La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJE), el Juzgado Segundo en materia Civil de Reynosa y la Dirección de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, llevan por separado procedimientos legales sobre la presunta compra-venta fraudulenta de una finca en este municipio por un valor de más de 173 millones de pesos.
De acuerdo con la averiguación previa 135/2011, inscrita el 5 de julio de 2011 ante el Agente en Turno del Ministerio Público Investigador, Florencio y José Antonio Gandaría Cantú presentaron una denuncia formal en contra de quien resultara responsable por los delitos de “falsificación y uso indebido de documentos públicos o privados; fraude, despojo de inmueble y lo que resulte”, después de que el rancho El Divisadero, perteneciente a esta familia desde 1908, fue vendido sin la autorización de sus respectivos dueños.
Para ello el 9 de abril de 2009 Ana Velia Ceballos Gandaría, representante de una de las diez partes afectadas, acudió ante las autoridades competentes con el propósito de abrir un juicio sucesorio intestamental y, de este modo, tomar posesión de la fracción correspondiente del terreno rústico de agostadero, propiedad de su madre, Ninfa Gandaría Cantú (ya fallecida), y de sus demás tíos Guadalupe, Noé (ya fallecido), René, Rodolfo, Juan, Idolina (ya fallecida), Irene, María y Florencio.
El predio ubicado a 4.2 kilómetros de la carretera Reynosa-Monterrey, junto a la brecha El Becerro al este, y la colonia San Valentín al oeste, y que colinda con los ranchos San José De los Garza al norte, y La Polvadera al sur, consta de 321 hectáreas, de las cuales el 50 por ciento le pertenecieron a su abuelo, Guadalupe Gandaría Hernández y el resto al cuñado de éste, Lisandro Cantú Silva, ambos por heredad de Máximo Cantú Rodríguez y María Cantú Silva, según aparece en la escritura original del 14 de diciembre de 1968 en poder del Registro Público de la Propiedad, ahora Instituto Registral y Catastral.
“El problema radica en que se hizo la venta maliciosa de todo el terreno, pero lo que particularmente a nosotros nos perjudica es que nos despojaron de las 161 hectáreas pertenecientes a mis tíos y a mi mamá desde hace muchas décadas”, denuncia Ceballos Gandaría.
Menciona que, debido a que la urbanización de Reynosa creció hasta los límites del rancho, los herederos pensaron en común acuerdo ponerlo a la venta, ya que adquirió mayor plusvalía; sin embargo, como éste había quedado intestado –con el fallecimiento de varios miembros de la familia Gandaría Cantú–, los sobrevivientes iniciaron el proceso legal para ponerse al corriente.
Así que acudieron ante Raúl Escamilla, magistrado segundo del Juzgado de la Primera Instancia en el Quinto Distrito Judicial de Reynosa, quien les ordenó que nombraran a un notario para que les hiciera el protocolo de escrituración, eligiendo a Arnoldo Salinas Salinas, de la notaría pública 184 de Díaz Ordaz, donde residen actualmente.
“Se efectuó el juicio 539/2009, mediante el cual el 30 de marzo de 2009 se expidió la sentencia 217 y se giraron instrucciones de que se procediera a hacer la escritura. Entonces cuando le llevamos al notario esa resolución del juez, él nos pidió el certificado de libre gravamen y que si debíamos impuestos los pagáramos para poder proceder a la elaboración de los documentos del terreno inmatriculado”, explica.
No obstante, al comenzar con ese trámite en el Registro Público de la Propiedad, la familia descubrió que su bien inmueble inexplicablemente había sido vendido y cambiado de propietario. El comprador: un supuesto Alejandro Izaguirre Trejo.
“Muy desconcertados les dijimos ¡¿pero ¿cómo?!, pues llevábamos la sentencia del juez en la mano. En esa oficina nos argumentaron que nuestros tíos habían traspasado el dominio, apareciendo como apoderado legal de esa operación Florencio Gandaría Cantú, cuando en realidad él y nosotros éramos los que estábamos abriendo el juicio en conjunto.
“Mi tío Florencio, quien estaba en el extranjero, también se vio sorprendido al aparecer como la persona encargada de realizar el mentado negocio, cuando existen documentos del gobierno de Estados Unidos de que él nunca estuvo en México al momento de hacer la supuesta venta, debido a un problema legal de carácter personal que tuvo en la Unión Americana y del que hay pruebas oficiales”, subraya.
Y es que de acuerdo con el certificado 210702-7:04CR00373-003 expedido el 11 de julio de 2011 por el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals Service, por sus siglas en inglés), el ciudadano de doble nacionalidad, Florencio Gandaría, cumplió con un periodo de supervisión domiciliaria dictaminado el 21 de noviembre de 2005 por el juez Ricardo H. Hinojosa, en la jurisdicción del Distrito Sur de Texas, el cual le prohibía abandonar el país, a menos que consiguiera un salvoconducto especial.
Las únicas fechas que le fueron permitidas para poder cruzar la frontera son el 8 y 13 de julio de 2009; el 6 de octubre y 7 de diciembre del mismo año, y el 28 de septiembre de 2010 (plazos que divergen con el del polémico trato). El documento avala que el suscrito consumó cabalmente y de manera exitosa su sentencia, la cual expiró el 1 de octubre de 2011.
“Por ello pensamos que nos cometieron un fraude, ya que el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos presentó un informe de que mi tío Florencio no pudo haber estado en México en las fechas que se consumó el desfalco.
“El contrato de compraventa del rancho se hizo el 30 de marzo de 2009, mientras que nosotros iniciamos el juicio en abril de ese mismo año, apenas un mes después. Mi tía Idolinda había fallecido poco antes y probablemente estaban esperando a que ella muriera para efectuar esa maniobra”, considera.
El precio de la operación se fijó en 14 millones 827 mil 50 pesos, mientras que el avalúo real del inmueble asciende a 173 millones 340 mil pesos, conforme a un peritaje elaborado el 14 de enero de 2010 por el ingeniero, Ramiro García Leal, el cual incluye un reporte fotográfico y cartográfico del lugar.
MURALLA BUROCRATICA
Cuentan los denunciantes que lo primero que hicieron al enterarse del robo del rancho fue dirigirse a la dirección de Predial y Catastro de Reynosa, para solicitar información más detallada del quebranto patrimonial, pero se les negó el acceso a los documentos.
“Elaboramos varios escritos solicitándole al director catastral datos para defender nuestro derecho e incluso, recurrimos a un amparo en tiempos de la administración del ex alcalde, Oscar Luebbert Gutiérrez, pero de ahí no se obtuvo nada. Batallamos mucho.
“Entonces acudimos al Registro Público de la Propiedad, dependiente del Gobierno del Estado de Tamaulipas, para explicarle a la directora Karla Yazmín Ortega cuál era la situación. Y como no pudo exhibirnos los papeles, solamente nos informó verbalmente a nombre de quién había sido puesta la propiedad y quién intervino en la presunta venta.
“Nos dijo que no tenía copias del acta, pues nada quedaba en sustento en la oficina y que todo lo tenía el notario que participó en el trámite”, añade.
De manera que el 30 de abril de 2009 la familia afectada presentó una querella formal ante la Dirección de Asuntos Notariales (DAN) situada en la capital del Estado y donde señalan que fueron mal atendidos por Mercedes Patricia Delgado Lerma, ya que manifiestan que mientras ella estuvo en el cargo como titular de ese despacho su denuncia nunca prosperó y hallaron muchos obstáculos.
“Pero nosotros no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados. Acudimos nuevamente a esa dirección para insistir en que le dieran trámite a nuestra demanda y el actual director, Saúl Palacios Correa, es quien finalmente nos tomó en cuenta por instrucción del entonces secretario general de gobierno, Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez.
“El le ordenó que se hiciera una visita a la notaría pública 233 de Reynosa para revisar cómo estuvo la compra-venta. Para entonces ya teníamos los certificados expedidos por el Registro Público de la Propiedad, lo cual nos tomó más de un año obtenerlos, y por medio de esos documentos es que se llevó a cabo una inspección de uno de los visitadores adscritos a la notaría donde se realizó la artimaña”, menciona.
El acta del amparo promovido ante la DAN quedó matriculada con el folio 003/2010. Después de eso los legítimos herederos acusan que encontraron una serie de trabas para que avanzara la investigación ordenada en contra de Alfonso Fuentes García, el actuario que dio legalidad al trámite de escrituración.
“Se estuvo posponiendo porque decían que el notario estaba enfermo, que tenía problemas, por lo que acudimos nuevamente ante el secretario general de Gobierno, quien les ordenó en firme que ya hicieran la visita”, relata.
Por medio de los oficios DGAJ-DAN/1265/10 y DGAJ-DAN/1929/10 con fechas del 1 de junio de 2010 y del 3 de septiembre de 2010 respectivamente, se le solicitó al licenciado Fuentes García un informe sobre la queja presentada, a los cuales dice el documento que no contestó.
Asimismo, el 7 de junio de 2011 se le requirió que rindiera su testimonio por escrito, para el que se le envió el oficio SSGG-DAN/1424/11 y “en virtud de que transcurrió el término concedido sin que éste respondiera al aviso”, el 11 de julio de 2012 el secretario general de Gobierno ordenó la ‘visita especial’ a su notaría, localizada en la calle Hermosillo número 175 de la colonia Rodríguez en Reynosa, para indagar las irregularidades denunciadas sobre las presuntas violaciones a la Ley Notarial para el Estado de Tamaulipas.
“Entonces el 23 de febrero de 2013 se llevó a cabo una auditoría a los documentos del licenciado y fueron encontradas muchas anomalías”, revela Ceballos Gandaría.
El acta constitutiva 13491 había sido matriculada ante el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, donde quedó asentada la supuesta comparecencia del 30 de marzo de 2009, de los hermanos Gandaría Cantú en la notaría 233, incluidos los difuntos.
LAS INCONSISTENCIAS
En la resolución emitida el pasado 15 de enero de 2013 por la Dirección de Asuntos Notariales viene especificado punto por punto que se halló desordenado el libro del protocolo 13491 concerniente al caso; de que donde están los papeles correspondientes a la compra-venta del terreno había hojas amarillas intercaladas con otras de color blanco en el expediente.
“De los 10 pasos a seguir para llevar a cabo las documentaciones que le exige la ley, Fuentes García no cumplió con ninguna. Le hemos dado seguimiento y nos sorprende cómo él se respaldó en su investidura para cometer el ilícito”, aduce la entrevistada.
Técnicamente el volumen inspeccionado con denominación “DCCLXXIV” se encontró sin encuadernar. La última hoja utilizada es la 282 en su parte media, estando en blanco hasta la 299, así como las hojas 190, 206, 221, 222, 238, 254, 270.
Se encontraron sin enumerar las páginas tres y cuatro e hicieron falta la 78, 109, 112, 127 y 136. “Las hojas utilizadas en el instrumento a simple vista se aprecia que son de diferente tonalidad y tamaños”, al igual que el membrete del “Notario Público No. 233” y el nombre de “Cd. Reynosa, Tamps.”.
También, en la documentación correspondiente al apéndice de la certificación número 156668 se muestran agregados sin relación ni letra varios documentos como:
Un original del supuesto poder otorgado a Florencio Gandaría Cantú, una copia simple de las identificaciones de los 10 hermanos propietarios (a pesar del fallecimiento de varios de ellos) y la fotostática de la credencial de elector expedida por el IFE a nombre de “Gandaría Cantú Florecio” y no el nombre que se aprecia en el poder y contrato de compraventa: Florencio Gandaría Cantú.
“Surgieron errores del apoderado que supuestamente vendió, presentando una credencial de elector de Florecio y no Florencio como es en su modo original, faltando la ‘n’, por lo que con esa letra era para que no se hubiera elaborado la escritura, pero que aún con todo eso el fedatario le dio para adelante”, agrega.
Cabe decir que Fuentes García cobró notoriedad a finales de octubre de 2008, cuando se salvó de morir en un accidente aéreo en el municipio de Güémez, al perder el vuelo donde fallecieron los cinco tripulantes, entre los cuales se encontraban los abogados Carlos Bello Cano, Norma Díez Cuán, Pedro Mier Reyna y Vicente Leal Rosales, miembros del Colegio de Notarios Públicos de Tamaulipas.
EL DESCARO
Ana Velia Ceballos Gandaría manifiesta que para cometer la supuesta estafa Fuentes García se atrevió a “revivir” a su madre, Ninfa Gandaría Cantú, al falsificar y utilizar una credencial de elector a nombre de ésta, pero “no consideró que ella murió en 1975, cuando todavía ni siquiera existían las tarjetas para votar del IFE”.
En la credencial que se exhibe en los documentos presentados para realizar la escrituración, aparece que Ninfa tenía 65 años en 1990 cuando realizó su supuesto registro (lo que quiere decir que habría nacido en 1925); sin embargo, en el acta de defunción emitida por el Registro Civil del Estado, Ninfa Gandaría Cantú murió a los 35 años en 1975, por lo cual su verdadera fecha de nacimiento es 1940.
El dictamen firmado por el licenciado Morelos Canseco Gómez, añade que en ninguna parte de la escritura se aprecia que el notario le haya exigido al supuesto apoderado la protesta de rigor. Además, cometió una violación al artículo 97 de que los documentos notariales tendrán el lugar, la fecha y la hora, pero no menciona el horario cuando se realizaron las firmas.
Se detectó también que la supuesta concesión de derechos a un apoderado en esta operación en la que supuestamente participan 10 partes en común acuerdo tiene inconsistencias. Los documentos refieren las frases: “por mi propio derecho le otorgo…” y “…el bien inmueble de mi propiedad”, sin utilizar las palabras nuestro derecho o nuestra propiedad, como es de suponerse que se haría en conjunto.
Quedó plenamente demostrado, reitera la afectada, que el notario también omitió notificar quienes comparecieron y que no se cercioró de la identidad de los mismos.
Y es que en la identificación que presentó el verdadero Florencio Gandaría Cantú en su denuncia, no es la misma persona que aparece en la fotografía de la credencial del “Florecio” que hizo la venta del rancho.
De igual manera, existen otras fallas en el compendio de las tarjetas de votar documentadas y en algunos casos, quienes salen en las fotos no representan la edad que dicen tener e inclusive algunos registros son anteriores al año de 1990, cuando fue fundado el Instituto Federal Electoral.
“Para la transacción todos mis tíos Gandaría Cantú exhiben supuestamente sus credenciales de elector, pero ninguna foto corresponde a la verdadera identidad de ellos, por lo que se supone que fueron escaneadas.
“El notario argumentó que él no se fijó si eran realmente las personas que aparecían en la tarjeta de elector las mismas que le estaban mostrando el acta. Lo que nosotros denunciamos es que él consiguió los datos de las credenciales y les montó fotografías de otras personas, cometiendo así un delito federal y existen unos folios, que definitivamente no son de las credenciales originales de mis tíos”, indica.
En lo que corresponde al proceso administrativo que abrió la Dirección de Asuntos Notariales, se estipula que habiéndosele concedido el uso de la palabra Fuentes García argumentó que debido a la “carga de trabajo” se pudieron haber presentado las anomalías antes señaladas.
En base al artículo 134 de la Ley del Notariado, se habían cometido graves violaciones sujetas a sanciones, y al no haber actuado como lo establece la ley e infringiendo las obligaciones del Notariado se le declaró “fundada y procedente la queja presentada por la señora Ana Velia Ceballos Gandaría”.
COMPRADOR FANTASMA
Una de las piezas claves de este rompecabezas es la identidad del comprador del rancho El Divisadero, Alejandro Izaguirre Trejo, quien ante el IFE simplemente no existe.
Por orden del Juzgado Segundo en materia Civil de Reynosa se solicitó ante el Instituto Federal Electoral acceder al registro del presunto adquisidor, pero en su contestación –de la cual Hora Cero tiene una copia–, el organismo dijo no tener en su banco de datos a ninguna persona con ese nombre.
Menciona que en relación al oficio 865 recibido en esa oficina electoral el 18 de junio de 2012: “Hacemos de su conocimiento que, una vez hecha la indagación correspondiente en el Centro Estatal de Consulta de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Tamaulipas, advertimos que la referida persona no se encuentra registrada en el archivo del Padrón Electoral de la Entidad”. “Lo anterior, se expone con fundamento a lo previsto por el artículo 171, párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”.
El documento lo firma Federico Ochoa Cepeda, vocal ejecutivo del IFE y Rodolfo Parás Fuentes, vocal secretario.
A pesar de esto, en la identificación mostrada en los libros del notario el supuesto Izaguirre Trejo dice tener su domicilio en la calle Octava No. 325 de la colonia Prolongación Longoria en Reynosa, pero al realizarse una inspección material del lugar se pudo comprobar que ahí no vive nadie con ese nombre, sino que realmente radica una familia de apellido Olivares.
Sus miembros manifiestan tener como residencia en el mismo sitio más de 22 años y mencionan no conocer a la persona referida de apellido Izaguirre Trejo y se mostraron indignados de que su domicilio aparezca en una credencial de elector falsa.
Para confirmar estos datos se acudió ante el Servicio Postal Mexicano para indagar si se ha entregado correspondencia en dicho lugar a nombre de Izaguirre Trejo y el cartero de planta que reparte la mensajería en ese sitio, José Antonio García, afirmó categóricamente que no ha dejado ningún sobre con ese destinatario.
“Al final de cuentas nuestro rancho ahí está, pero no podemos tomar posesión, porque está a nombre de un fantasma.
“Lo que defendía Fuentes García era que una persona de nombre Florencio Gandaría fue ante él para vender la propiedad a otra persona de nombre Alejandro Izaguirre Trejo, que hasta hoy en día no se sabe quién es y no aparece físicamente ante los llamados que le hace la autoridad, y que ni siquiera está registrado ante el IFE, por lo cual creemos que el notario público es el que está detrás de todo este engaño”, sostiene.
Y considera que con las matrículas exhibidas el organismo electoral puede comprobar las identidades de las personas usurpadas, aunque esto viene por orden de un juez.
“Los folios que aparecen en los documentos del notario están escaneados, pero muy burdamente para una persona que se dedica a hacer ese tipo de trámites legales. Inmediatamente debió parar esto, porque al no tener claridad suficiente no tuvo validez.
“Si Fuentes García, quien es el actual presidente del Colegio de Notarios Públicos de Tamaulipas, tiene en su protocolo registrada una credencial de elector a nombre del comprador, cuando el IFE está diciendo que no existe, entonces ¿en manos de quién está la fe pública de nuestra entidad?”, cuestiona Ceballos Gandaría.
Revelan los demandantes que como parte de la indagatoria también se le requirió información a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa (Comapa), para verificar la existencia de algún recibo a nombre de Izaguirre Trejo y la respuesta por escrito fue la misma: no tienen documentada a ninguna persona bajo ese nombre.
Por medio de edictos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas y en medios de comunicación impresos, a orden del Juzgado Segundo en materia Civil, también se buscó al comprador para que se presentara a declarar y agotar recursos legales por parte de la autoridad, pero aún no ha ocurrido.
Dicho magistrado hizo el desplegado por 60 días y el plazo venció el pasado miércoles 3 de abril de 2013, por lo que –en teoría– sin aparecer Izaguirre Trejo éste tendrá inminentemente que dar un veredicto para que la propiedad regrese a sus genuinos propietarios.
“A estas instancias no creemos que se tuerza la ley, porque las pruebas del fraude son contundentes. De hecho, solicitamos a un tercero llamado a juicio, ya que como nosotros y nuestros familiares somos los dueños de la mitad del rancho, Marco Antonio Buentello (de la empresa Terracerías BYA, S. C. de R. L) era quien tenía el dominio de la otra parte.
“En sus excusas el inculpado dijo que el ingeniero Buentello y Florecio Gandaría Cantú vendieron la totalidad del terreno a Alejandro Izaguirre Trejo, cuando en realidad el señor Buentello declaró que él nunca estuvo en el despacho de Fuentes García haciendo tal venta y que sigue teniendo el dominio de la mitad del rancho.
“Después de cuatro años el proceso ya va muy adelantado. La Dirección de Asuntos Notariales hizo la resolución a nuestro favor y de mis tíos y el 7 de enero de este año fuimos notificados”, testifica.
Por lo pronto, la familia que se dice defraudada tiene vigentes dos juicios por el delito cometido en su contra, uno penal ante la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y otro en Reynosa, donde un juzgado civil emitiría el fallo a causa del perjuicio, ya que es aquí donde se encuentra el terreno.
COTEJO DE FIRMAS
Mientras tanto, la Unidad Regional de Servicios Periciales, perteneciente al área de Grafoscopía, de la Procuraduría llevó a cabo un cotejo de rúbricas dubitables (dudable) e indubitables, en el que también se hace patente la presunta defraudación. El oficio quedó adscrito con el número 813/2012.
“En la averiguación efectuada por la PGJE, debido a que en los documentos que tiene el notario se exhibieron firmas de las supuestas credenciales de elector de mis tíos, se citó a todas las personas a la Procuraduría para que firmaran con su puño y letra y se ordenó que el Ministerio Público acudiera a la notaría (en una visita independiente a la de la Dirección de Asuntos Notariales) para revisar las rúbricas y llevar a cabo un peritaje”, comenta.
Luego del respectivo análisis del trazo de las letras con instrumentos como: lupas de 2, 3, 4, y 5X; lentes de aumento con luz lateral integrada, macroscopio de comparación universal, cámara fotográfica Kodak, modelo Easy Share C813 de 8 megapixeles; regleta en escuadra y planilla milimétrica, se determinó que las indubitables y dubitables utilizadas como elementos de comparación “no presentan rasgos similares”. Este dictamen fue remitido a la Dirección de Averiguaciones Previas de la PGJE.
Cabe hacer mención que Noé Gandaría Cantú murió el 19 de julio del año 2000, según consta en su acta de defunción; Guadalupe falleció el 11 de febrero de 1971, Ninfa el 22 de julio de 1975 e Idolina en septiembre de 2008, por lo que era imposible que los suscritos hubieran comparecido ante el notario. Ante ello los querellantes y herederos solicitan la reparación del daño y la restitución inmediata del bien inmueble.
Por su parte la sanción acuñada por la DAN es únicamente de carácter administrativa y no penal. La parte agraviada insiste que con las evidencias “aplastantes” es para que se hubiera consignado el expediente ante un juez.
“Lo que a nosotros nos informó el licenciado Saúl Palacios Correa, director de la oficina de Asuntos Notariales, es que la máxima pena que se impone por ese organismo es de carácter administrativa de 500 salarios mínimos, alrededor de 30 mil pesos y a parte no los quiere pagar, se amparó.
“Increíblemente argumentan que como es la primera vez, no se le suspende el fiat también llamada fe pública, es decir, el permiso para ejercer como notario público, pero un licenciado en materia penal nos dice que esto es aplicable en delitos penales. Ellos debieron haberlo suspendido y no mencionar que por ser la primera vez que incurrió en este delito la sanción es menor.
“Ellos no se quieren meter tan profundo en este caso, sino que buscan que se desahogue desde una plataforma civil o penal, como diciendo aquí está la soga, pero a ver quién se la pone…, porque incluso dentro de la máxima pena también se le puede suspender varios años de su ejercicio”, remarcan.
RESPALDO EN LA LEY
Ana Velia Ceballos Gandaría, quien desde el año 2009 no ha parado de acudir ante las instancias correspondientes para resolver el supuesto robo patrimonial del rancho El Divisadero en compañía de su esposo, Jorge Mendiola Montes, y de los tíos agraviados, reconoce haber pasado por momentos de angustia, por todo lo que implica el proceso legal.
“No deja de inquietarnos una respuesta o reacción directa del notario. Ante cualquier amenaza que recibamos el licenciado Pedro González, subdirector de Averiguaciones Previas, dijo que esto ya se consigna como delincuencia organizada”, manifiesta.
Y es que resulta sorprendente lo lejos que han logrado llegar las personas despojadas del terreno de 160.5 hectáreas –en una investigación que llevan también por cuenta propia–, afectando en consecuencia su economía, al erogar una suma importante de dinero en papeleos, abogados y viajes realizados a la capital del Estado.
“Si nada más con el simple hecho de trasladarnos a Ciudad Victoria ya hay un riesgo. No somos licenciados ni especialistas, pero hemos ido adquiriendo conocimiento conforme se han dado las causas y lo que sí nos desconcierta es la forma en un término entendible tan ‘bravera’ en como el notario llevó a cabo este desfalco”, afirma.
Menciona que el proceso ha seguido su curso, por la intervención de otras instituciones que le están metiendo “presión a la olla”, a pesar de que existe cierta oposición dentro del aparato de justicia, por el efecto dominó que podría desencadenarse.
“Desglosando toda la historia, imagínense, el señor Alfonso Fuentes García es el presidente de todos los notarios y nadie reclama, ya luego de ahí se hace una compra-venta a nombre de una persona que sí existe, traslada el dominio y se consuma el fraude. Si ese es el papá ¿como estarán los hijos?…
“Nosotros agradecemos la buena voluntad de que se haga justicia por parte del señor Canseco Gómez, actual secretario del Trabajo y Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, y del diputado José Bruno Del Río Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de Tamaulipas, quien también tiene constancia documental de los hechos.
“Ya se hicieron las diligencias correspondientes, hubo un cotejo de firmas y después de mucho batallar finalmente el Ministerio Público también se le metió a la notaría”, recalcan.
Añaden que según sus observaciones, existen todas las posibilidades de que en este caso el notario imputado sea detenido.
“Y de acuerdo a lo que nos han explicado los especialistas en Derechos Humanos los elementos que hay son suficientes para que le sea quitado el fiat”, sopesan.
Los querellantes afirman que la suya no era la única queja en contra de Fuentes García, pero que después de tomar protesta como presidente del Colegio de Notarios Públicos de Tamaulipas en diciembre pasado, los otros inconformes ya no siguieron adelante con las denuncias. Refieren que un notario de Tampico también se manifestó, pero posteriormente desistió en su demanda.
“Pero nosotros queremos que la opinión pública se dé cuenta en manos de quién está la fe pública de Tamaulipas. El hace el poder, él identifica a los supuestos vendedores y él mismo hace la compra-venta sin la participación de nadie, ni siquiera de ninguno de los hermanos Gandaría Cantú.
“Los que fungieron como testigos que dijeron conocer a las personas firmantes del poder son sus propios colaboradores: Armando Luévano González y Claudia Elizabeth Costilla Martínez. Uno es su licenciado y la otra su secretaria. Para que se den una idea él se avienta el poder y la compra-venta solo con sus gentes.
“Creemos que este es un negocio particular del licenciado Fuentes y no invitó a otras personas, que quiso hacerse a costa nuestra de su colchoncito, es un robo descarado”, insisten.
‘Los notarios actuamos de buena fe’
Alfonso Fuentes García, notario público número 233 dijo tener conocimiento del presunto desfalco y manifiesta que los afectados no han seguido el proceso legal pertinente.
“No se por qué los dueños, que se dicen dueños, no han venido a hablar conmigo, porque yo creo que como primer instancia cualquiera que nos sintamos perdidos por una propiedad, exista suplantación o no de personas, debe de acudir con el primero que hizo la escritura.
“Yo no me niego a haberla hecho, que aquí conmigo se identificaron gentes, pero ¿por qué jamás han venido aquí a la oficina y han buscado los medios jurídicos no adecuados para resolver su problema? –se cuestiona Fuentes García.
“Pueden venir con uno y ayudarles a hacer la cancelación de la inscripción de algo si realmente te demuestran que existe lo que ellos argumentan, que probablemente tengan toda la razón, pero nosotros somos notarios de fe pública y de buena fe.
“Alguien puede venir conmigo y presentarme la credencial y ver que es esa persona, pero a lo mejor está suplantando a alguien, pues no soy perito para determinarlo”, manifiesta.
Agrega que él no ha despojado a nadie, porque no tiene la posesión del predio ni física ni materialmente.
“Nosotros somos coadyuvantes de nuestra sociedad para en un momento dado si fuimos sorprendidos, pues con mayor razón vamos a ayudar para que las cosas se resuelvan para que esto salga adelante.
“Yo he contestado todas las denuncias, todas las demandas, me pretendieron sancionar con el Gobierno del Estado que por el actuar, pues tengo que defenderme, lógico, porque si considero que no cometí ningún ilícito.
“El medio más adecuado para ellos es un juicio civil de nulidad de escritura. Yo no sé por qué no lo han hecho.
“¿Ante quién lo van a hacer?, ante el Ministerio Público no, porque no es un asunto penal, lo van a hacer ante el juez civil, para que le demuestren sus razones y no sé por qué hasta la fecha no le han resuelto de manera favorable a ellos”, insiste.
Fuentes García afirma que él se enteró de la irregularidad hasta 2011, cuando le llegó un oficio del encargado de la Dirección de Asuntos Notariales.
“Dentro de los requisitos que te pide para la escrituración están cumplidos todos y cada uno de ellos. Después recibo un desistimiento de esa queja por parte de la quejosa donde se desiste que ya no quiere ninguna situación.
“Pasa, cambia el sexenio y de nueva cuenta me mandan un oficio en el que yo siento que ahí están reviviendo muertos, pero creo yo que la señora se volvió a quejar; luego me mandan nuevamente otro oficio, lo vuelvo a contestar, me hicieron una visita especial, vieron el expediente y que están cumplidas todas las cosas.
“Encontraron, quizá, algunas anomalías administrativas, no jurídicas y de ahí nace una sanción hacia un servidor, situación en la que yo me amparo y tengo que velar por mi trayectoria y por mi profesionalismo, y pues gracias a Dios gané el amparo, porque no estaba completamente ejecutada esa sanción”, subraya.
El notario público dice no haber tenido ningún contacto con el comprador del rancho El Divisadero después del trámite.
“Tuve contacto con él cuando vinieron a hacer la compra-venta y fue la última vez que yo lo he vuelto a ver.
“Ilícitos, irregularidades no hay, perito no soy para saber si eres o no eres la persona de acuerdo a lo que te estás identificando conmigo con una credencial que te expide el gobierno.
> Qué opina del cotejo de firmas donde se encontraron discrepancias con las credenciales que le presentaron a usted?
—Bueno, si esas ya son las pruebas que ellos han presentado ante qué autoridad, no lo sé, pues es lógico que si no son las personas, pues no van a ser las firmas nunca.
> ¿Cree usted que los que pudieron estar aquí no eran los reales Gandaría Cantú?
—¿Pues como puedo decir eso? Cuando alguien se identifica conmigo considero que es esa persona desde el momento en que está conmigo presentando una identificación ¿De qué otra manera puedo averiguar, si no tengo derecho a hacerlo, si es o no la persona indicada?
Asimismo, reconoce de la existencia de un engaño con el nombre de Alejandro Izaguirre Trejo.
“Puedo decirte que sí, desde el momento que tengo entendido que el comprador no ha comparecido en ninguna de las audiencias. Si es un comprador de buena fe y estás gastando un dinero sobre una propiedad, pues es lógico que se defienda, pero habría que ver qué está de trasfondo en esta situación.
“Este señor no se ha presentado a los citatorios y considero que sí pueda existir algún fraude”.
Señala que la sentencia favorable a los quejosos por parte del juez ha frenado que el rancho regrese con sus genuinos propietarios.
“Si empezaron en el año 2011 y equivocaron su función hacia donde asistir, quizá las orientaciones debidas de los abogados que traigan están perdiendo el tiempo queriéndome meter a mí a la cárcel.
“Y si me dicen: ‘tú hiciste la escritura’, les respondo: ‘sí la hice’, pero tengo mis justificaciones por qué, pero eso no implica que yo los estoy despojando de algo”, asevera.
Fuentes García niega que haya presenciado la entrega de los 14 millones de pesos en esta compra-venta.
“Es muy raro que una transacción se deba hacer ante la fe del notario público. Existen inmobiliarias, existen transferencias de los bancos y el arreglo es ante ellos, no ante el notario público.
“No tengo culpa de nada y no voy a proceder en contra de nadie.
“Hay una orientación, quizá malsana, quizá mal enfocada de cuál es el procedimiento que tienen que hacer, porque es demasiado el tiempo que llevan para anular una escritura. Lo que quieren hacer es una tormenta en un vaso de agua.
“A todos los notarios nos puede pasar que suplanten personas y cómo se arregla, en el juzgado civil, demostrando, presentando las pruebas y la orden del juez” explica.
Por último, el abogado dice que desea colaborar con la familia afectada.
“Yo estoy en la mejor disposición de ayudarles. A mí me extraña mucho el por qué nunca hayan venido si aquí están abiertas las puertas para todo mundo. Yo ando para todos lados, no me escondo de nadie, pero si ellos hubieran venido, nos hubiéramos juntado a saber realmente cómo son las cosas ellos ya tendrían una solución”, finaliza.
