En las pirámides administrativas hay una vieja tradición (o regla formal) de que el subordinado no puede dirigirse al jefe de su jefe. Esto se presta a bloqueos de información y abusos de autoridad, por lo cual se han desarrollado vías alternas de comunicación: departamentos de personal, buzones de sugerencias y de quejas, encuestas, etc. Una idea japonesa es que los ejecutivos novatos tengan como mentor a un alto ejecutivo (en otra línea de mando) con el que puedan explayarse para que los aconseje.
La comunicación interna fluye sobre todo hacia abajo, y a veces llega distorsionada o no llega. También fluye hacia arriba o entre distintas líneas de mando, pero mucho menos. Dos personas en oficinas paralelas no fácilmente pueden comunicarse directamente para resolver un problema común, sin arriesgarse. Las reglas exigen que la comunicación suba hasta el nivel donde confluyen las dos líneas de mando, y que de ahí baje por la otra al destinatario.
El bloqueo no sólo afecta a los de abajo. Sirve para que no se metan los de arriba, ocultándoles información. Alguna vez, el presidente Kennedy comentó: La gente supone que soy la persona mejor informada del mundo, pero de muchas cosas me entero por los periódicos. En Las mil y una noches, el califa Harún Al-Rashid sale disfrazado para escuchar lo que se dice en Bagdad y no le cuentan. Una función de los bufones de la corte era arriesgarse a decir lo que no se decía por temor al soberano.
Las vías alternas de comunicación social, al margen de la verdad oficial, se han modernizado. En el siglo XIX, prosperó la prensa independiente de los tres poderes (por eso llamada “el cuarto poder”). En el XX, se multiplicaron los organismos de la sociedad civil que intervienen y declaran, las oficinas para la defensa de los derechos humanos, los servicios de transparencia y una institución sueca: el ombudsman.
El ombudsman tiene antecedentes históricos. En el siglo XVI, Fray Bartolomé de las Casas fue de hecho un ombudsman de los indios. En 1713, el rey Karl XII de Suecia creó un cargo con ese nombre, que en sueco es algo así como defensor. Hoy existen funciones semejantes en docenas de países, con el nombre sueco o con otros: defensor, abogado, mediador, procurador, oidor, peticionario, personero, monitor, vigilante, contralor, comisionado; cívico, público, del común, del pueblo, de los ciudadanos, de los derechos humanos.
Las funciones pueden ser nacionales o regionales, generales o especializadas. Pueden limitarse a un sector: por ejemplo, la banca o los hospitales; o un tipo de víctima: por ejemplo, los niños. Pueden limitarse a recibir quejas, verificarlas y transmitirlas a quien corresponda. Pueden dar servicios adicionales de mediación o procuración de justicia. En todos los casos, son órganos creados desde el poder contra los abusos del poder.
Llama la atención el número de oficinas especializadas en la defensa de los niños (puede verse una relación, país por país, en Wikipedia: Children’s Ombudsman), y se comprende. Son especialmente vulnerables. Y los abusos de padres, parientes, maestros, sacerdotes, médicos, encargados (en el trabajo, los deportes, orfanatorios), policías, militares o simples abusivos en despoblado o en las calles son abominables. No sólo por su contenido sexual, cuando lo hay, sino por el abuso de la autoridad. Que un sacerdote débil falte a la castidad no tiene el mismo significado cuando se lo echa al plato la cacica del pueblo que cuando él abusa de la fe de un niño.
La falta de un órgano de poder eclesiástico contra los abusos del poder eclesiástico ha tenido efectos desastrosos en miles de vidas, en el prestigio del clero y hasta en las finanzas institucionales. La única salida para las víctimas ha sido el silencio o la denuncia ante los tribunales civiles y la prensa.
Si las autoridades eclesiásticas no están organizadas para tomar en serio y procesar debidamente las quejas de los feligreses, no todos callan: algunos van con su queja a otra parte. Los militantes en favor de que se atienda una queja (desagradecidamente tratados como traidores), los despachos de abogados (sobre todo, en los Estados Unidos) y la prensa han destapado un escándalo tras otro.
Por todo lo que se ha venido sabiendo, parece necesaria una defensoría de los creyentes: un ombudsman eclesiástico. Puede empezar experimentalmente por un obispo que tome la iniciativa en su propia diócesis. O a escala nacional, por iniciativa de la conferencia episcopal. O a escala mundial por iniciativa papal. Puede cubrir toda clase de temas o limitarse a la defensa de los niños. Puede ser una forma de instrumentar la línea de “tolerancia cero” a la pederastia, que anunció el Papa Francisco. O una forma de practicar aquella línea milenaria del Evangelio de San Juan (8:32): “La verdad os hará libres”.
