Miles de unidades extranjeras que circulan irregularmente por las calles de Tamaulipas y de otros nueve estados podrán ahora ponerse al corriente con el nuevo decreto promovido por el presidente de la República. Conozca detalles del proceso de legalización formalizado en el Diario Oficial de la Federación, a la espera de las reglas operativas que dará a conocer la Secretaría de Hacienda.
Han pasado más de 20 años desde que poner en regla un vehículo norteamericano en México era una tarea sencilla y económica. Las disposiciones fueron modificadas por anteriores administraciones con el objetivo de priorizar a la industria automotriz interna y evitar la ralentización en el mercado de automotores nuevos, pero el jefe del actual Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, ha lanzado un programa para volver a legalizar coches usados a bajo costo.
El pasado 21 de enero se estableció que éstos comenzarán a regularizarse en 10 entidades y el decreto permanecerá en vigor hasta el próximo 20 de julio de 2022 en Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit y Michoacán.
En octubre pasado el presidente ya había dicho que los recursos que se recauden por este concepto se destinarían para mejorar las vialidades de los estados donde se realicen los trámites.
Esta vez lo ratificó y se fijó una tasa de 2 mil 500 pesos por cada unidad, aunque los especialistas consideran que el valor podría llegar hasta los 10 mil pesos, que, de todas maneras sigue siendo menor comparado a los convenios anteriores.
De acuerdo con datos oficiales en México transitan alrededor de 2.2 millones de autos ilegales, conocidos como ‘chocolate’, por lo que el gobierno federal indicó que estas unidades necesitan ser sacadas del anonimato para fortalecer el esquema de seguridad nacional, quedando así enlistadas en el Registro Público Vehicular (Repuve), aunque no todas podrán acceder a este beneficio.
¿CUÁLES APLICAN?
Según se estableció en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ingresarán las unidades que hayan sido manufacturadas en territorio mexicano, en Estados Unidos o en Canadá.
Bajo esas condiciones aquellos propietarios de vehículos que no cuenten con un documento que acredite su legal estancia en el país podrán importarlos definitivamente sin que se requiera un certificado de origen, un permiso previo de la Secretaría de Economía y una inscripción en el Padrón de Importadores.
En las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación quedó estipulado que tratándose de muebles para el transporte de hasta diez personas el costo será de 8 mil 703 pesos y si son unidades para el traslado de mercancías éste saldrá en 8 mil 704.
Fue especificado que los beneficios se podrán obtener siempre y cuando los coches o camionetas familiares se encuentren dentro de las 10 entidades que contempla el programa.
El modelo deberá ser de seis o más años anteriores al año en el que se realice la importación definitiva (es decir, de 2017 hacia atrás). El propietario tendrá que presentarse fiscalmente como una persona física, mayor de edad y ser residente de las entidades antes mencionadas.
Se indicó que no podrán importarse en forma definitiva al territorio nacional los coches usados que, por sus características o aspectos técnicos, tengan restringida o prohibida su circulación en el país de procedencia o en México. Esto quiere decir que no serán legalizados los que tengan un título ‘salvage’ o aquellos de origen europeo o asiático (a reserva de que solamente sean regularizados para poder andar en la franja fronteriza).
Tampoco deben ser de lujo o deportivos (tipo Maserati o Ferrari) ni mucho menos unidades blindadas (aunque no hay un tope para aquellos considerados clásicos o antiguos).
Si no cumplen con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente, de conformidad con las disposiciones federales o locales aplicables, no entrarán.
Mucho menos los que hayan sido reportados como robados o se encuentren relacionados con la comisión de un delito en alguna carpeta de investigación o proceso penal.
Y del mismo modo se dio a conocer que sólo se podrá tener el derecho de nacionalizar una unidad por persona.
ANTECEDENTES
La última gran legalización de automóviles de procedencia extranjera se llevó a cabo en 2001, en el sexenio de Vicente Fox Quesada.
Justificando los acuerdos del Tratado de Libre Comercio (TLC), primero se permitió importar camionetas tipo ‘pick up’ y luego hubo una prórroga para otorgar también ese beneficio a los demás coches que no entraban en la categoría de súper deportivos y de lujo. El papeleo salía en total en 3 mil 500 pesos.
Por aquel entonces la economía de muchas familias mexicanas se movió favorablemente.
Al final quienes encontraban en una unidad motriz –de poco monto– una herramienta para desplazarse y efectuar sus actividades cotidianas pudieron capitalizar su patrimonio, mientras que el gobierno consiguió hacerse de recursos rápido y al mismo tiempo integrar cada unidad a un padrón vehicular.
Pero más allá de que las clases menos pudientes accedieran a tener un coche barato (pues adquirir uno de modelo reciente con un bajo salario sigue siendo casi imposible) se fue tejiendo una estructura que generó un dinamismo de negocios:
En los estados fronterizos se produjo un fenómeno económico con gran derrama que fomentó miles de trabajos directos e indirectos, desde tramitadores en agencias aduanales, empleados de talleres de mecánica, de hojalatería, de pintura, de llanteras, de vulcanizadoras, de tapicerías, de refaccionarias, de cerrajerías, de lotes, de cristales y parabrisas, hasta de papelerías, de puestos de comida y choferes en líneas de transporte.
Desde el interior de la República llegaban diariamente multitud de personas a comprar un automóvil para poder llevar a sus lugares de origen.
Pero una vez que terminó el sexenio y vinieron los cambios de gobierno, primero con Felipe Calderón Hinojosa y luego con Enrique Peña Nieto (administración bajo la cual además la inflación superó el 13 por ciento), las normas para legalizar unidades americanas se endurecieron de manera radical.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) exigió certificados de origen expedidos por las armadoras, al tiempo que estableció escrupulosos requisitos sobre las condiciones del chasis y la carrocería; con estrictas normas ambientales que restringieron al grueso del parque vehicular y limitaron a un año en específico el tipo de modelo que podía ser candidato al proceso de pedimento (de tener exactamente una década de fabricado); con título de circulación apropiado en color “azul” para los Estados Unidos; como requerimiento primario tener que ser devuelto a la Unión Americana y, para colmo, con tarifas exageradas.
Y es que este trámite se volvió también muy caro, en parte por las fuertes presiones de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) para evitar que vehículos considerados ‘chatarra’ y ‘contaminantes’ anduvieran por el territorio nacional.
Prácticamente pasó a ser intangible pagar por un documento mucho más costoso de lo que valía el vehículo. Una simple regularización para transitar en la frontera subió de 10 mil a 30 mil pesos, mientras que ‘mexicanizarlo’ podía superar los 70 mil, esto sin considerar los cargos por concepto de placas, engomados y tenencia.
Por esta razón hubo personas que se quedaron sin ingresos ni sustento y muchos talleres y oficinas vinculadas a dicha actividad desaparecieron.
Fue así que demasiada gente que tenía un automóvil de procedencia extranjera prefirió quedarse en la informalidad y paulatinamente volvió a crecer la cantidad de unidades norteamericanas en México sin papeles en orden y aumentaron las actividades ilícitas utilizando estas unidades.
Es por esto que ahora, luego de dos décadas de muchas restricciones, el anuncio del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de legalizar tales vehículos, ha generado grandes expectativas.
SE ESPERAN BENEFICIOS
El sector de los autos americanos en México estaba prácticamente muerto, pero ahora se reactivarán muchos empleos directos e indirectos, consideró el señor Alfredo Madrigal, quien ha dedicado gran parte de su vida a comercializar unidades de origen estadounidense.
“Yo creo que va a ser una muy buena oportunidad para repuntar la economía de las personas de clase media y baja; creo que si se dan las cosas como se había previsto pues va a ser muy benéfico.
“Sin embargo, todavía hay mucha incertidumbre de los procesos, de cómo van a quedar, de quiénes van a participar en el desarrollo de las importaciones y en qué ciudades se harán, pero esperamos que sea positivo para apoyar la economía local de cada municipio, Queremos pensar que esta oportunidad de que la gente pueda hacer legal su unidad va a ser de mucha ayuda para todos”, expresó.
De hecho, al saberse la noticia de que se iban a poder legalizar los vehículos de procedencia extranjera como una especie de amnistía del presidente de México, los vehículos se revalorizaron. Unidades que antes aparecían por ejemplo a la venta 20 mil pesos por medio de anuncios clasificados, subieron de 5 mil y hasta 10 mil sobre el valor inicial.
Las personas están entendiendo que este programa les está otorgando un concepto agregado a su economía.
EN TAMAULIPAS LO CELEBRAN
De acuerdo con Hugo Jofre Chávez, presidente del gremio de importadores de vehículos en Reynosa, este es un beneficio para la población, pues la legalización a bajo costo ha sido solicitada desde hace años.
“Esto es bastante favorable, las personas deben aprovecharlo porque no va a haber otra oportunidad con estas facilidades que está dando el gobierno federal”, comentó en rueda de prensa.
Sobre cómo va a funcionar el pago de los impuestos señaló que a los 2 mil 500 pesos que anunció el presidente de México hay que agregarle otra cantidad por concepto de trámites aduanales, la cual no debería excederse de 10 mil pesos en suma.
Jofre Chávez solicitó a los usuarios de vehículos americanos no dejarse engañar y los instó a buscar oficinas establecidas para realizar su trámite de importación, pertenecientes a la Asociación de Agentes Aduanales.
“Todavía no se comienza, esto es muy importante, porque faltan unas reglas de operación, pero ya se sabe que estas unidades podrán circular en cualquier parte del país, pues por lo que entendemos se abrió no solamente para las localidades de la frontera”, añadió.
En el caso de Tamaulipas los vehículos ‘chocolate’ circulan por toda la entidad, siendo Reynosa el municipio que más unidades ilegales tiene (con alrededor de 50 mil).
Los importadores dijeron que es necesario que las personas interesadas en realizar la legalización tengan en orden tres documentos, que son su identificación oficial, comprobante de domicilio y el título ‘limpio’ de la unidad cuya fecha de expedición no pase del 19 de octubre de 2021. Además se tendrá que presentar una carta que establezca que la unidad se encuentra libre de problemas jurídicos.
“Por otro lado los coches deben cumplir con normas anticontaminantes (por lo que no podrán ser legalizados aquellos a los que les haya sido retirado su catalizador en el escape). Para eso se llevará a cabo una verificación ambiental.
“Física y mecánicamente deben presentarse de una forma estable. Circular por su propio impulso; estar en buenas condiciones y que no estén chocados”, señaló.
El entrevistado informó también que para el comienzo de este trámite de importación en Tamaulipas se han habilitado por ahora las Aduanas de Miguel Alemán y Camargo, pero esto no significa que quedarán fuera las de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.
“Fue una manera de iniciar, hay que tener paciencia y calma, se están haciendo pruebas. Ahorita no se ha legalizado ningún vehículo todavía bajo el nuevo decreto. Se tienen que programar los valuadores y actualizar los sistemas, pero ahí vamos despacio. Esperamos para finales de enero tener un avance ya en forma para poder darle entrada a esos vehículos.
“Hemos luchado durante muchos años, no nomás por esto, sino por la legal importación de nuestros vehículos, los que importamos habitualmente en la frontera. Queremos que se brinden más facilidades y no sea tanto el protocolo de regulaciones e impuestos, que podamos hacerlo más económicamente y el país no se vuelva a llenar de vehículos ilegales”, comentó Hugo Jofre Chávez.
Se calcula que actualmente el parque vehicular de Tamaulipas es superior a un millón 248 mil unidades, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aumentando un 42 por ciento en los últimos 20 años. Esa cantidad podría crecer de manera considerable con la legalización ofrecida por el presidente López Obrador.
Los próximos días serán cruciales para saber cuánto tendrá que desembolsar una persona y así poder hacer que su unidad circule bajo las nuevas reglas establecidas por este gobierno.