A más de un año del asesinato del ex empleado de la Comapa, Rafael Montoya Rosales, presuntamente cometido por elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas, su familia pide justicia. Aunque hay evidencias de que la víctima estaba desarmada, la Fiscalía ignoró el caso que ahora irá ante instancias internacionales por delitos como encubrimiento.
“Juana Arecha Celestino es mi nombre. Tengo 49 años de edad, la misma que tenía mi esposo cuando lo ejecutaron”, con estas palabras inicia la entrevista de un aciago caso que, a 15 meses de distancia, mantiene en el calvario y la ruina a una familia de la fronteriza ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
La historia pasa por la voz desgarradora de una viuda, madre y licenciada en contabilidad, quien nada más recuerda a su cónyuge muerto (el 30 de marzo de 2018) se echa a llorar.
“Cuando lo conocí en 1984 él trabajaba en lo que ahora es la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, enfrente de mi casa en la colonia Loma Linda. Nos casamos tras cumplir los 19 años y él los 20. Nuestra boda fue el 23 de junio de 1989 por el civil y al día siguiente por la iglesia.
“Mi esposo siempre fue un hombre muy noble, tierno, sincero; muy respetuoso y educado. Tuvimos un noviazgo muy bonito la verdad, porque hubo mucho amor, cariño. Todo el tiempo iba por mí a mi trabajo. Esos son los recuerdos que me quedan de él y obviamente con mis niños”, relata apesadumbrada.
El matrimonio Montoya Arecha procreó cinco hijos que en la actualidad tienen 28, 26, 25, 15 y 14 años de edad. Esta viuda asegura que vivieron en familia momentos “inmensamente felices” hasta que la desgracia los alcanzó.
A pesar de ser Reynosa una ciudad peligrosa, ruta en el trasiego de la droga, de migrantes indocumentados y escenario de múltiples enfrentamientos (que el año anterior la colocaron, de acuerdo con el INEGI, entre los municipios con mayor índice nacional en la percepción de inseguridad), nunca imaginaron que Rafael sería blanco de esta guerra sin cuartel y otro de los muchos casos de inocentes abatidos, conocidos en el argot militar como “falsos positivos”.
Este esposo y padre de familia sabía de electricidad, plomería y ebanistería. Hacía también trabajos de pintura, instalaba boilers, aires acondicionados; impermeabilizaba casas, restauraciones en general. Puso un pequeño taller en la propiedad de su progenitora.
“Fito, porque así le decíamos de cariño, siempre fue muy esforzado y cumplido. Permaneció más de 17 años en la Comapa. Después se fue al área de mantenimiento del restaurante Vips en la Zona Dorada de Reynosa.
“Mucha gente lo conocía, pues laboró para varias empresas y los patrones hasta le tenían la confianza de dejarle las llaves de sus casas. Siempre fue un hombre honesto, serio y responsable”, expresa compungida la señora Arecha.
PASOS SIN RETORNO
Justo en aquella fatídica mañana de “Viernes Santo” la víctima se dirigía al domicilio de su madre enferma, localizado en la colonia Aquiles Serdán, para administrarle las medicinas de su tratamiento, pero paradójicamente caminó hacia el matadero:
Alrededor de las 9:45 horas del 30 de marzo en las calles del mismo sector se producía la representación del viacrucis de Cristo cuando el estruendo de las balas provocó un alboroto inmediato entre la muchedumbre.
Nadie sabía cómo reaccionar. Se suscitaron los gritos, el estupor y la angustia, como pudo observarse en algunos videos que compartieron enseguida los usuarios en Internet.
El reporte oficial consignado al Ministerio Público indica que tras una persecución sobre el lado sur del bulevar Luis Echeverría, la patrulla 947 de las fuerzas estatales quedó varada con los neumáticos pinchados, a causa de la refriega entre civiles armados que se desplazaban a bordo de una camioneta GMC Envoy color roja.
Sin embargo, vecinos de la colonia de Ferrocarril Poniente atestiguaron que los delincuentes descendieron de una camioneta en color oscuro (enfrente de la antigua vidriera Del Valle) y corrieron hacia la privada Pedro Moreno. Luego se escondieron entre las casas y, a posteriori, brincaron las bardas para darse a la fuga.
Rafael fue uno de los civiles que se vieron acorralados por el enfrentamiento, así que ingresó a la misma privada intentando ponerse a salvo, pero los agentes que se lo toparon de frente lo confundieron.
Justo a la entrada de un templo religioso descargaron sobre él sus poderosas armas. De nada sirvieron las súplicas afirmando que era inocente, matando en vida también a su familia.
“Por los comentarios que me dijeron las personas ese día los bandidos robaron ropa en las casas donde se metieron y salieron como si nada, pero realmente al que mataron los policías fue a mi esposo. Él les decía que era inocente, un hombre de bien, pero aún así le dispararon. ¿Por qué tanta maldad y matanza sin investigar?”, cuestiona su mujer.
En su cartera la víctima llevaba las hojas de los presupuestos de material que acostumbraba comprar para su trabajo. Enseguida las autoridades involucradas le arrojaron un chaleco con fornitura y una bolsa con cocaína para fabricarle pruebas, de acuerdo con testigos oculares.
ERA INOCENTE
El expediente de investigación 288/2018, que obra en poder de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), dictaminó que éste fue un homicidio.
Las pruebas de rodizonato de sodio del laboratorio de los Servicios Periciales y la necropsia de ley del Servicio Médico Forense arrojaron que Rafael Montoya Rosales no tenía plomo ni tampoco bario en sus manos. Es decir, jamás disparó un arma contra los elementos de la Policía Estatal aquel 30 de marzo.
Conforme se asentó en la carpeta del Ministerio Público de
Procedimiento Penal Acusatorio en la Unidad Especial para Plan Reynosa, el occiso también salió negativo en los análisis de cocaína, marihuana y anfetaminas.
El acta de defunción establece que Rafael murió por traumatismo torácico abdominal a causa de disparos de proyectil de arma de fuego.
“Siempre fue un buen hijo con mi suegra e iba todos los días a verla. Doña Leonor sufría diabetes e hipertensión. Pocos meses después que le quitaron la vida a mi esposo ella falleció, no soportó la tristeza y se le complicó la enfermedad.
“El homicidio nos agarró de imprevisto, fue algo terrible realmente y todavía no me puedo sobreponer. Todo este asunto me altera, me estresa. ¡No tengo paz!, ¡no es justo que lo hayan asesinado nada más porque sí! No tengo paz, porque tengo hijos.
“La forma tan brutal en que Fito murió no se vale. Es injusta. ¿De qué sirve que estén los policías para cuidarnos si ellos mismos nos atacan?… No saben el daño que causan. La tristeza, la angustia, nos arruinaron la vida”, lamenta su viuda.
LA IGNORAN Y DESPRECIAN
Entrevistada en una pequeña fonda durante el horario que le dan para comer, la señora Arecha suelta las lágrimas que rebotan en un mantel de plástico en color amarillo. A medida que transcurre la conversación deja de importarle el entorno, sin poder ocultar su sufrimiento.
“Cuando mataron a mi esposo nadie se me acercó. Ni Derechos Humanos ni el gobierno, ni Seguridad Pública. Nadie me buscó para ayudarme. He hecho hasta lo imposible.
“Si supieran lo que yo he hecho sola. He ido a la colonia donde lo atacaron a conseguir testigos. Los he llevado a la Procuraduría y el gobierno no me ayuda. Me dicen que me deben asignar un abogado. No me han asignado nada”, describe molesta.
Sin dejar de llorar por la impotencia y las heridas del alma esta mujer exhibe la pesada cruz que debe cargar cada día intentando conseguir justicia y limpiar el nombre de su esposo.
“En Atención a Víctimas no me han ayudado nada. Ni el gobierno se ha acercado para ayudarme, nadie me ha ayudado. Acudí a la Comisión Estatal de Derechos humanos. Ellos saben mi problema. Logré que fueran a la colonia de los hechos a constatar lo que yo averigüé.
“Todo coincide con lo que dicen los testigos, pero ahora esta misma Comisión me pregunta que si no sé de alguna placa de la camioneta que mató a mi esposo. Es tan fácil comprobar que lo mataron los policías estatales por las balas que lo indican.
“En la carpeta de investigación aparece cuáles eran los proyectiles que tenía mi esposo en su cuerpo y los impactos de bala en la camioneta de los delincuentes. Los policías estatales tienen una bitácora y ahí detalla cuáles eran sus municiones, es muy sencillo de saberlo que ni siquiera necesitamos testigos.
“Pero aún así los llevé para justificar que sí lo mataron los policías estatales. Hubo mucha gente que vio cuando brutalmente lo agredieron, nada más que las personas tienen miedo de hablar porque temen represalias.
“Pero a mí no me importa lo que pase porque estoy en lo justo, lo mataron de manera cruel e inhumana ahí muy cerca de las oficinas de Capufe (Caminos y Puentes Federales)”, menciona.
A la señora Arecha le arranca el ánimo asumir esta realidad para ella y sus hijos.
“¿Creen que es muy fácil verlos llorar por su papá todas las noches? Esto me afecta, me agobia, me aniquila y es un duelo que no se lo deseo a nadie. Tengo todavía dos niños en la secundaria, de 14 y 15 años”, argumenta.
Esta mujer de blanca piel es una de muchas que pelean un caso a causa de la delincuencia y que tiene que enfrentar un casi impermeable aparato burocrático.
“Le mandé un mensaje a Mariana Gómez, la esposa del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y nunca me pasaron con ella. Estuve tratando de contactar al contralmirante de la Procuraduría y jamás me dio la cara, nunca me aceptó mis llamadas. Hablé muchas veces y nunca me ayudaron.
“Me respondió una licenciada Olivia Lemus del Instituto de Atención a Víctimas del Delito, diciéndome que me iban a ayudar y hasta ahorita no lo han hecho. Les soy bien sincera y no pienso detenerme. No lo hago por mí, sino por mis hijos”, prosigue.
NO HUBO QUINCEAÑERA
La tristeza en el hogar de la familia Montoya Arecha es generalizada y ha sumergido en una evidente desazón a todos sus integrantes.
“Mi hija acaba de cumplir sus 15 años en febrero. No le hicimos fiesta, no quiso nada. Ahora se va a graduar de la secundaria y también está muy triste. Se me ha encerrado en la habitación queriéndose suicidar. Estaba muy triste, mi hijo también. No comían y a veces tampoco no dormimos.
“Yo me despierto en las madrugadas y lo primero que grito es ¡Fito! Me he hecho muy antisocial. A veces no deseo ver gente ni que me hablen. No estamos bien. Es un duelo muy pesado, algo muy fuerte que no se puede superar. Cambió la vida de todos nosotros, no estamos bien, en mi casa ya no estamos bien”, detalla.
Afirma que ha tratado de mantener a su familia unida, pero ni aún así comprende cómo es que ha podido sostenerse, porque la muerte de Rafael lo cambió todo.
“Fue una desgracia horrible y tengo que ser fuerte por mis hijos, pero ¿quién me va a comprender a mí?, es muy difícil. Me levanto todas las mañanas encomendándome a Dios, pidiéndole que me dé fortaleza, que me ayude con mis trámites; que gracias por la vida y salud de mis hijos. Imploro mucha fortaleza para poder soportar todo esto, que a veces pienso que es un mal sueño y desafortunadamente no lo es”, comenta.
Esta viuda es ahora el único sustento de su familia. Tanto ella como su esposo muerto son personas intachables en su comunidad.
“De verdad le agradezco a mi jefe, al dueño de la empresa donde trabajo, quien se ha portado muy bien. Tengo compañeros maravillosos.
“He recibido mucho apoyo en que tengo que ir a la Procuraduría, que me dan permiso. Mi caso no se ha ido con un juez todavía, imagínense, no tengo un abogado que me esté representando. Nadie me ha ayudado.
“Cuando fui a poner mi denuncia me dijo un licenciado de la Procuraduría que ese mismo día habían matado a una familia. Me dice: mire todas esas carpetas señora Juanita, toda esa gente se queda callada. Es importante que la gente no se quede callada, por eso abusan de su autoridad”, remarca.
Mientras muestra las fotografías donde Rafael aparecía el día de su boda, con sus hijos y su madre en la Navidad y desempeñando su trabajo, la señora Arecha enseña también las pertenencias de su esposo que le entregaron cuando lo asesinaron, como la cartera y las hojas escritas con su firma y letra.
“Es increíble cómo la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Victoria le contestó a la de Reynosa que no hubo tal hecho aquí. Solamente me dan largas y me ponen trabas y obviamente es el mismo gobierno de Tamaulipas. Esto lo voy a llevar hasta el presidente de la República, Amnistía Internacional, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y hasta donde tenga que llevarlo”, adelantó.
TESTIGOS SON CLAVES
Las personas que vieron cómo los policías estatales acribillaron a Rafael Montoya Rosales hablan desde el anonimato.
“Estábamos almorzando cuando comenzaron a escucharse los disparos. Fue un caos, toda la gente en la calle andaba corriendo y a nosotros los vecinos nos tocó mirar. El señor Rafael quiso correr, yo creo, para acá dentro de la colonia para protegerse, pero él se topó de frente la patrulla. Ahí lo pararon. Era una camioneta. En ese rato luego luego lo maltrataron.
“Mientras lo tenían hincado él les decía que era inocente, que tenía familia. Alcanzamos a ver a tres elementos. Dos estaban abajo y uno arriba de la patrulla y nada más era una patrulla la que estaba.
“Eso fue alrededor de las 10:00 de la mañana, porque de hecho estábamos esperando el viacrucis que iba a pasar por la colonia, pero se suspendió por la balacera. Nosotros lo que hicimos fue cerrar los portones y se miraba todo para la iglesia donde lo mataron a él.
“Como le platicamos a la señora Juanita, fuimos muchas personas las que vimos, pero no todas quisieron atestiguar por miedo. Mucha gente lo vio, no solamente grandes, sino niños.
“El oficial que estaba arriba le dijo a los que estaban abajo ‘mátalo’ (Sic) y le gritó una maldición. Se oyeron tres disparos y de rato se oyó uno. De hecho, cuando se oyeron los tres el señor Rafael no alcanzó a caer completamente al suelo, sino que uno de ellos lo pateó y ya fue cuando cayó. El que estaba arriba le aventó como un chaleco y ese fue el que le tomo una foto. Mientras estaban hablando de él su teléfono estaba timbre y timbre.
“Cuando lo mataron la patrulla se fue y lo dejó ahí tirado. De hecho un señor de aquí mismo en la colonia lo tapó con una cobija, con un cobertor, pero cuando estuvo solo pasó un muchacho en una bicicleta y se llevó el teléfono. Es injusto este caso, porque cuando nosotros fuimos a ver el cadáver nos dimos cuenta que era carpintero, porque en sus botas traía pintura y no parecía delincuente el señor.
“No sé si conozcan la colonia, pero todos los delincuentes brincaron por unas casas y al que mataron los policías fue al señor. El señor llorando decía que tenía familia y no lo respetaron como quiera.
“De hecho nosotros teníamos mucho miedo, pero es una injusticia y por eso fuimos a declarar. Es lo que yo miré y al último los que se hicieron cargo del caso fueron los soldados. La patrulla ya no se volvió a ver, ya no pasó por aquí. Los soldados cerraron la calle y ya recogieron al señor”, señala una de las testigos mujeres.
ENCUBREN UN HOMICIDIO
Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, es el único activista que se animó a apoyar a la señora Juana Arecha Celestino. Prácticamente son ellos solos contra el sistema.
“Vamos a tomar su caso como Organización No Gubernamental (ONG) y lo llevaremos a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas (ONU), para que sea revisado, investigado y que se pueda ofrecer una atención completa por lo que evidentemente es una ejecución arbitraria y extrajudicial”, señala.
El defensor de los derechos humanos reconoce que en la muerte de Rafael Montoya Rosales hay policías estatales involucrados, que la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas hizo una investigación muy deficiente y que existe una evidente protección del personal involucrado.
“Hablamos de policías estatales. El Ministerio Público no tiene la intención de esclarecer este homicidio, de encontrar a los responsables, que son policías, según los testigos y de judicializar el caso. Por eso nosotros estamos interviniendo. Vamos a poner un grupo de abogados al servicio de la señora Juanita.
“Tampoco es evidente que el asesor victimal de la Comisión Estatal de Víctimas tenga el interés de apoyar a la señora Juanita y su familia. Todas estas irregularidades ya las estamos documentando y en su momento daremos una conferencia de prensa en Reynosa y la Ciudad de México para exhibir este abuso de autoridad, este acto de impunidad y el abandono en el que se encuentra la familia de la víctima”, aclara.
Ramos Vázquez aduce que las pruebas son contundentes para demostrar la responsabilidad de los policías estatales en la comisión de este crimen.
“Existen unos videos y obviamente evidencia forense que deberá tomarse en cuenta. Las ojivas en el cuerpo de la víctima, los impactos en la camioneta que abandonaron los presuntos delincuentes. Las municiones que se encontraron en en lugar de los hechos y otras diligencias que vamos a presentar ante el Ministerio Público.
“Por eso hablo de la protección que están teniendo estos sujetos e investigadores del Gobierno del Estado, vía Seguridad Pública, vía Fiscalía General del Estado, tal vez desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y obviamente del abandono de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Todo el aparato de gobierno está encubriendo el homicidio”, asegura.
“Estamos hablando de un trabajador, de un padre de familia y de una persona que no tenía antecedentes penales, que no consumía drogas y quien resultó negativo en la prueba de rodizonato de sodio.
“Debería haber condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Esto, insisto, lo vamos a llevar ante estancias internacionales dada la parcialidad de autoridad y el proteccionismo a los agentes involucrados”, manifiesta.
EL ‘PLAN REYNOSA’
Durante el Foro de Seguridad Ciudadana realizado el mes de febrero de 2018 el entonces titular de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), el vicealmirante Luis Felipe López Castro, reconoció que era tan grande el problema de la delincuencia en la ciudad, que se autorizó a los elementos de la corporación para abatir a los narcotraficantes en flagrancia sin derecho a que sean detenidos y presentados ante el Ministerio Público.
Pero el “Plan Reynosa” ha tenido fracasos, pues en las calles de la localidad del noreste mexicano se libra una ola de muerte que ha cobrado la vida de personas inocentes, como el caso Rafael Montoya Rosales.
O como el de seis civiles ejecutados al mes siguiente en la colonia Petrolera, entre ellos un estudiante de UAT, su tía y abuela, sin tampoco olvidar el de Antonio, un alumno de la secundaria Número 60 de las Fuentes Sección Lomas (también en Reynosa), quien tres meses después falleció por una bala perdida durante un tiroteo, según confirmó la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) en un comunicado.
Por su parte, la señora Juana Arecha Celestino se convierte en la voz y emblema de las víctimas inocentes por la guerra contra la delincuencia en Tamaulipas. Pide que quien esté pasando por un caso similar o quiera ayudar se acerque con ella.
“El llamado es que no se dejen, que luchen por la justicia para que la muerte de sus familiares no quede impune. Hay muchas mujeres viudas como yo que quedamos desamparadas con nuestros hijos por injusticias como ésta”, lamenta.
En tanto, el titular de la Procuraduría General de Justicia en Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, no se pronunció en torno a este caso y, al cierre de esta edición, se sigue esperando una postura.
¿Es Reynosa la más peligrosa?
De acuerdo con información generada por el INEGI en 2018 este municipio fue clasificado como uno de los más peligrosos del país y donde el 97.2 por ciento de la población se siente insegura.
Existen diversos mecanismos para medir los índices delincuenciales que flagelan a la sociedad. Uno de ellos es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la cual se efectúa de manera trimestral desde el año 2013.
El estudio es aplicado por especialistas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 68 ciudades de la República Mexicana.
Analiza factores como la inseguridad, la expectativa social, las conductas delictivas o antisociales; los cambios de rutinas ciudadanos, por temor al delito; el desempeño de las autoridades de seguridad pública, los conflictos y la victimización, entre otros conceptos que pueden representar focos rojos de criminalidad.
Una de las principales ideas del levantamiento de información –llevado a cabo en más de 20 mil viviendas ante personas mayores de 18 años de edad– es conocer la percepción de los habitantes de las principales ciudades mexicanas para evaluar la tendencia delincuencial en los siguientes 12 meses del muestreo.
Para junio de 2018 la ENSU arrojó que en el rango de las 68 localidades más grandes de la nación la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas, ocupaba las cifras más altas de peligrosidad de la República Mexicana, ya que el 97.2 por ciento de la población afirmó estar insegura (y solamente el 2.8 de los habitantes apreciaron sentirse protegidos).
La información del Instituto indicó que el porcentaje no representaba un cambio significativo con respecto al mismo periodo de 2017.
La percepción de la inseguridad continuó siendo mayor en el caso de las mujeres con 79.6 por ciento, mientras que para los hombres fue de 71.3 por ciento.