La reciente aprobación de la reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), por parte del Senado mexicano ha generado un intenso debate en torno a sus implicaciones para los trabajadores y el sector de la vivienda en el país. Con 71 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones, la reforma fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.
Uno de los principales objetivos, según el plan del gobierno, es que con esta reforma se logre la construcción de 500,000 viviendas sociales durante el actual sexenio, con el fin de garantizar viviendas dignas y accesibles para los trabajadores de menores ingresos. Para lograrlo, se contempla que en los próximos 30 días se cree una empresa filial bajo el control del Infonavit, encargada de la adquisición de terrenos y la construcción de las viviendas.
Lo anterior es, sin duda, un cambio radical en el esquema actual, donde las viviendas son construidas por el sector privado y el Infonavit solo actúa como una financiera que administra los recursos para otorgar créditos a los trabajadores y sus familias, mismos que provienen del 5% del salario de los trabajadores que los patrones deben aportar al Fondo de Vivienda de los Trabajadores, que es administrado por el Infonavit y sirve para el otorgamiento de crédito a sus derechohabientes o bien para su retiro.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la autorización para que el Infonavit utilice hasta 2.4 billones de pesos provenientes de las subcuentas de vivienda de los trabajadores para financiar este ambicioso programa habitacional. De ese dinero, actualmente el Infonavit cuenta con 800 mil millones de pesos en activo circulante, de los cuales el oficialismo utilizará 350 mil millones de pesos para la construcción de vivienda.
Esa disposición ha suscitado críticas por parte de la oposición y diversos sectores de la sociedad, quienes argumentan que se pone en riesgo el patrimonio de los trabajadores y cuestionan la transparencia en el manejo de estos recursos.
La reforma, también contempla mantener la representación paritaria de los tres sectores: trabajadores, empresarios y gobierno, en los órganos más relevantes del instituto. Es decir, la Asamblea General, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia y el Comité de Auditoría.
Los cambios a su vez, otorgan al gobierno federal un mayor control sobre la institución, ya que ahora el director general -quien podrá ser designado por la presidenta- tendrá derecho a voto y a vetar las decisiones del Consejo de Administración.
Sin embargo, un punto favorable de la reforma es que amplía la fiscalización al facultar a la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para supervisar las operaciones del Infonavit y el uso de los recursos, con el objetivo de garantizar una gestión más eficiente y transparente.
Otro componente destacado de la reforma a Infonavit es la implementación de un programa de arrendamiento social, que permitirá a los trabajadores rentar viviendas con la opción de compra después de un período determinado. Esta iniciativa busca ofrecer alternativas habitacionales a quienes no cuentan con los recursos suficientes para adquirir una vivienda de manera inmediata, ampliando así las posibilidades de acceso a una vivienda digna.
Además, la reforma también logrará resarcir el daño causado por los créditos impagables a otros dos millones de personas, otorgados bajo un esquema de intereses y amortización ventajoso que hizo que los derechohabientes no pudieran pagarlos. En ese contexto, es importante señalar que en México hay más de 650,000 casas de Infonavit abandonadas, algunas debido a créditos impagables y otras por la mala calidad de la construcción, además de estar en zonas lejanas a los centros urbanos y áreas laborales, en muchos casos también sin servicios básicos.
La aprobación de la reforma ha generado una serie de reacciones encontradas. Mientras que el bloque oficialista, conformado por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, defiende la medida como una solución para atender el rezago habitacional y cumplir con las promesas de campaña, la oposición, organismos empresariales y sindicales expresan su preocupación por el posible uso indebido de los ahorros de los trabajadores y la concentración de poder en manos del gobierno federal, señalando que podría derivar en una competencia desleal en el sector de la construcción y afectar la autonomía del instituto.
La reforma al Infonavit, organismo que se creó en 1972 bajo el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, representa un esfuerzo por abordar la problemática de la vivienda en México, especialmente para los sectores más vulnerables de la población trabajadora. Sin embargo, la utilización de los ahorros de los trabajadores y la reestructuración del instituto plantean desafíos y preocupaciones legítimas que deben ser atendidas con transparencia y responsabilidad.
Es fundamental que los legisladores y la presidenta Sheinbaum implementen controles y mecanismos de supervisión y rendición de cuentas efectivos para garantizar que los recursos se utilicen de manera adecuada y que los ahorros y derechos de los trabajadores sean protegidos en todo momento; a su vez, que se logren viviendas más amplias, cercanas a los centros de trabajo, con servicios públicos, agua y drenaje; además, áreas verdes para que la clase trabajadora -que mueve la economía del país- viva dignamente.
Estaremos pendientes del desarrollo e implementación de esta reforma y lo escribiremos en esta página.
