La marcha de los “trabajadores” del Poder Judicial del pasado 22 de octubre tuvo que ser engrosada con la presencia de contingentes variopintos aglutinado por la ultraderecha, a fin de darle alguna notoriedad, situación que se ajustó perfectamente a lo que esperaban quienes se oponen a los privilegios de las castas doradas mexicanas, aliadas con las foráneas, que no quieren soltar la teta. Se exhibieron como lo que son en toda la extensión de la palabra.
Casi al mismo tiempo declaraba la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a quien se le imputaron varios delitos a fin de sacarla del quehacer político sin lograrlo, que: “Los poderes judiciales en América Latina, de lo único que son independientes, es de los reyes de España”, agregando que son el instrumento de la ultraderecha en sus varias expresiones, económica, política y social para derrocar o descalificar a gobiernos legítimos.
El Poder Judicial logró concentrar tal nivel de supremacía como los gatos, ocultando las uñas. Al nombrar los poderes que integran el Poder Supremo de la Federación, es común mencionar primero al Poder Legislativo, que hace las leyes; luego al Poder Ejecutivo, que las cumple y obliga a cumplir; y, por último, al Poder Judicial, que sanciona su incumplimiento o violación.
De hecho, en la calle, en la cátedra y en todo lugar se cuestionan las acciones de los dos primeros.
No fue hasta que exhibieron su naturaleza venal y marrullera que los reflectores públicos los enfocaron. Ya no se trata de los moches en los juzgados, que no cobran los juzgadores (que nunca se manchan las manos), sino los secretarios y demás empleados a su servicio.
No. Se fueron al extremo de violar la Constitución mediante argucias legaloides para no cumplir el mandamiento,
legal y justo, de que nadie gane más que el presidente de la República, en quien recae la más alta responsabilidad en la conducción de los asuntos del país.
No un poco más, dado que, como señalan, tienen un desempeño especializado; sino mucho más, hasta tres veces más y no se diga el cúmulo de prestaciones que los convierten en los funcionarios del poder judicial mejor pagados del mundo, por encima de los supremos juzgadores de países con altos niveles de desarrollo.
Pero, además, son los más numerosos y como si los regaran con nitrógeno crecen más cada día. Actualmente son más de 40 mil, en 918 órganos de estructura piramidal.
SU POBRE DESEMPEÑO
Son muchos y cobran muchísimo, como jeques árabes, y en defensa de sus privilegios han propiciado que la gente les preste atención, no para defenderlos, sino para entender que son la negación de sí mismos y de la tarea que tienen encomendada.
Según Montesquieu: “Los poderes y los órganos se dividen no sólo para evitar la acumulación de poder y de competencias, sino también para que entre ellos ejerzan un control mutuo de sus actuaciones, control que por supuesto ha de obedecer a normas constitucionales y legales”.
Una de las frases más contundentes del mismo padre de la división de poderes es que: “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”, cosa que se apresta a hacer el depositario de la soberanía nacional en las próximas elecciones, cuando desde el Poder Legislativo pueda acotar los abusos de la corte podrida; pues: “No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”.
Las personas que se ven impedidas de presentar una denuncia o que tienen que pagar por ello y por una copia; las familias que viven en la orfandad y el desamparo porque a un acusado no se le ha podido sentenciar luego de décadas de estar detenido padeciendo dentro de las cárceles definidas con precisión por Salvador Díaz Mirón cuando dijo:
“En esta prisión maldita, no impera la tristeza, no se castiga el delito; se castiga la pobreza”.
El mismo poeta y periodista escribió en sus Assonancias: “Sabedlo, soberanos y vasallos,/ Próceres y mendigos:/ Nadie tendrá derecho a lo superfluo,/ Mientras alguien carezca de lo estricto./ Lo que llamamos caridad, y ahora/ Es sólo un móvil íntimo,/ Será en un porvenir lejano o próximo/ El resultado del deber escrito./ Y la Equidad se sentará en el trono/ De que huya el Egoísmo,/ Y a la ley del embudo, que hoy impera,/ Sucederá la ley del equilibrio”.
EMBESTIDA MUNDIAL
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica explicó claramente qué es y en qué consiste la embestida mundial del poder judicial contra los gobiernos progresistas: “El lawfare es una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública. Incorpora jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas y agentes de inteligencia (local y extranjeros)”.
En mayo de este año, cuando se discutió la reforma electoral, la Suprema Corte enmendó la plana a los legisladores y la consideró inválida, por lo que el diputado Gerardo Fernández Noroña afirmó que:
“Le hacen la tarea a la inútil oposición, que no sirve para nada. Como no tienen mayoría, ni forma de ganar las elecciones, requieren de algo que los saque a flote y ese algo es lo que queda del poder conservador, del poder corrupto en absoluta descomposición”.
En el mismo evento el diputado Reginaldo Sandoval Flores enfatizó que: “Sin duda la decisión tomada por la Suprema Corte tiene carácter político y no responde al artículo 39 constitucional. Para nosotros el único amo es el pueblo de México, mientras que el amo de los Ministros es la oposición y la oligarquía y a ellos están respondiendo, a nadie más. Ya tomaron una decisión política y demostraron que están a favor de defender el interés de la oligarquía y la oposición, ellos no quieren que sigamos avanzando en la transformación de México”.
En cuanto a la actuación de la SCJN se puede escribir toda una enciclopedia de pifias y despropósitos, entre los que se cuentan la liberación de los más destacados delincuentes de cuello blanco y el regreso de las fortunas que han amasado mediante sus trapacerías.
Los ejemplos menudean. Lo más absurdo es que el Poder Judicial, encargado de la vigilancia estricta de las leyes salga a las calles en movilizaciones para impedir por la fuerza que el Poder Legislativo ejerza su facultad exclusiva para emitir las leyes presupuestales del poder público, incluyendo el judicial.
Igualmente, el asunto de los fideicomisos judiciales es preciso y los recursos de esas cuentas no benefician a los trabajadores de base, sino que están diseñados para favorecer a funcionarios medios y altos que no participan de las estructuras sindicales.
Los marchistas y sus agregados, ya se sabe, hasta la coyunda lamen.
