El proceso electoral 2023-2024 tiene la particularidad de que el candidato presidencial del Morena recomendará, inducirá o propondrá, a los 22 gobernadores con que cuenta el precitado Partido a que seleccionen sin sentimientos y sólo guiados por la conveniencia electoral, a aquellos prospectos que reúnan la característica de que ganarán y en forma holgada las presidencias municipales, porque esos resultados serán los que incidan en el conteo final de la elección presidencial.
Por lo tanto, la regla no escrita del sistema político mexicano de que “los alcaldes son del gobernador” para esta ocasión no tendrá vigencia, y en consecuencia, Américo Villarreal Anaya deslizará al Comité Ejecutivo Nacional Morenista los nombres que de acuerdo con sus sondeos e informaciones serán la locomotora que estirará las demás candidaturas, y esos no necesariamente serán sus amigos o colaboradores.
De ahí que ni objeto tiene se anden calentando algunos aspirantes que le apuestan a una relación y hasta eso indirecta con el jefe político de los morenistas tamaulipecos, atenidos a que con la pura marca tendrían para ganar, sólo que, aquí no se trata de ganar aunque sea raspado, sino con holgura, y además que influyan a favor de los candidatos a
diputados federales y locales de sus respectivos municipios y no se diga en lo que corresponde a los senadores.
¿Y QUIÉNES SERÍAN?
Bueno, de acuerdo a la lógica y los antecedentes Villarreal Anaya tiene que platicar con los alcaldes que han demostrado en los hechos poseer un control electoral, que bajo esa tesitura en Matamoros Mario López Hernández es el único que puede comprometerse a que el municipio que gobierna, aporte a la causa de 100 a 150 mil votos, y bajo esa lógica la plática entre el gobernador y el alcalde es obligada.
En el sur quien regularmente ha rendido frutos electorales es el alcalde de Cd. Madero, Adrián Oseguera Kernion, y si postulan a su tesorero Carlo González Deportes, un académico pero también con trabajo en territorio, no sólo estará asegurada la retención de la plaza sino también votos a granel para el candidato presidencial del Morena, pues Carlos es egresado del Tec de Monterrey y ha manejado con los criterios de austeridad dictados por la 4T las finanzas de aquel municipio. O sea, sería un candidato ad hoc.
¿Y EN REYNOSA?
Aquí seguidores y detractores reconocen que Maki Ortiz es quien tiene el control electoral como lo demostraron sus exitosas campañas en las elecciones para presidente municipal del 2016, 2018 en reelección, y en 2021 impulsando a Carlos Peña Ortiz, quien ganó inobjetablemente. Maki, es un factor que también garantiza al candidato presidencial de 100 a 150 mil sufragios.
Por ende, Américo Villarreal Anaya tendrá que reunirse con la ex alcaldesa reynosense para llegar a las coincidencias con respecto al candidato a la alcaldía, aunque hay otro factor y que pesa: el senador José Ramón Gómez Leal, quien también puede ofrecer al candidato o candidata presidencial guinda de 100 a 150 mil votos.
En resumen: los presidentes municipales de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Cd Victoria y Cd. Madero, podrían participar como candidatos a diputados federales, aunque en el caso de Carlos Peña Ortiz él lo que proyecta es la reelección, y Mario López Hernández la candidatura a senador, mientras que Carmen Lilia Canturosas todavía no habla de sus proyectos políticos.
Pero en definitiva, si bien Américo Villarreal Anaya será quien decida las candidaturas para presidente municipal, éstas tendrán que salir necesariamente de un consenso con los factores políticos que más pesen en los municipios, lo mismo grandes, medianos que pequeños.
Por lo que no habrá tómbola ni sentimientos, simplemente se guiarán por la razón y los porcentajes sobre quien reúne más votos para la causa, y en Reynosa, el Oráculo nos revela que no le busquen, solamete hay dos: Maki y J.R.
EL INE SÍ SE TOCA
Al acordar los partidos políticos a través de sus respectivos diputados y senadores la pertinencia de reformar el artículo 99 constitucional en lo referente a la facultad que tiene el Tribunal Electoral de resolver impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos políticos electorales de los ciudadanos de votar y ser votado, de pasada dejaron de manifiesto que el INE sí se toca, pero en su tiempo.
Y es que si bien el Tribunal Electoral no depende del Instituto Nacional Electoral, el que los partidos ya vayan encontrando los acuerdos es una señal reveladora de que conviene dar luz verde a las modificaciones propuestas por el presidente López Obrador a la legislación electoral.
Por ende, los que ingenuamente salieron a marchar en noviembre pasado con el lema el INE no se toca, hoy están viendo que siempre sí. Es cuestión de tiempo.
Entretanto, con un INE aun conservando intacta su “virginidad,” la oposición no levanta entre el grueso de la ciudadanía, que sobre esto ya externó su preocupación Gustavo de Hoyos el ex presidente de la Coparmex, quién pretende la candidatura presidencial.
Invoca que debe salir a votar el 65 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral para pensar en ganarle a la o el candidato del Morena, suponiendo que esa participación masiva será derivada de un sentimiento antiamloísta, algo que no se ve tenga datos macizos para tal creencia.
En cambio, en las encuestas de las empresas mercadotécnicas de prestigio regularmente AMLO obtiene el 60 por ciento de aprobación, que con la mitad de ellos, él o la candidata morenista obtendría entre 25 y 27 millones de votos, una cifra que hasta el mes de abril del presente año no está al alcance de la coalición PAN-PRI-PRD.
Entonces si no encuentran por ahí algún López Mateos u otro López Obrador, va estar complicada la remontada para no decir imposible.
LA GUARDIA NACIONAL
Está por someterse a discusión de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación qué tan constitucional es que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando tiene a su cargo labores de policía que sólo corresponden a la autoridad civil.
Y de acuerdo con las leyes, es probable que el decreto que autorizó el paso de la GN a la Sedena sea inconstitucional, nomás que al comerciante, como al agricultor y al ganadero, o al pueblo en general, le vienen guangas esas discusiones.
Lo que quieren es seguridad porque la delincuencia cada día se empodera y esto ya no es cosa de apapachos como lo preconiza el presidente López Obrador. Por si fuera poco, organismos defensores de derechos humanos claman castigo a los soldados que en Nuevo Laredo sometieron a balazos a unos revoltosos de nada recomendables antecedentes.
Por todo lo anterior, no pierdan de vista lo que pide el ciudadano, que si los encargados de la seguridad pública son civiles o militares eso no les interesa. Deben atender ese reclamo pues finalmente quienes pagan los sueldos de los Ministros son esos comerciantes, ganaderos, agricultores y pueblo en general, que padecen los embates de la delincuencia.
¡No, sí, estamos a toda madre, mucha constitucionalidad, pero el delincuente haciendo lo que quiere con el ciudadano!
Y hasta la próxima.
