En pleno 2025, y aún con la llegada de la izquierda al gobierno federal, México continúa enfrentando una de sus problemáticas más arraigadas y dolorosas: la pobreza.
Según datos recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al año 2022, el 36.3% de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza, es decir, 46.8 millones de personas. De ese número, 9.1 millones viven en situación de pobreza extrema en México. Esto representa el 7.1% de la población total, en la cual una persona no tiene ingresos suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.
Esas cifras muestran que, pese a que el gobierno federal invierte aproximadamente 1 billón de pesos del presupuesto anual en política social y en los llamados programas del bienestar universales —que han aliviado el problema—, se requieren medidas efectivas y focalizadas para llegar a la población en la base de la pirámide de la pobreza.
Otro tema relevante es la pobreza infantil en México. Pese a la narrativa del combate a la pobreza de la llamada 4T, en México, según datos del Inegi, más de 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan. Esta realidad refleja una grave expresión de la pobreza infantil, que no solo implica carencias materiales, sino también la violación de derechos fundamentales como la educación, la salud y una vida libre de explotación.
Aunque existen leyes que prohíben el trabajo infantil, la precariedad económica obliga a muchas familias a depender del ingreso de sus hijos. Erradicar este fenómeno requiere urgentemente acciones estructurales y políticas públicas que garanticen el acceso universal a una educación de calidad y condiciones de vida dignas para las infancias mexicanas.
Otro rostro de la pobreza extrema en México son las personas en situación de calle. Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, se estima que en México hay alrededor de 5,700 personas en situación de calle, y aunque esa es la cifra oficial, en una opinión personal podría decir que “se queda corta”. La presencia de personas viviendo en las calles no solo es un indicador de la pobreza extrema, sino también de la descomposición del tejido social y de la ineficacia de las políticas públicas de los gobiernos federal, estatales y municipales para atender a las poblaciones más vulnerables, todo eso pese a que Morena y la 4T gobiernan bajo el lema de “primero los pobres”.
Pese a ello, el gobierno federal ha optado por programas universales que llegan a clases medias y altas, donde se “derrocha” mucho dinero que no llega a los que más lo necesitan.
Por ejemplo, el programa de adultos mayores, en el que anualmente se destinan 500 mil millones de pesos, llega a casi 12.7 millones de beneficiarios. Según datos del Coneval, solo cuatro millones de adultos mayores en México están en pobreza.
Con base en esos números, podemos decir que si un beneficiario recibe 37,200 pesos al año y lo multiplicamos por 5 millones —que sería el número de beneficiarios de clase media y alta que podrían estar recibiendo esa pensión por el hecho de ser universal y estar garantizada en la Constitución, luego de una reforma en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador—, la resultante de esa multiplicación es 186 mil millones de pesos gastados en personas a quienes, quizás, 6,200 pesos al bimestre no les cambia la vida y podrían gastarlos en dos o tres visitas a un restaurante.
Para entender el valor de esa cifra, el gobierno federal gastará este 2025 en obras e inversión física 836 mil millones de pesos, es decir, que se “derrocha” en clases medias y altas, a través de un programa universal de bienestar, el equivalente al 22% del gasto total que se invierte para generar obras, competitividad y empleos.
Los programas de bienestar no deben ser universales, porque se va mucho dinero en sectores que tienen Afores, pensiones contributivas del IMSS e Issste, entre otras. Los sectores de clase media y alta tienen acceso a empleos bien pagados o, en el mejor de los casos, son dueños de empresas. Hay personajes muy ricos de México que han sido expuestos por recibir la pensión de adultos mayores.
Por el contrario, los programas deben ser focalizados, con un enfoque integral que aborde las múltiples dimensiones de la pobreza, incluyendo salud, educación, vivienda y empleo; y donde los llamados servidores de la nación de la 4T se dediquen a ubicar y hacer trabajo social con los verdaderamente más vulnerables, que son las personas en situación de calle y pobreza extrema.
No se puede seguir tolerando que miles de personas vivan a la intemperie, invisibilizadas y excluidas del sistema, esto a causa de enfocar toda la estructura del gobierno federal en programas clientelares que buscan votos, gastando 186 mil millones de pesos en personas que no lo necesitan.
La pobreza no es solo una estadística; es una realidad que afecta diariamente a millones de mexicanos. México no puede seguir siendo un país de contrastes, donde unos pocos viven con abundancia mientras millones aún sobreviven con lo mínimo. La justicia social no puede esperar, y solo los gobiernos tienen el dinero y la estructura para lograrlo.
