo de su terreno, señalan.
Y es que desde el año 2009, cuando se promovió la sentencia de nulidad de la compra–venta, dicen que “empezó a salir más gente” que estaba detrás.
“Muy en lo personal suponemos que muy posiblemente quien también esté presionando sea la titular del área de Quejas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Tamaulipas, Blanca Estela Mejía Espíndola.
“Y se complica aquí la situación, porque descubrimos que además estaban Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que estuvieron en cierta forma actuando con alguien de los copropietarios para hacer uso del terreno.
“No podemos extendernos a señalar quién en particular, pero creemos que uno de los Gandaría Cantú estuvo de acuerdo con esas paraestatales. Igual, lo hemos intentado vía juzgado, con Pemex, con la CFE y no proporcionan la información correcta. Nosotros tenemos los documentos de las solicitudes de acceso a esos datos y aquí se las enseñamos para que quede constancia”, agregan.
VIADUCTO REYNOSA INVADE PROPIEDAD PRIVADA
Antes de que quedaran concluidos los trabajos de construcción de la obra conocida como el Viaducto Reynosa y sus libramientos, la familia Gandaría Cantú argumenta que la SCT se niega a reconocer que el Libramiento Reynosa Sur II tenía el nombre de la brecha El Becerro, que en los documentos del rancho El Divisadero es utilizada como referencia.
“Y ellos eso es en lo que se sustentan para no querernos proporcionar la información, porque según para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la brecha El Becerro no existe.
“Lo que nosotros estamos viendo, es que ellos le cambiaron el nombre a la brecha y no nos daban información abiertamente. Yo le estoy dando un oficio de mi propiedad con las coordenadas y en qué kilómetro está ubicada y ellos dolosamente me mandan a decir, ahí no hicimos afectación. O sea, pero cuando tú te metiste a hacer afectación era la brecha El Becerro, y también dolosamente no proporciona la información.
“Desconocemos los trámites que ellos hicieron para realizar los cambios. Me imagino que tuvieron que haber llevado un protocolo legal para que le hayan cambiado el nombre a la brecha; sin embargo, el problema es que afectaron nuestra propiedad porque quedó atravesado el rancho y entonces ¿a quién le pagaron los derechos de vía?”, se cuestiona la familia Gandaría Cantú.
A finales de abril, en base a varias investigaciones que los afectados llevan por su cuenta, mencionan que obtuvieron información acerca de que la SCT adquirió derecho de vía, que luego le vendió a Pemex (porque por ahí atraviesa de oriente a poniente un ducto del pozo Cuitláhuac, de aproximadamente 26 pulgadas de grosor), y que las paraestatales se intercambiaron derechos, porque ahora están construyendo unas torres de fibra óptica. Asimismo encontraron que la carretera pasa por encima del ducto.
“Nos entrevistamos con los ingenieros encargados de diseñar la carretera y de supuestamente establecer contacto con los propietarios. Muy nerviosos nos dieron una versión muy infantil de que anduvieron preguntando con los vecinos sobre quienes eran los dueños de nuestro terreno.
“Y como estaban renuentes a darnos información, les dijimos que a nuestra propiedad dejamos entrar a quienes queremos y si la SCT se metió a mi terreno, tenemos la suficiente gente para bloquear la carretera, ¿por qué?, porque están dentro de mi propiedad.
“Fue entonces cuando cambiaron la actitud, pero estaban a la defensiva. Estaban como minimizándonos o menospreciándonos. Les dijimos, de acuerdo, ustedes no quieren proporcionar la información, simple y sencillamente unimos la cerca de oriente a poniente y no hay problema, porque sí tenemos personas suficientes para hacer un bloqueo y cerrar la carretera”, les insistimos.
PRUEBAS LEGALES
Cabe decir que el rancho El Divisadero es atravesado por el libramiento Reynosa Sur II en aproximadamente cuatro kilómetros de forma lineal. Después de solicitar más detalles al respecto, cuentan que al final la SCT reconoció que hubo intercambio de derechos.
Posteriormente esta familia se dirigió ante la Comisión Federal de Electricidad para continuar y sin grandes detalles les dieron a conocer que quien les otorgó el permiso de trabajar dentro del predio es dueño de 21 hectáreas.
“Pero la CFE atraviesa todo el rancho, que no ha sido dividido y es imposible que niegue afectaciones. Imagínense toda la distancia que será que cruzan las torres de la CFE, entonces hablan de 21 hectáreas que adquirieron por medio de unos primos, que son dueños de una porción más al oriente y ellos se respaldan en eso.
“Y no somos ingenieros ni topógrafos, pero es muy infantil, qué casualidad que te vendieron 21 hectáreas lineales, precisamente por donde pasan las torres. Ahí tuviste mínimo que afectar a cuatro o cinco copropietarios, dependiendo de en qué forma se vayan a lotear las otras 160.5 hectáreas”, refutan.
En tanto, los Gandaría Cantú describen que con Petróleos Mexicanos este tema ha sido intratable, por la falta de disposición de la paraestatal.
“Para mí que engañaron al presidente Peña Nieto, con eso del Libramiento Sur 2. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuvo un contubernio, al igual que CFE y Pemex. Hemos solicitado la información por escrito y no nos proporcionan a quién le pagaron los supuestos derechos de vía por usar nuestra propiedad, porque existe un candado de que los usufructos totales, que es un predio y un solo cuerpo, se deben depositar a partes iguales entre todos los copropietarios.
“Por eso nosotros estamos pensando que las paraestatales son las que están causando problemas en los juzgados, como a nivel Estado, pero esto ya está en conocimiento de la presidencia de la República, del Senado e incluso hay una averiguación abierta en la PGR, por medio de la agregaduría de San Antonio, Texas, que está presionando, porque no confiamos en las autoridades de aquí”, manifiestan los afectados.
Aparte del tema del Juzgado Segundo Civil de Reynosa, los Gandaría Cantú aseguran que en este pleito “no hay crimen organizado, sino funcionarios públicos y familiares, que en contubernio con las paraestatales llevaron a cabo todo este fraude. Estamos hablando de millones de dólares y esto se tiene que ir ante tribunales de mayor envergadura”, mencionan.
En base a la Ley de Acceso a la Información Pública, para conocer más detalles y la postura en relación a este tema, se realizaron solicitudes ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Hasta el cierre de esta edición no ha habido respuesta de las dos primeras, y sólo Pemex pidió redirigir la solicitud por medio del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IFAI).
