Febrero empezó muy mal para el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, con la ejecución del secretario de Seguridad Pública de Nuevo Laredo, Miguel Farfán Carriola, junto a dos policías municipales que formaban parte de su escolta. Y fue precisamente esa ciudad la primera que visitó el ejecutivo estatal en su nueva investidura.
La decisión de Torre Cantú de poner a militares retirados en la secretaría estatal de Seguridad Pública y en las principales localidades de Tamaulipas, definitivamente no fue del completo agrado de alguien. Y aunque suene a fatalismo y no se desea, lamentablemente Nuevo Laredo no será ni la primera ni la última. Ni en Tamaulipas ni en México.
Invitar a ex miembros del Ejército Mexicano no fue solamente una decisión de Torre Cantú. La orden salió de los pasillos de Los Pinos, pasó por las secretarías de Gobernación y la Defensa Nacional, y aterrizó en Ciudad Victoria a fines del año pasado.
Hay que recordar que después de tres semanas de estar acuertelado en el Palacio de Gobierno, Torre Cantú decidió realizar una gira por el norte del Estado bajo estrictas medidas de seguridad, diferentes a las que tenía Farfán Carriola en vida.
El gobernador encabezó audiencias en la presidencia municipal de Nuevo Laredo con el alcalde Benjamín Galván Gómez, integrantes del Cabildo, empresarios y funcionarios. Entre ellos estaba Farfán Carriola, un ex integrante de la milicia que había sido servidor público en Michoacán.
Y cuando todo parecía que el sexenio de Torre Cantú comenzaba como terminó el 2010, sucedió lo que ha pasado en Nuevo León y en Zacatecas en las últimos meses: la muerte de secretarios de Seguridad Pública, antes militares activos.
Fue solamente al comienzo del gobierno de Eugenio Hernández Flores cuando se designaron a ex militares en puestos claves para combatir a la delincuencia organizada, precisamente cuando en Nuevo Laredo sus habitantes vivieron años de desvelos entre 2005 y 2007.
El experimento castrense, que tuvo discretos resultados, fue efímero y con el paso de los meses los civiles entraron al relevo. Eugenio entendió rápido y reviró.
Mas bien que mal, las dependencias de Seguridad Pública estatales y municipales en manos de civiles desestresa el ambiente, porque siempre existirá la sospecha dentro de las corporaciones, que un militar -aunque sea retirado- informa directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, antes que al gobernador y los alcaldes, sus jefes directos.
Durante la única administración panista en Reynosa (2005-2007), también se apostó por un militar para preservar el orden en la ciudad, sin embargo fue un fracaso porque las estadísticas delictivas siempre fueron a la alza.
En ese tiempo, un reportaje de Hora Cero demostró además que los cadetes que egresaban de la Academía de Policía salían sin haber disparado nunca una arma de fuego. Fue evidente que las autoridades municipales tuvieron buenas intenciones, pero ridículos resultados.
Por cierto, la noche del jueves 3 de febrero el gobernador Rodrigo Medina de la Crruz “heló a más de uno” al anunciar el cese de secretarios de su gabinete, entre ellos, el de Seguridad Pública donde puso al General Jaime Castañeda Bravo.
También hizo reacomodos en la Procuraduría de Justicia, donde salió como entró, sin grandes resultados, el abogado Luis Carlos Treviño Berchelmann.
La decisión se tomó cuando Nuevo León es el epicentro nacional de la disputa del territorio por parte de diferentes grupos delictivos organizados, y los noticieros de televisión siguen siendo como reportes (partes) de guerra.
La purga a su gabinete de Medina de la Cruz es un intento por frenar la violencia, por un lado, y por otro, colocar a gente de su entera confianza en su equipo, pues unos fueron herencia de su antecesor Natividad González Parás.
