Escudándose en una averiguación previa cuyo estado actual es un misterio, y con el aval del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Procuraduría General de la República (PGR), se mantienen en su postura de esconder el dictamen que detalla las causas de la explosión en el Complejo Procesador de Gas km 19 de la ciudad de Reynosa.
Cuando se cumple un año del estallido que le costó la vida a alrededor de 30 trabajadores petroleros y de empresas contratistas, toda la información que pudiera aclarar las dudas sobre lo que sucedió ese día permanece oculta por disposición oficial.
Esto es a diferencia de lo sucedido en el edificio B2 del complejo de oficinas de la paraestatal en la Ciudad de México, donde el 31 de enero también se registró una explosión.
En este caso, apenas habían pasado seis meses de la tragedia cuando las autoridades federales dieron a conocer el resultado de las investigaciones del estallido que le costó la vida a alrededor de 20 personas.
El 2 de agosto, la PGR dio a conocer que de acuerdo a un análisis realizado por el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la explosión en la torre B2 “tuvo un carácter multifactorial” y se debió a una acumulación de gas metano en el área de pilotes.
De acuerdo al estudio, que sí fue revelado en su totalidad a la opinión pública, un análisis geológico comprobó la existencia de capas de sedimento impregnado de hidrocarburos, materia orgánica productora de metano, solventes y elementos eléctricos que al conjuntarse provocaron la explosión.
“La presencia del metano de origen biológico acumulado a lo largo del tiempo (…) y los vapores provenientes de los materiales solventes que en un espacio confinado, se generó un elemento de ignición causando el estallido”, cita el documento.
Y agrega: “La explosión fue de tipo difuso, que se inició con una chispa de origen eléctrico o mecánico generando un flamazo de forma instantánea que consume en su totalidad la mezcla explosiva (de vapores y gas metano)”.
Sin embargo, y a diferencia de su actitud en la Ciudad de México, en el caso de la explosión en Reynosa la posición tanto de Pemex como de la PGR ha sido la de esconder las causas del accidente.
En marzo de este año y
amparándose en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Hora Cero solicitó de manera oficial a la PGR y a Pemex una copia del dictamen que fue entregado el pasado 18 de enero de ese año.
Tanto Pemex como la PGR se negaron a atender la solicitud, alegando que este documento y todo lo relacionado con el estallido en el Complejo Procesador de Gas km 19. era información “clasificada” y no se iban a hacer públicos durante los próximos 12 años.
Incluso, la PGR alegó que este documento “se considera información reservada y confidencial, ya que lo dictámenes periciales en cualquiera de las especialidades requeridas, son actuaciones que forman parte de una averiguación previa, la cual es integrada por el Agente del Ministerio Público correspondiente”.
Además, buscando conocer el estado en el que se encuentra la averiguación previa AP/PGR/TAMPS/REY-4/3767/2012, el mes de abril Hora Cero solicitó a la PGR una “versión pública o en su defecto el estado en el que se encuentra” la investigación, además de “la fecha y Vmotivo o, en su defecto, versión pública de los tres más recientes autos o diligencias realizadas dentro de la misma”.
El 25 de abril , por medio del oficio SJAI/DGAJ/6502/2013, Mario Miguel Ortega, director general de Asuntos Jurídicos de la PGR, reveló que la petición también era rechazada, pues estos datos eran considerados “reservados o confidenciales”.
Ante las negativas de tanto la PGR como de Pemex, Hora Cero interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, mismo que fue aceptado el 15 de marzo pasado. La encargada de revisar el caso fue la consejera Sigrid Arzt Colunga.
El 12 de junio, los Comisionados del instituto, Gerardo Laveaga Rendón, María Elena Pérez Jaén Zermeño, Jacqueline Peschard Mariscal, Angel Trinidad Saldívar y Sigrid Arzt Colunga determinaron confirmar la negativa de la PGR y Pemex de entregar copia del dictamen de la explosión.
En un oficio de 46 páginas, de las que se tienen copias, los comisionados que revisaron el caso encontraron evidencias de que en repetidas ocasiones se ha solicitado a las autoridades información oficial respecto a las causas de la explosión en las instalaciones de Reynosa.
Incluso estas peticiones no han venido únicamente de particulares. El 4 de abril de este año, los integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados exhortó a los titulares de Pemex y de la PGR “a agilizar las investigaciones sobre las causas de la explosión en el centro receptor de gas y condensados de Pemex Exploración y Producción en Reynosa, Tamaulipas, sucedida el 18 de septiembre de 2012”.
De acuerdo al exhorto, que está incluido en la resolución de los comisionados, las instancias encargadas de llevar a cabo la investigación de la explosión fueron Petróleos Mexicanos, la Procuraduría General de la República y la empresa SGS (Société Générale de Surveillance).
Y aunque los reportes son que las indagatorias han concluido, los diputados federales resaltaron que a la fecha Pemex no ha informado de manera oficial el resultado de las investigaciones y si ha terminado de manera satisfactoria con el proceso de indemnización de los familiares de los fallecidos en el accidente.
Sin embargo, este punto no fue tomado en cuenta por los comisionados del instituto, quienes coincidieron con la defensa de la PGR que el dictamen era parte de una averiguación previa que sigue abierta y, por lo tanto, no se puede revelar públicamente.
De esta forma se confirma la decisión de las autoridades federales de esconder durante los próximos 12 años el verdadero motivo que generó que más de 30 personas perdieran la vida calcinados en su centro de trabajo, hace ya un año.
