Que los ciudadanos engorden, fumen, se emborrachen o se droguen no es bueno para ellos ni para la sociedad, pero no es algo que amerite la intervención del Ejército. La salud debe ser un objetivo personal y social, no un objetivo militar.
Lo que justifica la guerra contra los cárteles (y la intervención del Ejército, la Marina o la policía federal) no es que vendan peligros para la salud, sino cómo los venden: organizados para dominar el mercado por el terror, como ejércitos que van tomando una plaza tras otra.
No hay que confundir sus productos o servicios con la manera de imponerlos. Si vendieran Coca-Cola (que, según la leyenda, tiene un piquete infinitesimal de coca), obligando a los embotelladores a entregarles sus empresas o aparecer degollados en televisión; obligando a las escuelas a permitir la pausa que refresca o sufrir un incendio; extorsionando a los estanquillos para cumplir cuotas de ventas; la respuesta del Estado no podría limitarse a legalizar la Coca-Cola.
Si las tabacaleras fuesen autorizadas a vender cajetillas de mariguana (estrictamente reguladas: con advertencias de que “Este producto puede ser nocivo para su salud”, impuestos especiales, prohibición de anuncios con el testimonio de personas famosas que declaren su marca preferida), ¿acabaría el crimen organizado? Por supuesto que no. Los cárteles tomarían las tabacaleras, o les harían la competencia con mariguana pirata a precios ínfimos, o promoverían otras drogas.
Si todas las drogas fuesen legalizadas, ¿desaparecerían los cárteles? Por supuesto que no. Se moverían a los servicios de protección, secuestros, trata de personas, prostitución infantil, contrabando, falsificaciones, agiotismo. Sus oportunidades no dependen de tal o cual producto, sino de que esté prohibido.
Pero ningún Estado, por liberal que sea, puede legalizar todo lo prohibido, por ejemplo: los secuestros. Ningún Estado puede legalizar operaciones comerciales que imponen sus productos o servicios por las armas. La cuestión última no es si debe tolerarse el consumo de Coca-Cola, sino si deben tolerarse otros ejércitos en el territorio nacional.
El Estado –dijo Max Weber– es la institución que mantiene el monopolio de la violencia legítima en un territorio. Un Estado que renuncia a monopolizar la violencia legítima deja de serlo. Un Estado que se rinde a la invasión de fuerzas extranjeras, o a empresas que se imponen por las armas, desaparece. El Estado puede prohibir o no la venta de bebidas alcohólicas y seguir siendo Estado, pero no puede legitimar la violencia ilegítima sin autodestruirse.
El enemigo no son los drogadictos, sino los grupos arnados que imponen su violencia como ley. Lo cual, por supuesto, incluye a las mismísimas fuerzas del orden, si lo imponen al margen de la ley: atropellando a los ciudadanos o pactando con los piratas.
Hay quienes piensan que pactar es la gran solución. Subir de nivel los pactos que proliferan en niveles menores: las aduanas, las policías, el ejército, los jueces, las procuradurías y secretarías de la federación, los gobiernos de los Estados y municipios. Condicionar el pacto supremo a que acaben las disputas entre capos por el control de los mercados. Restaurar la paz bajo el dominio del Supremo Arbitro que reparte el queso pacíficamente.
El sistema funcionó con Porfirio Díaz, con Calles y con los sucesores que no sólo fueron jefes del Estado y del gobierno, sino de la tenebra. Al margen de la ley y de la luz pública, los caciques y capos que andaban sueltos tuvieron que volverse socios subordinados al poder presidencial o ser asesinados.
La “solución” de un pacto al máximo nivel consiste en declarar imposible el Estado de derecho y volver al Estado de chueco: el antiguo régimen tenebroso del cual estamos saliendo, con las dificultades inherentes a la división de poderes, a la falta de profesionalismo y transparencia de las instituciones, a la novatez de una ciudadanía que apenas está aprendiendo a intervenir.
Volver ahora al antiguo régimen no sólo es indeseable, sino imposible. ¿Quién va a pactar con quién? El poder central está dividido, los cárteles también. Y ¿quién va a asesinar a los rejegos que no cumplan los pactos? Ya no es tan fácil restaurar el presidencialismo absoluto del capo di tutti capi.
Una cosa es sentir perdida la guerra contra la obesidad, desanimarse porque no se llega a la victoria final, y otra es entregar el Estado a los proveedores de fritangas. Rendirse al Chapo Guzmán, nombrarlo general de división (como al Negro Durazo) y elegirlo presidente de la República para que salve al país de la violencia, no puede ser la solución, aunque tenga un ejército numeroso, capacidad de fuego con tecnología de punta, un milardo de dólares (según Forbes) y autoridades compradas.
