Después que el gobernador de Texas, Rick Perry, anunciara que desplegará el mes próximo mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con México para combatir a las organizaciones criminales, ya comenzaron a surgir las primeras reacciones.
Gloria Garza, residente de Granjeno, una pequeña comunidad a la margen del Río Grande, comentó que ésto es algo que ve muy positivo.
“Para nosotros que estamos aquí en la orilla del río ésto es positivo porque, como quien dice es un zona de peligro, y a como ahora están las cosas nadie se pone a pensar en el riesgo que lleva uno aquí.
“Simplemente, no que tenga nada en contra de la gente, pero entre todas esas personas viene muchas que uno no sabe; ese es el miedo que vengan terroristas o algo”, dijo Gloria al decir que se sentiría mas segura con la presencia de los militares.
Por otra parte hay organizaciones en pro de los derechos humanos, civiles y laborales, que se oponen rotundamente a la presencia de las fuerzas armadas.
Entre ellas se encuentra RGV Community Dreamers o Comunidad de Soñadores del Valle del Río Grande.
Claudia Galán es una promotora del movimiento y dice que el gasto millonario para desplegar las fuerzas armadas se pudiera invertir en la comunidad.
“El gobernador Rick Perry debería invertir fondos financieros en otras causas que el Estado necesita, o que el Estado ayude a los niños refugiados en otras formas, y no asustarlos y ahuyentarlos con estos guardias” dijo.
Al momento que el gobernador Perry hace este anuncio, una iniciativa de ley bipartidista, a nivel federal, es presentada por el congresista Henry Cuellar y el senador John Cornyn para aliviar la crisis humanitaria. La idea es proveer un rápido acceso a jueces de inmigración y acelerar la deportaciones de migrantes centroamericanos.
La iniciativa recibe el apoyo de docenas de alcaldes fronterizos, entre ellos Rubén Villareal, alcalde de Río Grande City.
A la fecha, el gobierno de Estados Unidos ha tenido que habilitar dos instalaciones militares -una en Texas y otra en California- para acoger temporalmente a los niños migrantes ante el desbordamiento de los lugares habituales de acogida, que ya están a capacidad máxima.
Los mexicanos detenidos por la Patrulla Fronteriza, en casi todos los casos son enviados de regreso a su país en cuestión de horas. En el año fiscal 2013 Estados Unidos regresó así 18 mil 754 menores. Eso se debe a un acuerdo entre los dos gobiernos implicados.
Pero Estados Unidos no tienen ningún acuerdo de este tipo con los países de Centroamérica. Por eso, cuando un menor de ese país es arrestado tras cruzar ilegalmente la frontera queda en custodia de la CBP por unas horas o unos días. Si necesita asistencia médica, se le brinda.
En el 2013 se deportó a 74 mil 159 extranjeros considerados criminales de nivel 1, esto es, condenados por un delito agravado o por dos o más delitos.
Se deportó a 47 mil 198 extranjeros considerados criminales de nivel 2. Esto es, por haber sido condenados por una felonía o por tres o más faltas.
Se deportó a 95 mil 453 extranjeros de nivel 3 por haber sido condenados por una falta.