Por Martha Olivia López/En Un 2×3
Luego de 86 años del PRI en la administración pública estatal, un sexenio fallido del PAN y nueve meses con un nuevo gobierno de la 4T, en Tamaulipas el tema de la seguridad es prioridad y se requieren nuevas formas de atenderlo y enfrentarlo.
Primero, es hacer realidad lo evidente: grupos del crimen organizado se enfrentan a los cuerpos policiales estatales y federales por la pugna de territorios, sobre todo los que, geográficamente, llevan hacia la frontera con los Estados Unidos.
Y esta lucha no es nueva: durante el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca se pintó un escenario color rosa y azul donde los propagandistas decían que era casi terapéutico circular por las carreteras tamaulipecas, situación inverosímil.
La realidad: es que la Policía Estatal Preventiva y el Grupo Operativo Especial, Gopes, servían al panismo y al cabecismo como “cuidadores” de las plazas y ciudades, apoyando a los grupos delincuenciales.
Ejemplo de ello lo encontramos en la “Masacre de Valle de Anáhuac’, de Nuevo Laredo, en septiembre del 2019, donde policías especiales ejecutaron extrajudicialmente a ocho personas y posteriormente las exhibieron como integrantes de un grupo delincuencial para diluir su responsabilidad.
Meses después en Río Bravo, febrero del 2020, otro caso similar se registró con el asesinato del ingeniero Juan Daniel Ortiz Martínez, de 23 años, a quien la policía le disparó 242 veces. El motivo: la “confusión” por el auto en el que viajaba y que presuntamente su conductor “quería adueñarse de la zona”.
Meses después, en enero del 2021 ocurriría una situación similar: La Masacre de Camargo donde fueron asesinados y calcinadas 19 personas, de las cuales, 16 eran migrantes guatemaltecos.
En ninguno de estos casos se ha profundizado en la investigación ni responsabilidad de personajes como el entonces director de los Gopes, Félix Arturo Rodríguez Rodríguez ni en el jefe de todos: Francisco García Cabeza de Vaca.
Y en efecto, en Tamaulipas, se requieren nuevas formas de enfrentar la inseguridad, lo saludable y en estricto sentido de justicia, sería también de que se aplicara en al menos estos tres casos de impunidad, corrupción y harta complicidad con los grupos del crimen organizado.
